El proyecto de ley de Educación pasará por el Consejo de Ministros “en semanas”, según informó este jueves la Cadena Ser citando fuentes del Gobierno.
El proyecto se aprobó en la pasada legislatura, pero quedó paralizado,
sin llegar al Congreso, por el adelanto electoral. La ministra Isabel
Celaá, en base a estas informaciones, llevará el mismo texto que aprobó
el Gobierno hace casi un año, el 15 de febrero de 2019.
Es
decir, no
habrá cambios para evitar una tediosa tramitación que provocaría que el
texto pasase de nuevo por el Consejo Escolar o el del Estado. Así, en
caso de haber modificaciones, éstas se producirán durante la tramitación
parlamentaria.
La aprobación de la nueva ley de Educación, también denominada ley Celaá provocará
la definitiva derogación de la Lomce del PP, la ley Wert (por el
exministro José Ignacio Wert) y es el mayor reto de la ministra en su
segunda etapa al frente del ministerio de Educación
y Formación Profesional, al que ahora se dedicará a tiempo completo al
no tener que ejercer la función de portavoz del Gobierno.
La Lomloe o Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de
Educación Loe de 2006 -que a su vez acaba con la Lomce de 2013- ,
también denominada Ley Celaá, fue definida por su promotora como un
“texto progresista para una educación del siglo XXI” y recibió el visto
bueno del Gobierno en el mismo Consejo de Ministros en el que se decretó
el adelanto electoral del pasado febrero.
Ahí terminó el recorrido de una Ley que divide a la comunidad
educativa y que será la octava norma de la democracia si consigue ver la
luz en esta legislatura como es la intención del Gobierno, según
anunció el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura.
Dijo
Sánchez que la Ley incorporará los acuerdos alcanzados por parte de la
comunidad educativa y servirá para blindar la educación pública como eje
vertebrador del sistema educativo.
El caso es que su texto coincide con
muchas de las propuestas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas
Podemos como apostar por la educación integral, impedir la segregación
por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos o eliminar la
obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y que la
calificación de esta materia
puntúe, no teniéndola en cuenta para la nota media de acceso a la
universidad o para becas.
Medidas por las que ha tenido y seguirá
teniendo enfrente a las escuelas concertadas y católicas así como a la
mayoría de los centros de educación especial.
El proyecto de ley apuesta en concreto
por la educación de 0 a 3 años, ya que se regularán los requisitos de
titulación de sus profesionales y los de los centros que impartan este
ciclo.
Además de los cambios en Religión, la
ley también introduce una materia obligatoria de Educación en valores
cívicos y éticos para todos los estudiantes de Primaria y ESO.
Elimina definitivamente las pruebas de
final de etapa de la Lomce, pero incorpora evaluaciones de diagnóstico
para cuarto de Primaria y segundo de la ESO, aunque prohíbe que estos
resultados se utilicen para hacer clasificaciones de centros.
Título en Bachillerato “por compensación”
Con la Lomloe desaparecerán los
itinerarios de cuarto de la ESO, de forma que cualquier opción conduce
al mismo título de graduado en Secundaria y prevé la posibilidad de que
en Bachillerato se pueda obtener el título “por compensación” en caso de
superar todas las materias salvo una y se recupera la anterior Prueba
de Acceso a la Universidad.
En el caso de los alumnos que superen un ciclo formativo de Formación
Profesional de grado básico, podrán recibir el título de graduado en
ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza
postobligatoria.
Para obtener y mantener unidades concertadas se priorizará a
los que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado
por género u orientación sexual.
El texto demanda a las comunidades autónomas que garanticen el
derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua
oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus
respectivos territorios.
En cuanto al contenido curricular, fija que un
55% sea competencia del Estado en las comunidades con dos lenguas
oficiales y un 65% en las que solo tengan una lengua oficial.
La ley contempla un plan de incremento
del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB; y quiere
también garantizar la atención a los alumnos de la escuela rural e
insular.
Aparte de todos los cambios con la ley,
Celaá se ha mostrado como una
defensora de la “educación como ascensor social”, para lo que pretende
que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la
carrera educativa de sus hijos. Sin olvidar la lucha contra el fracaso y
el abandono escolar, cometido para el que el sindicato CSIF reclama un
Plan que “huya de iniciativas propagandísticas que no mejoran la
educación”.
Además, tendrá que solventar “la masificación de las aulas,
la falta de profesorado o el estado de muchas infraestructuras” de la
escuela pública como demanda la Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa).
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