La crisis sanitaria provocada por el coronavirus
se ha convertido en una seria amenaza para la salud de las personas. Su
impacto económico es ya visible y los indicadores disponibles apuntan
hacia una severa contracción de la actividad económica a escala global.
La
experiencia de algunos países, en los que el virus irrumpió antes,
sugiere que, si se adoptan las medidas de contención adecuadas, la
crisis sanitaria será transitoria. Otra cuestión es que el impacto
negativo de esta crisis sobre la economía sea también limitado en el
tiempo o deje una impronta más duradera. Esto dependerá de la respuesta
que dé la política económica en todos sus ámbitos.
Una actuación rápida,
contundente y coordinada de las distintas autoridades económicas
—nacionales y europeas; fiscales, monetarias y supervisoras— hará más
probable que la crisis tenga efectos transitorios, y no termine dejando
por el camino un largo reguero de pérdida de empleos y de cierre de
empresas.
En los últimos días, la mayoría de los Gobiernos europeos —incluido, por supuesto, el Gobierno español—
han adoptado importantes medidas presupuestarias de apoyo a familias, a
autónomos y a empresas, que deberían amortiguar de manera sustancial el
impacto de esta crisis. También se han desplegado avales y garantías
públicas de gran volumen para ayudar a que la financiación siga fluyendo
a la economía real.
Estas medidas son las necesarias y adecuadas en
estos momentos, y constituyen la primera línea natural de acción para
contener la destrucción de numerosas relaciones económicas y financieras
—entre empresas y trabajadores, clientes y proveedores, prestamistas y
prestatarios—, cuya supervivencia es esencial para que la eventual
remisión de la crisis sanitaria dé paso a una rápida recuperación.
Pero
la respuesta a la crisis del coronavirus concierne también al resto de
las políticas económicas. Esto incluye la política monetaria. El pasado
12 marzo, el Consejo de Gobierno del BCE aprobó varias medidas,
que abarcaron desde nuevas operaciones de refinanciación de deuda
bancaria a largo plazo (LTRO y TLTRO-III, por sus siglas en inglés), con
condiciones muy favorables, hasta una ampliación del volumen de compras
de valores bajo el programa de compra de activos (APP), por un importe
total de 120.000 millones de euros para lo que resta de año.
Al
mismo tiempo, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ha adoptado
varias decisiones importantes en el ámbito de la supervisión bancaria
para asegurar que las entidades de crédito puedan seguir proporcionando
financiación a las familias y a las empresas. Para ello, entre otras
medidas, el MUS ha dispuesto que las entidades de crédito puedan
utilizar los colchones de capital y de liquidez y, más recientemente, ha
introducido flexibilidad supervisora en relación con el tratamiento de
los préstamos relacionados con la Covid-19, con el objetivo último de
permitir que las familias y empresas puedan beneficiarse plenamente de
las garantías, moratorias y avales aprobados por las autoridades
públicas.
Con todo, ante el rápido avance de la crisis sanitaria y el
consiguiente deterioro de la situación económica y financiera del área
del euro que tuvo lugar en los días posteriores a la reunión del 12 de
marzo, el Consejo de Gobierno del BCE aprobó el pasado miércoles, 18 de
marzo, un nuevo paquete, que incluía como principal medida, el
lanzamiento de un nuevo programa de compra de activos, bonos públicos y
privados. Bajo este programa, el BCE comprará, al menos, 750.000
millones de euros en activos durante este año y, en caso necesario, más
allá de esa fecha. Además, de forma excepcional, el BCE podrá adquirir
los bonos del Estado griego.
Un aspecto muy relevante de
este nuevo programa es que permitirá a la autoridad monetaria llevar a
cabo las compras de activos de forma flexible, en lo que se refiere
tanto a su distribución temporal como a los activos que se adquirirán
—públicos y privados— y a la nacionalidad de su emisor.
Es más, el
Consejo del BCE ha subrayado que los actuales límites de sus programas
de compra de activos serán revisados, en la medida en que se considere
necesario, para preservar su efectividad y asegurar la correcta
transmisión de la política monetaria en todos los países del área,
evitando la fragmentación financiera de la eurozona.
Se podrían eliminar
así algunos límites preexistentes (y libremente prefijados por el banco
central), de forma que la distribución interna del paquete de estímulos
obedecerá fundamentalmente a la necesidad más perentoria: dónde, cómo y
cuándo puedan resultar más indicados y por tanto, útiles para cada uno y
para el conjunto.
Mediante este paquete de medidas, el
Consejo de Gobierno envía alto y claro el mensaje de que hará todo lo
que esté en su mano a fin de garantizar unas condiciones de financiación
holgadas para todos los sectores económicos —hogares, empresas, bancos y
Gobiernos—, y de que usará todos los medios a su alcance para ayudar a
los ciudadanos del área del euro a superar este momento
extraordinariamente difícil, como es su deber para con la ciudadanía
europea.
Porque ayudar a la economía a superar este bache es ayudar a
que las personas sufran el menor impacto negativo posible en sus
ingresos y a que puedan recuperar la normalidad en el menor tiempo
posible, para que su vida no se vea afectada más allá de lo inevitable.
Las
medidas aprobadas por las autoridades nacionales y por el BCE supondrán
un importante alivio económico y financiero para nuestras economías.
Pero la respuesta a esta crisis debe ir más allá. La pandemia y su
impacto económico están afectando a todos los países del área del euro
y, por extensión, de la Unión Europea.
El desafío común que tenemos por
delante es de tal magnitud, que hacerle frente requiere una actuación
decidida y ambiciosa de las autoridades e instituciones comunitarias a
través de los instrumentos existentes, tanto financieros como
presupuestarios, así como de posibles nuevas herramientas, entre las que
debe darse prioridad a aquellas que refuercen la capacidad de compartir
—mutualizar— el riesgo presupuestario de los Estados miembros.
Es en
este difícil momento en el que hay que poner en valor el principio de
solidaridad sobre el que se fundó el proyecto europeo, que redundará,
además, en una mayor eficiencia de las medidas. Una mayor ambición y
coordinación de la respuesta a escala europea no es una opción, es una
necesidad imperiosa.
(*) Gobernador del Banco de España
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