ALMERÍA.- La jueza que instruye la causa penal en la que se investiga si se causaron daños a parte del yacimiento arqueológico de El Chuche, en Benahadux, durante la ejecución de unas obras en la carretera N-340
ha reclamado por tercera vez en casi 21 meses a la Asociación de
Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía que nombre un experto en
arqueología que elabore la pericial necesaria para hacer avanzar el
procedimiento.
En un nueva diligencia de ordenación, la magistrada María Belén López requiere a la asociación para que "con la mayor urgencia" designe perito capaz de hacer un informe
acerca de los vestigios que podrían haber resultado afectados y el
alcance de la citada afección. En la resolución, recuerda que la primera
vez que remitió oficio fue el 20 de febrero de 2018 solicitando un
experto para que procediese a realizar un estudio arqueológico
"independiente, objetivo e imparcial" mientras que el segundo oficio
tiene fecha de 16 de abril de este mismo año.
Mientras,
la acusación particular, que ejerce la asociación 'Amigos de la
Alcazaba', ha elevado escrito en el que reclama este nombramiento ante
el estado actual de las actuaciones, paralizadas a falta de esta
pericial. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordó en febrero declarar causa compleja y prolongar durante 18 meses la instrucción
a la espera de encontrar este perito independiente, una diligencia
clave encaminada a determinar si hubo daños al yacimiento arqueológico
con vestigios datados en más de 5.000 años de antiguedad durante los
trabajos de desmonte ejecutados por la Dirección General de Carreteras
en la N-340.
Entre las actuaciones incorporadas al procedimiento figuran un escrito del Ayuntamiento de Benahadux que señala que la Demarcación Provincial de Carreteras del Estado no solicitó licencia de obra
o similar previa a los desmontes y que las dos parcelas sobre las que
se hizo movimientos de tierra tiene especial protección por su carácter
de yacimiento arqueológico excepto en el extremo oeste y en el sur,
donde esta considerada monte público.
La Junta de Andalucía ya informó al juzgado instructor de
que existían "hitos de señalización en el área sobre la que se
realizaron los vertidos de tierra" dentro de la zona arqueológica" y
remarcaba que le no constaba, una vez consultados los archivos de la
Delegación Territorial, ni una "solicitud de autorización" ni "comunicación por escrito" para realizar las actuaciones en la zona ni proyecto de actuación en dicho ámbito.
No entraba, sin embargo, a valorar el alcance de "los daños ocasionados" a la zona arqueológica al haberse detectado deficiencias en el informe que presentó el director de la actividad en la Delegación Territorial.
Por este motivo, el juzgado acordó nombrar un perito judicial experto
en arqueología para que procediese a realizar un estudio arqueológico
"independiente, objetivo e imparcial" sobre los daños.
La Junta de Andalucía, a través de la Delegación
Territorial de Cultura, incoó un expediente sancionador al Ministerio de
Fomento por una supuesta "falta grave", tipificada en la Ley de
Patrimonio Histórico, al no haber solicitado la autorización "obligatoria" para realizar la obra.
El informe realizado por Cultura daba cuenta de que el aporte realizado
en la obra viaria pública al terreno "ha ocultado tanto un tramo del
antiguo trazado de la carretera como los taludes por ella generados", de
modo que en el antiguo talud situado frente a la rotonda actual "se
podía observar hasta la fecha los restos de una estructura arqueológica
seccionada por la antigua carretera que correspondían a una tumba en
fosa".
No obstante, el texto apuntaba que "no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida
o sólo ha quedado sepultada bajo el terreno" por lo que "para
determinar el grado de afección concreto debería realizarse una
excavación arqueológica de la zona".
No hay comentarios:
Publicar un comentario