Desde hace demasiado tiempo y con una lentitud imperdonable procedente de una política económica dubitativa y mediatizada, se va a presentar la solución, que previo largos periodos de hipótesis y dudas, se considera mas idónea. Sabido es que largos años promoviendo una construcción impulsada por la especulación con un claro desequilibrio construcción-demanda, no podía tener otro fin que la enorme burbuja inmobiliaria, principal origen de la gigantesca crisis económica y financiera que venimos padeciendo.
Los activos de cada una de nuestras entidades financieras integran inmuebles adjudicados procedentes de operaciones de prestamos fallidos o de muy difícil recobro, por ausencia del control de riesgos y de regulación, vigilancia e inspección de los Entes supervisores. Estos inmuebles, en un mercado sin demanda, se han visto depreciados y sin prácticamente salida. La valoración de estos activos obligan a la banca a proceder a su liquidación a precios inaceptables, que dañan seriamente sus balances. Por otro lado, surgiría para la banca comercial una actividad (la gestión de activos inmobiliarios) ajena a la habitual, cuya licencia poseen, sin olvidar que su equipamiento humano carece de experiencia y preparación, practicando, por otro lado, competencia desleal al sector de la construcción y a su propia clientela.
Comercializar directamente tan importantes y depreciados activos, acumularía aún más pérdidas, necesitaría años para su regularización e impedirían la financiación de empresas y familias. En resumen, la recesión, el PIB y el ahorro seguiría decreciendo, el comercio exterior perjudicado y la recaudación fiscal en caída libre.
Solo existía un camino, la asistencia financiera necesaria para reforzar el capital y sanear los balances del sistema bancario, básico para iniciar el crecimiento económico, si viene acompañado del análisis e impulso de nuestra riqueza diversa, abandonada torpemente por la especulación inmobiliaria.
Eliminando las desacertadas expresiones: "banco malo", "activos podridos", "activos tóxicos"...entre otros, bastante lesivos, ha llegado el momento tan esperado como deseado que ponga en marcha, un ente que se denominará Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, de nombre oficial "Sareb" de duración máxima quince años. No será una sociedad de liquidación, sino de gestión exclusivamente y por tanto, no se la dotará de la licencia para el ejercicio de banca comercial ni de administración de activos de terceros. Su actividad, independiente de la misión encomendada, tendrá también como objetivo el beneficio, como cualquier otra sociedad anónima. Esto al menos se desprende de las diversas manifestaciones y comunicaciones del Ministerio de Economía. El modelo nórdico en la década de los 90, e irlandés, puesto éste último en práctica hace tres años, por su anticipación y transparencia, debía haberse acometido en España en su día y la reactivación del crédito podría haberse producido ya.
Expuesto lo anterior, resulta ineludible formular preguntas, analizar repercusiones y tomarnos la libertad de sugerir propuestas que puedan ayudar al mejor éxito de Sareb, al saneamiento de los balances bancarios, al crecimiento de la economía real y a la creación de puestos de trabajo.
Si Sareb es, como se anticipa, una sociedad mercantil con ánimo de lucro, y no una gestora inmobiliaria sin él, como debería ser y con una limitación de tiempo no inferior a veinticinco años equivalente al plazo normal de una hipoteca, (la urgencia en la venta de los activos es un error). Si el precio de incorporación de los inmuebles al balance de Sareb se estableciere obligatoriamente por el Banco de España (FROB), como así mismo su selección, quedaría eliminada la libertad operativa de compra en el seno de la "Sociedad", ya que la imposición conjunta del BCE, CE, y el FMI y la sumisión a las valoraciones a la consultora Oliver Wyman, eliminan las facultades de estos actos a los órganos de gestión de la nueva sociedad, y por tanto, difícil será conseguir cubrir libremente el 55 por ciento del capital que generosamente cede el Estado, quedándose como minoritario, pero con derechos y facultades que merman los de la mayoría. La cobertura de la suscripción de terceros, solo se conseguirá mediante otras compensaciones. Si además, la rápida venta de los inmuebles es otra imposición, la promoción de una sociedad gestora resulta cuando menos peculiar y excluida del sistema de libertad de mercado.
El gran volumen de activos adquiridos (se estiman en 90.000 millones de euros) a precios actuales en un mercado casi paralizado y su rápida salida al mismo, puede provocar: a).-Una disminución del "no exigible" en el balance de los bancos, con su correspondiente pérdida de cotización bursátil. b).- Una necesidad de tesorería compensatoria por la depreciación en la valoración de los inmuebles cedidos. Solo se recibiría el precio tasado por la consultora Wyman. c).- Una repercusión muy negativa en el sector inmobiliario. d).- Unos efectos paralizantes de estos activos en los bancos sanos, que deberán reajustar a la baja sus ofertas, o paralizarlas, y e).- un posible retraso de la recuperación económica.
¿Se ha elegido la mejor solución entre las variantes del abanico disponible? Tal vez el programa y el contenido de las normas que se contienen en el Decreto-Ley, requerían más y mejor estudio, y la obtención de un mejor acuerdo con Bruselas.
(*) Economista y empresario
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