SEVILLA.- El medio ambiente en Andalucía soporta una pesada losa: su exposición al
cambio climático. “Las sequías severas serán más frecuentes y aumentará
la competencia por el agua entre la agricultura, la industria, el
turismo y los ciudadanos”, alerta la Agencia Europa del Medio Ambiente
(AEMA) en su último informe sobre el futuro del sur del continente a
partir de 2040. Y la escasez hídrica extrema romperá el frágil
equilibrio que hoy mantiene la comunidad, con una agricultura que cada
año multiplica su superficie de regadío, un turismo al alza con cifras
récord de visitantes y el agua embalsada con una curva descendente (al
48%), según El País.
La situación geográfica de Andalucía provoca que sea un territorio
muy vulnerable al incremento global de la temperatura —por su latitud— y
a la subida del mar, con 812 kilómetros y grandes ciudades en su
litoral. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea aclara
que la temperatura a final de siglo puede aumentar 4,7 grados en la
Península Ibérica.
Y la peor parte se la llevaría Andalucía, en concreto
las provincias de Córdoba, Jaén y Granada, alertan los expertos, que
predicen hasta siete episodios de sequía entre 2040 y 2050 si la
temperatura aumenta más de tres grados. Además, la mortalidad crecerá
por la mayor frecuencia de olas de calor.
El tiempo para reaccionar se agota, alertan los científicos. Sin
embargo, la acción política de la Junta está atascada, a pesar de que la
Ley del Cambio Climático entró en vigor en 2018. “No hay proyecto, se
vende humo. Le escribimos al presidente [Juan Manuel Moreno] y no
contesta. La sequía del año pasado fue tremenda y no dieron ayudas para
dar de comer a los animales. Que me expliquen el Gobierno del cambio”,
denuncia el presidente de la Fundación Savia y líder ecologista
Francisco Casero.
Moreno avanzó una “revolución verde” el pasado octubre, pero cuatro
meses después la renovación medioambiental carece de presupuesto y
planes concretos. La oposición pidió sin éxito a la Junta que declare la
emergencia climática para afrontar con mayor contundencia los efectos
del cambio climático, al igual que el Gobierno central y el Parlamento
Europeo.
“Ya tenemos un marco general en el que nos acogemos todos (...)
Ahora es la declaración de emergencia climática, luego traerán, pues no
sé, la súper, superdeclaración de emergencia superclimática”, respondió
en la Cámara José Ramón Carmona, portavoz adjunto del PP.
Mientras, a las puertas de la Cámara ha surgido la iniciativa
ciudadana Parlamento Climático Andaluz para debatir y ofrecer posibles
soluciones. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, que elabora un Plan Andaluz de Acción por el Clima —de
momento solo un borrador— ha rechazado opinar.
Al margen del cambio climático, el medio ambiente ha sufrido la
expansión desaforada del urbanismo en muchas zonas costeras antes de que
explotara la burbuja del ladrillo en 2008. Sin embargo, los planes
urbanísticos de numerosos municipios del litoral traslucen hoy una sed
por la expansión que multiplica hasta por cuatro su crecimiento.
“Ni el
PSOE ni el PP han tenido vocación de acabar con esta voracidad, pero el
PSOE aprobó dos amnistías urbanísticas para modificar sus propias leyes.
Solo los tribunales están poniendo ahora pie en pared ante el
desmadre”, censura Juan Clavero, de Ecologistas en Acción.
Gerardo Sánchez, portavoz parlamentario del PSOE en medio ambiente,
admite: “Estamos pagando los desarrollos excesivos con masificaciones
que han causado problemas y dificultades en los servicios. La pelea
entonces era crecer más, ahora tenemos que ir con más cabeza”, resume
sobre las dos décadas previas a que la burbuja pinchara.
El urbanismo ha copado grandes extensiones de suelo y 17 años después
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2003, el 85% de los
pueblos andaluces no están adaptados a la norma, censura el catedrático
de Urbanismo de la Universidad de Sevilla Pedro Górgolas, que critica
el “tsunami urbanizador” desarrollado en la región. “Hace falta
imprimir sensatez a las zonas más dinámicas.
El problema de Andalucía
no ha sido de la ley, sino de su incumplimiento. La propia Junta ha ido
diseñando una serie de contramedidas para abortar el cumplimiento
estricto de los modelos de ciudad regulados en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía”.
Tras el cambio de Gobierno hace un año, la medida estrella de la
Junta sobre urbanismo va en dirección contraria al modelo de ciudad
compacta y a favor de las connurbaciones que alteran el litoral: el
decreto ley para regularizar las 327.000 viviendas construidas sin
cobertura legal, aprobado en septiembre y que el Gobierno rechaza
considerar “una amnistía”, a pesar del riesgo de incitar la construcción
de más casas al margen de la ley.
Cuando Moreno anunció su “revolución verde”, Greenpeace ofreció al
presidente andaluz exponerle cómo puede Andalucía cubrir todas sus
necesidades energéticas con renovables, presentar una moratoria de la
superficie de regadío acorde con el agua disponible, hacer que los
centros educativos adopten la dieta de salud planetaria y un sistema de
devolución y retorno para los envases reutilizables. La organización
ecologista sigue sin respuesta del presidente andaluz.
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