Principalmente, el PSOE ha propuesto la anulación del propio acuerdo por diversas “irregularidades” relativas al procedimiento y a la documentación del expediente y ha pedido la elaboración de una nueva propuesta de reequilibrio financiero de las concesiones de las que es beneficiaria Codeur que, como defienden, “deben estar ajustadas a los contratos concesionales que tiene firmados con el ayuntamiento, y no deben estar sometidas al interés de los socios y a la conveniencia electoral del PP”.
Del mismo modo, las y los socialistas han requerido que la documentación económico-financiera “esté debidamente evaluada y auditada, porque el 49% de la propiedad de la empresa no es municipal y debe prevalecer el interés público por encima de cualquier otro”, han defendido.
“Los socialistas estamos convencidos de que las tarifas aprobadas son irreales, y no se ajustan al precio actual del agua desalada, que está muy ligado al precio de la electricidad, y todos somos conscientes de que actualmente éste no tiene nada que ver con los de años anteriores; ni tampoco se tienen en cuenta otras fuentes de aprovisionamiento alternativas”, han argumentado.
Además, consideran que con el sistema tarifario aprobado por el PP, los usuarios “nunca se beneficiarán de las bajadas del precio del agua desalada, suponiendo un beneficio extra para la empresa, que no cargará con las alzas, porque a partir de un determinado nivel, el alcalde ha previsto que sea el ayuntamiento el que asuma el sobrecoste, sin que eso se haya aprobado por el pleno corporativo como es obligatorio”.
Por esta cuestión, el PSOE ha pedido que la tarifa sea variable también para los usuarios “con un precio ligado al de la electricidad, y con un tope a partir del cual sea el ayuntamiento quien lo subvencione con cargo al presupuesto municipal”.
“También pedimos que los bloques de consumo no sean únicamente por hogar, que penalizan a las familias numerosas, sino que contemple el número de miembros de cada hogar y además se adapten también a la realidad socio económica de los distintos barrios y zonas del municipio”, han añadido.
Finalmente, teniendo en cuenta la deuda tiene para el ayuntamiento, el Grupo Municipal Socialista ha pedido una aclaración sobre quién pagará los más de 4 millones de euros “que se han acumulado y se deben a la desaladora de Carboneras”.
“El alcalde no se atrevió ni en 2022, ni
en 2023, a subir las tarifas como le pedía la empresa, y todo para no
verse afectado electoralmente en las municipales de 2023, demostrando
que por encima de cualquier necesidad u obligación municipal están sus
propios intereses políticos, y para él, todo lo demás es absolutamente
intranscendente y le importa bien poco”, han lamentado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario