No es casual que la primera confrontación política de la legislatura
se produzca en el campo judicial, choque de poderes del Estado que nadie
ha sido capaz de evitar y que coloca la democracia española en zona de
riesgo, precisamente lo que pretenden los independentistas.
El Gobierno
de coalición ha colocado entre sus prioridades lo que llama
“desjudicialización” de la política que no está claro qué significa,
pero que se parece bastante a que el Poder Judicial no meta sus narices
en los asuntos políticos. Algo que se parece mucho a lo que ocurre en
algunos países del este de Europa, Polonia y Hungría, por ejemplo.
¡Qué barbaridad!, dirán algunos que creen en las inquebrantables
convicciones democráticas de los actuales dirigentes del partido
socialista. No les falta razón, las cosas no han llegado tan lejos aquí,
pero van camino.
El presidente Sánchez clama desde hace meses contra el
“bloqueo”, es decir contra la quiebra del consenso entre los
principales partidos para consolidar la gobernanza.
Pero no se hace la
segunda pregunta: ¿qué aporto yo al desbloqueo? Y no es fácil encontrar
hechos, datos, ni siquiera palabras que avalen que esa sea su voluntad.
El último gesto ha sido la designación presidencial de la Fiscal
General.
El Presidente podía haber optado por una candidata (o candidato) que
ayudara al desbloqueo. Se me ocurren más de una docena de nombres. Pero
optó por la lógica de: … si no quieres caldo, dos tazas. Y esa decisión
complica el relevo ordenado del Consejo del Poder Judicial y del
Constitucional.
Operaciones de calado que requieren visión de Estado,
mirada de largo plazo, asunción de que la calidad institucional, la
reputación de las instituciones es condición necesaria para consolidar
la democracia. No parece que sea esa la prioridad y el interés del
Gobierno. Tampoco de la oposición que reacciona como pollo sin cabeza
respondiendo a las incitaciones o provocaciones con poca inteligencia.
El socio del Gobierno, cada vez más educado y conciliador, al menos
en las primeras emociones del cargo, están de acuerdo con esta
estrategia de confrontación. Iglesias ha descubierto otro mantra para
sustituir la tesis de la “casta” que tan buenos resultados electorales
le dio en su día. Ahora ha descubierto otro enemigo exterior,
responsable de los males nacionales: “los togados”.
Una nueva palabra
para construir el marco del debate, para señalar a los malos, a los
culpables. Son varios los comentaristas que utilizan el concepto de “los
togados” como objetivo político inmediato. Los “indepes” se han
apuntado a ese carro que forma parte de sus objetivos inmediatos, alejar
al poder judicial del control político; ocupar ese poder, colonizarlo
con afines, ponerlo de su lado, en lo que fuera posible. Cuando menos
neutralizarlo para ganar maniobra. Nada sutil y muy peligroso.
Los togados no han hecho la transición proclaman en los entornos de
la llamada izquierda y no la han hecho porque no actúan de acuerdo con
sus preferencias y objetivos políticos, porque son antidemócratas. Hay
que escuchar a Rufián y semejantes expidiendo certificados sobre quién
es demócrata y quién no, sin que nadie le advierta que no disfruta del
derecho de identificar a los buenos y señalar a los malos.
(*) Periodista y politólogo
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