ALMERÍA.- La vista oral contra el alcalde de Sorbas y diputado provincial, José Fernández,
cuyo inició estaba previsto este martes ha quedado aplazada al no haber
sido notificado del señalamiento uno de los imputados en la causa por
presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación
por la construcción de ocho viviendas unifamiliares sobre suelo no
urbanizable.
Por otro lado, los abogados que ejercen la defensa han solicitado
al titular del Juzgado de lo Penal nº 3, de cara a fijar un nuevo
señalamiento, que acepte la prejudicialidad de un proceso de lo
contencioso-administrativo que se sigue en la actualidad en el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y en el que se dirime la
conformidad o no a derecho de la licencia municipal de obra de la
promoción, según han informado fuentes judiciales.
En la vista oral, que no ha sido señalada de nuevo, el regidor
sorbeño se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel y
un total de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público por
autorizar presuntamente la construcción de estas ocho viviendas sobre
suelo no urbanizable en la pedanía de La Mela.
Por esta causa también están acusados, entre otros, los concejales
del equipo de gobierno José Martínez y José Ramos y la exedil Ana
Idañez para quienes se pide 15 meses de cárcel y nueve meses de
inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y contra la
ordenación del territorio.
Según consta en el escrito de calificación, los cargos públicos
concedieron por unanimidad en junta de gobierno celebrada en julio de
2005 licencia municipal de obras a la mercantil Manzana Homes SL,
de la que eran administradores los también acusados David M. y Spencer
H.J.F., para construir ocho viviendas unifamiliares aisladas en la
pedanía de La Mela.
El fiscal señala que los cargos públicos autorizaron la obra "pese a conocer" que se promovía en suelo no urbanizable y sin que en el expediente administrativo constase el "preceptivo informe jurídico", por lo que, ahonda, "prescindieron totalmente del procedimiento legalmente establecido" al adoptar una resolución que sabían "contraria a la legislación urbanística vigente".
El citado expediente administrativo fue tramitado por el
arquitecto técnico municipal Pablo Antonio L.G., quien emitió informe
favorable "a sabiendas de su ilegalidad" y, con posterioridad,
concretamente en 2006, también dio visto bueno para que se concediese la
licencia de segregación que solicitaron los promotores para la finca
aunque "conocía" que era "ilegal" ya que supone "una parcelación urbanística en terreno rústico".
La Fiscalía considera a este funcionario autor de delitos contra
la ordenación del territorio y de prevaricación, por lo que interesa
para él la misma pena de cárcel e inhabilitación que para el alcalde
sorbeño, ya que, según relata en su escrito de acusación, autorizó la
segregación "prescindiendo de manera absoluta del procedimiento legalmente establecido" y lo hizo, además, "de forma totalmente arbitraria" ya que decidió que alrededor de una cuarta parte de la finca fuese urbanizable y el resto permaneciera como rústica.
La obra promovida por la mercantil 'Manzana Homes', que fue
paralizada por orden judicial en febrero de 2007 con suspensión de
licencia municipal, lleva a juicio, asimismo, al arquitecto que diseño
el proyecto, Lucas Carlos C.M. y al director técnico, Pedro C.F., que se
enfrentan penas de 15 meses de prisión, dos años de inhabilitación para
profesión u oficio relacionado con la construcción y multa de 24 meses a
razón de 12 euros al día por un supuesto delito contra la ordenación
del territorio.
David M. y Spencer H.J.F. están acusados del mismo delito y
enfrentan las mismas penas que el arquitecto y el director técnico y, al
igual que ellos, han tenido que satisfacer fianzas de entre 11.520 y
24.000 euros para responder a responsabilidades pecuniarias ya que la
empresa de la que eran administradores realizó contratos de compraventa
de viviendas, para las que se pide demolición, pese a que tan sólo se
terminó de construir una de estas sobre una finca rústica que el fiscal
define como "un trozo de tierra de secano" de 8.936 metros cuadrados de extensión.
El Ayuntamiento de Sorbas solicitó que se le asignase
un abogado del turno de oficio para defender sus intereses después de
que la Fiscalía dispusiese que se requiriera al Consistorio y a la
mercantil implicada en los hechos, Manzana Homes SL, para
depositar fianza como responsable civil subsidiario a fin de asegurar
las que se pudieran derivar de la causa en caso de que los acusados se
declarasen insolventes.
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