MADRID.- La Asociación Nacional del Menor
Gitano, presidida por José Maldonado Sandoval, ha presentado una
nueva denuncia ante el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid contra
la Administración y el Colegio Oficial de Psicólogos por presuntas
irregularidades cometidas en la supervisión deontológica de los informes
elaborados por los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia
y Unidades de valoración Integral de Violencia de Género, que han
servido de fundamento técnico de las sentencias en procesos de tutela de
menores, su custodia en divorcios y en condenas por violencia de
género.
Según consta en la denuncia, el Colegio
de Psicólogos negó su competencia para resolver reclamaciones
deontológicas contra los miembros de los citados Equipos por ser
empleados públicos. También se denuncia a los funcionarios responsables
de la Comunidad Autónoma que “usurparon” esas funciones que “tiene
reservadas única y exclusivamente” el Colegio profesional, según dicta
la Ley 19/1997.
Una reciente interpelación parlamentaria
presentada por Vox en la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto
graves carencias en la legitimidad de los profesionales que los
integraban, porque alrededor de la mitad de ellos no estaban colegiados
tal y como exige la Ley y ha refrendado el Tribunal Constitucional.
Maldonado, en nombre de su Asociación, presentó recientemente una
denuncia por intrusismo profesional contra ellos.
Durante décadas, muchos usuarios de la
Justicia de Familia, Menores y Violencia de Género se habían venido
declarando profundamente perjudicados por los informes elaborados por
estos Equipos, que calificaban de “falsos, manipulados, tergiversados y
con ocultismos”, porque eran los que servían de base pericial en las
sentencias de estos Juzgados.
Estos acontecimientos inducen a poner en
tela de juicio la de las miles de sentencias que condicionaron esos
informes.
Entre otras funciones, los Colegios de
Psicólogos tienen como misión velar contra el intrusismo profesional y,
por tanto, debían haber actuado de oficio contra esta irregularidad. En
esta nueva denuncia se busca poner de manifiesto que tanto
Administración como algunos de estos Colegios tenían conocimiento de
esta irregularidad y la amparaban.
Detrás de este funcionamiento anormal
parece esconderse un sistema arbitrario de designación y contratación
de personal para facilitar su control por el entramado de intereses
económicos e ideológicos que se alojan detrás de las Políticas de Género
fomentadas desde el Poder Ejecutivo.
Dentro del ambiente de corrupción
generalizada en el que se mueve nuestra vida pública, la que atañe a
temas que, como este, afectan a la vida familiar (divorcios) a la
infancia (custodias y tutelas) y a la libertad de las personas
(denuncias falsas por Violencia de Género) es, sin duda, la más
lamentable, mezquina y miserable de todas y la que puede llegar a poner
en serio riesgo la propia supervivencia a largo plazo de nuestra
identidad étnica y cultural.
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