SEVILLA.- La consejera de Fomento y Vivienda, Elena
Cortés, ha pedido al Gobierno central que exija a las entidades
financieras --bancos y cajas-- que paralicen "inmediatamente" los
desahucios como condición para poder entrar en el plan de
recapitalización del sistema financiero.
La consejera ha indicado que, ante el rescate
bancario ya solicitado por el ministro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, tanto la Junta como IU consideran que "debe haber
condiciones y requisitos clarísimos para todas las cajas y bancos que
pidan formar parte de esa recapitalización", y que se centran en
"desahucios cero".
De esta forma, Cortés pide que "todos los bancos y cajas que
acudan a esa recapitalización paralicen de forma inmediata todos los
desahucios de miles de familias andaluzas y españolas", al mismo tiempo
que ha demandado que "se garantice un alquiler social para que las
familias trabajadoras amenazadas con desahucios puedan tener una
vivienda en la que desarrollar su vida".
"Estas familias se están viendo triplemente castigadas por la
crisis, con la pérdida de empleo, la amenaza de desahucio y la deuda que
tienen contraída de por vida", ha agregado la consejera, quien
considera que "sería más que interesante exigir que el Gobierno plantee
la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento civil
para permitir la dación en pago, el alquiler social y la paralización de
los desahucios".
Considera asimismo que "no se puede premiar a la banca
teniendo en cuenta que han provocado sufrimiento e injusticia y el
inmenso beneficio obtenido por esas entidades en los años de la
burbuja".
Cortés ha recordado que "el Estado y el pueblo es el garante
de la recapitalización y el artículo 128 de la Constitución alude al
hecho de que la riqueza debe estar al servicio del interés general, por
lo que es necesaria la paralización inmediata de los desahucios y el
alquiler social que permita a las familias mantenerse en su vivienda".
"En el nombre de la mayoría social no se puede consentir ni un
desahucio más y el Gobierno debe valer por el interés general y no por
los intereses particulares", asevera la consejera, quien insiste en la
necesidad de que las entidades "cuando acudan al rescate sean
conscientes que una de las condiciones para optar al mismo debe ser
paralizar los desahucios". Agrega que en el caso de entidades
recapitalizadas, como Bankia, debe hacerse "exactamente lo mismo, esto
es, paralización inmediata de los desahucios que Bankia ejecuta".
La consejera ha anunciado asimismo que ha dado orden a las
delegaciones provinciales y a las gerencias de la Empresa Pública de
Suelo (EPSA) de incluir un procedimiento más en todas las ejecuciones de
desahucios administrativos en los casos de viviendas públicas, de forma
que, según ha explicado la consejera, todos los desahucios "deberán
contar con el visto bueno de la propia Consejería".
De esta forma, según ha explicado, todos los
expedientes de desahucio, que tienen un trámite, deberán además ahora
añadir otra "nueva garantía", esto es, deberán pasar por el director
gerente de EPSA antes de proceder a la tramitación y aprobación de
cualquier desahucio.
"Hemos visto la necesidad de repensar las cosas, todo lo que
no sea usurpación de un bien público debe ser repensando, sobre todo
cuanto puede haber menores", ha agregado las consejera, quien apunta que
"desde 2008 a 2012 la Junta ha llevado a cabo menos de 20 desahucios".
Según publica este lunes 'Diario de Sevilla', la Consejería
quiere estudiar cada caso en particular y dar una alternativa y asegura
que previamente al lanzamiento se agotan todas las vías de diálogo.
Un equipo de técnicos y trabajadores sociales de EPSA analizan
si los casos de morosidad responden a una auténtica incapacidad para
abonar los recibos de alquiler o tienen una justificación objetiva. Si
responde a causas económicas, se intenta llegar a un acuerdo con el
inquilino para que acepte un reconocimiento de la deuda y se comprometa a
realizar el pago cuando mejore su situación económica.
Estas viviendas se vuelven a adjudicar a otras unidades
familiares que tienen una necesidad urgente de residencia (están en
riesgo de exclusión social o han sido previamente desahuciadas
judicialmente por entidades financieras al no poder hacer frente a los
préstamos hipotecarios que asumieron para adquirir sus viviendas en el
mercado libre).
La Junta insiste en la flexibilidad que se les da a las
familias para que puedan hacer frente a los pagos; incluso se contempla,
en algunos casos, una minoración de las rentas de acuerdo con los
límites que establece la Ley de Vivienda, indica este diario, que
recuerda que la Junta gestiona más de 46.000 viviendas públicas en
régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000
personas, según apunta el diario.
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