SEVILLA.- El Gobierno bipartito del PP y Ciudadanos reforzará la acusación en las causas de corrupción que investigan varios juzgados andaluces, como la de los ERE, Invercaria o el fraude de los cursos de formación, después de que el anterior Ejecutivo presidido por la socialista Susana Díaz torpedeara algunas de estas pesquisas.
Fuentes del Gobierno andaluz indicaron a El Mundo que actualmente están realizando, de forma interna, un estudio a fondo en cada una de las causas de corrupción
abiertas para determinar qué estrategia se ha seguido hasta ahora y qué
se debe hacer en los próximos meses con el objetivo de recuperar el
dinero público y que no haya impunidad.
De momento, el Gobierno
andaluz se ha personado en la investigación que dirige la titular del
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, sobre las tarjetas 'black' de la Faffe, la fundación de Empleo de la Junta creada para formar a los parados, pero que se convirtió en una agencia de colocación para ex dirigentes del PSOE, familiares y allegados.
Su ex director general Fernando Villén Rueda,
que fue también secretario de Empleo en la Ejecutiva regional del PSOE,
usó las tarjetas 'black' de la Junta, presuntamente, para costear trece juergas en cinco locales de alterne de Sevilla, Córdoba y Cádiz por un importe de 31.969 euros.
El pasado 8 de octubre, antes de alcanzar la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, como líder del PP andaluz, denunció el uso de dinero público en "trece bacanales" a las puertas del antiguo club de alterne Don Angelo de Sevilla, donde Villén pagó con las tarjetas de la Faffe.
La personación de la Junta en la causa de la Faffe se hizo efectiva el pasado 7 de febrero,
según las fuentes consultada por este diario. Aunque con anterioridad,
durante la etapa de Susana Díaz, se dio por hecho que la Administración
andaluza formaba parte de la causa, lo cierto es que ésta no se
materializó hasta principios de febrero, tan solo un par de semanas
después del primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo del PP y Cs
celebrado el pasado 26 de enero en Antequera.
Otra causa de corrupción que está siendo revisada por el Gobierno andaluz es la de la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía Invercaria,
que tramita el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla y que está
desgajada en varias piezas, una por cada proyecto empresarial que
recibió fondos públicos y resultó fallido.
El juez instructor del 'caso Invercaria', Juan Gutiérrez Casillas, ha certificado ya un presunto quebranto para las arcas públicas de 10.352.373 euros
en los once proyectos empresariales que ha investigado, en los que la
sociedad de capital riesgo pública inyectó fondos sin control y de forma
"arbitraria".
Fuentes consultadas por este diario señalaron que
el abogado que representa al PP en la causa de Invercaria podría haber
presentado un escrito en el juzgado solicitando dejar de ser parte en
estas diligencias judiciales. Sin embargo, las fuentes del PP afirmaron
que el partido sigue personado en esta causa.
Este
diario sí pudo confirmar que la acusación que ejerce el PP ha
solicitado retirarse de una media docena de causas que se investigan en
juzgados de Cádiz y Sevilla y provincia. Entre las pesquisas afectadas
están el 'caso Marismas' sobre el presunto fraude con
subvenciones millonarias en la obra que se llevó a cabo para modernizar
la margen izquierda del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Lebrija y las obras fantasma en colegios de Cádiz que hizo un ente instrumental de la Junta.
Aunque la acusación que ejercía el PP se haya retirado de estos casos, las fuentes de este partido remarcaron que "no habrá impunidad" y los intereses de los andaluces "se van a seguir defendiendo".
El
bipartito del PP y Cs debe reformular ahora el papel procesal de la
Junta en las diferentes causas de corrupción que tramitan los juzgados,
después de que en la etapa de Susana Díaz, la Administración andaluza pusiera algunas trabas o directamente se apartara de procesos clave, como el juicio de los ERE que se ha celebrado en la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes del Gobierno andaluz los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La
retirada de la Junta de este juicio poco antes de que comenzara la
vista oral, al no apreciar delito en la conducta de ninguno de los ex
altos cargos, provocó que se dejara de exigir responsabilidad civil a
los ex enjuiciados, fijada en 741.596.545 euros. De esta forma, se hace más difícil recuperar el dinero presuntamente malversado en los ERE.
Que
la Administración andaluza no acusara a Chaves, ni a Griñán, ni a
ninguno de los otros 19 ex altos cargos tuvo consecuencias en febrero de
2017, cuando la juez del caso ERE,
María Núñez Bolaños, archivó todas las piezas de responsabilidad civil
abiertas como garantía cautelar contra los ex altos cargos. A Griñán se
le levantó la fianza civil de 4.214.702 euros que pesaba sobre él.
Revertir este asunto en la pieza principal de los ERE ya juzgada será "complicado"
-admiten las fuentes del Gobierno andaluz-, pero se analizará con
detalle qué margen de maniobra hay y qué estrategia se debe seguir en
las causas desgajadas de este caso de corrupción que siguen
investigándose en el juzgado.
Otra traba a las pesquisas judiciales en la etapa de Susana Díaz fue que la Administración se reservó la facultad de nombrar peritos judiciales 'a dedo' incluso en los casos de corrupción que le afectan.
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