SEVILLA.- El Gobierno de Andalucía, una coalición del PP y Ciudadanos con el apoyo
de Vox, ha creado una línea de ayudas para el inventario, conservación y
restauración del patrimonio sacro. Lo novedoso de esta medida es que se
dirige a todas las confesiones religiosas y no se limita a la iglesia
católica, según revela El País.
"Los posibles beneficiarios de las ayudas serán los colectivos
inscritos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia
que tengan la propiedad de bienes muebles del patrimonio histórico de
carácter religioso en Andalucía, no limitándose a ninguna confesión
religiosa en particular", anunció la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico Patricia del Pozo.
"Lo que aprobamos el pasado 18 de diciembre son las bases reguladoras
de esas subvenciones, algo totalmente nuevo sin equivalente en otras
comunidades autónomas porque las ayudas se concederán en régimen de
concurrencia competitiva. Los interesados tendrán que presentar un
proyecto técnico que valorará una comisión de la Consejería de Cultura y
se subvencionará hasta el 80% del presupuesto de cada actividad", ha
explicado Macarena O'Neill, secretaria general de Patrimonio Cultural de
la Junta de Andalucía.
La medida, dotada con 750.000 euros, establece
un máximo de 30.000 euros para los proyectos de conservación y
restauración, y otro de 15.000 euros, para el inventario del patrimonio.
"No se trata de favorecer a las cofradías y hermandades, también
pueden beneficiarse las entidades musulmanas o judías siempre que estén
inscritas en el Ministerio de Justicia. Esta medida no va en detrimento
de otros, ya que en Andalucía el 80% de los bienes muebles con valor
patrimonial está en manos de confesiones religiosas, por lo que nos
dirigimos a la mayoría", ha aclarado O'Neill.
La orden, "que viene para quedarse y de la que se harán convocatorias
anuales", en palabras de la responsable de Patrimonio Cultural, aspira a
aumentar su presupuesto el próximo ejercicio y persigue también
revitalizar el mercado de la restauración.
En este sentido, hay que
recordar que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH),
el gran referente en la materia, se rige desde 2007 por criterios
empresariales.
A partir de ese año, lo que antes era un servicio de la
Consejería de Cultura continúa trabajando para la Junta, a la que no
pasa factura por sus servicios, pero puede hacerlo también para
particulares y cobrar por ello.
Los expertos consideran que se trata de un patrimonio privado pero de
uso social, al que se le exige una buena conservación, especialmente en
el caso de los catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), y
valoran que las ayudas se concedan mediante proyectos rigurosos y de
forma competitiva.
"En la segunda quincena de enero organizaremos jornadas técnicas en
todas las provincias para explicar a los interesados cómo realizar un
proyecto, que se presentarán todos de forma telemática. La orden saldrá a
principios de febrero y está dirigida al patrimonio mueble (pintura,
escultura, dibujos, grabados, retablos, textiles, orfebrería,
cerámica...) a los documentos y al patrimonio bibliográfico", ha
afirmado O'Neill.
"El reglamento de la orden incluye medidas muy positivas para el
patrimonio andaluz y cuando se trata de valorar un proyecto para
determinar si recibirá ayudas, puntúan más los bienes que están
adscritos a un BIC.
En el caso del inventario, la catalogación
científica es una herramiento muy útil para la conservación del
patrimonio común, ya que hay muchos bienes muebles que por su uso están
incluidos en inmuebles que tienen caracter BIC, pero son propiedad de
particulares.
De esta forma, la Administración puede tener conocimiento
no solo de su existencia, sino también de imprescindibles datos sobre su
valor patrimonial", ha comentado Carlos Núñez, responsable de la
empresa sevillana de restauración Dédalo Bienes Culturales.
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