MADRID.- Podemos quiere que toda la gestión del agua en España sea "completamente pública" en el plazo de una legislatura. Con esta medida, el partido de Pablo Iglesias refuerza el Plan Horizonte Verde
que presentó el pasado lunes y vuelve a teñir de verde su programa
electoral para las elecciones generales del 28 de abril en busca del
voto ecologista vinculado a los electores más jóvenes, según recoge hoy El País.
"El agua es un derecho humano y no un negocio", ha resumido Pablo
Echenique, secretario de Organización de Podemos.
"El cambio climático
nos lleva a fenómenos de sequías más extremas", ha ahondado, "además,
existe una ofensiva en marcha de los fondos buitres para hacer negocio
con nuestra salud y futuro".
El partido usa como ejemplo la gestión pública del agua que hace el
Ayuntamiento de Valladolid en manos del socialista Óscar Puentes. La
ciudad forma parte del 43% de la población española que se abastece a
través de empresas públicas, según el estudio de 2018
de la Asociación española de Abastecimiento de Aguas y Saneamientos.
El
33% de los ciudadanos lo hacen por empresas privadas, el 13% por
empresas mixtas y el 7% directamente de las propias corporaciones
locales, describe este mismo análisis.
Fin de las concesiones
Para tratar de revertir estas cifras, Podemos propone derogar los
derechos concesionales del agua que significan "la mercantilización de
la compraventa por la puerta de atrás", en palabras del dirigente.
"Hacer embalses más grandes e infraestructuras más caras solo beneficia a
los fondos buitres y a las grandes constructoras que hacen negocio con
esto", acompañaron desde el partido.
El partido quiere recuperar los saltos hidráulicos para el Estado una
vez caduquen sus concesiones a empresas privadas. "Ahora al caducar se
vuelve a poner en manos del sector privado. Proponemos que
automáticamente, cuando caduque, se recupere para el Estado", defendió
Echenique.
La misma medida se aplicará para las centrales
hidroeléctricas. "Es especialmente importante para los territorios que
asumieron las consecuencias de su construcción", justificó.
"Casos como Lezo o Acuamed demuestran que la privatización del agua
ha generado corrupción y peores servicios para la ciudadanía", remachó
Echenique.
Por el momento, el partido no detalla cómo afectarían estas
medidas a las empresas privadas ni la inversión que supondrá para el
Estado.
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