ALMERÍA.- La consejera andaluza de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés (IU), ha pedido este viernes a las personas en riesgo de
ser desahuciadas, o que ya lo han sido, que "superen el miedo y el
sentimiento de culpa" y defiendan sus derechos al tiempo que ha
reclamado al Gobierno que preside Mariano Rajoy que "escuche el clamor
social contra esta injusticia".
"La culpabilización de la víctima forma parte del gravísimo
problema social que combatimos", según ha señalado Cortés, quien ha
recordado que existen en las ocho provincias andaluzas oficinas del Plan
Andaluz en Defensa de la Vivienda que ofrecen servicios de
asesoramiento, intermediación y protección.
La consejera, quien ha visitado esta mañana en Huércal-Overa y
Zurgena las actuaciones de emergencia de su departamento para
restablecer la normalidad tras la 'gota fría' de finales de septiembre y
se reunió por la tarde con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas
(PAH), ha indicado que, a través de este programa, la Junta "se alía con
los más débiles y con las víctimas de la crisis".
"Nuestro mensaje es claro: las víctimas de la crisis, las víctimas
de la injusticia, las víctimas de los desahucios tienen ahora en la
Junta un aliado", ha trasladado al tiempo que ha remarcado que la
consejería continúa trabajando para sumar a la iniciativa a otras
entidades como ayuntamientos, diputados, entidades financieras y
colegios profesionales.
Al hilo de esto, ha considerado que este "drama social" pasa
"desapercibido en demasiadas ocasiones" y ha asegurado que existe una
"desproporción entre la magnitud del desastre social y la escasez de
atención al mismo en el debate público", un fenómeno que, según ha
ahondado, contribuye a que las víctimas "no superen el miedo y la
vergüenza que a menudo padecen".
Cortés ha señalado que es "fundamental" que el "drama" de los
desahucios se sitúe "en el centro del debate público", objetivo en el
que "está empeñado el nuevo equipo" de la consejería. "Con nuestras
políticas, con nuestra renuncia a la equidistancia y a la neutralidad,
pretendemos acabar con el miedo y la vergüenza de las víctimas de la
crisis", ha afirmado para, a continuación, reclamar al Gobierno central
"que escuche el clamor social" en contra de esta "injusticia".
En esta línea, ha remarcado que las medidas "antisociales" del
Gobierno y de la Troika sólo contribuyen a crear "más paro y por lo
tanto más desahucios", y ha defendido que la política esté al servicio
de la economía productiva y la creación de empleo.
"Reclamamos al Gobierno que apruebe la dación en pago e impulse el
alquiler social, y por supuesto que emplee todos los instrumentos a su
alcance para que las entidades financieras que han sido rescatadas con
dinero público no realicen desahucios", ha concluido.
Elena Cortés, ha exigido al Gobierno central, ya en Almería de vuelta de Huércal-Overa, que lleve como "medida urgente" al próximo Consejo de Ministros los cambios legislativos precisos en el decreto ley de desahucios y en el Código de Buenas Prácticas para impedir que las entidades financieras que hayan recibido dinero público puedan ejecutar desahucios así como para permitir la dación de la vivienda en pago y el alquiler social.
La titular andaluza de Fomento ha incidido en que "el Gobierno tiene la sartén por el mango, es el que puede cambiar las leyes, así que no es que no descarte, sino que debe de ser una medida urgente en el próximo Consejo de Ministros si quiere ser un Gobierno que responda a una situación de emergencia social".
La consejera cree que "es de justicia" atender a las familias tras haber cubierto "las necesidades de los bancos atendiendo su rescate" y que además, esta atención tiene que partir de la "voluntad política" y no de la "caridad" de ningún gobierno. "Las familias no deben tener vergüenza ni sentirse culpables, vergüenza debe sentir un gobierno que consiente y permite esto porque no es capaz de cambiar las leyes", ha ahondado Cortés.
En una reunión con colectivos sociales de afectados por la hipoteca, la consejera andaluza ha afirmado que la Junta trabaja ya en un convenio mediante el que quiere involucrar a los ayuntamientos a través de sus empresas municipales de vivienda que permita poder realojar a las familias afectadas por el embargo de sus casas.
Asimismo, ha valorado la puesta en marcha de la oficina de mediación por parte de la Junta, que, en el caso de Almería, ha atendido ya 27 casos y ha permitido paralizar una orden de desahucio que pesaba sobre una familia residente en el barrio de Pescadería de la capital. Cortés ha explicado que esta herramienta tiene como objetivo asesorar preventivamente, intermediar ante el primer aviso de impago desde el lado del particular y realojar en caso de no haber podido parar el desahucio.
Elena Cortés, ha exigido al Gobierno central, ya en Almería de vuelta de Huércal-Overa, que lleve como "medida urgente" al próximo Consejo de Ministros los cambios legislativos precisos en el decreto ley de desahucios y en el Código de Buenas Prácticas para impedir que las entidades financieras que hayan recibido dinero público puedan ejecutar desahucios así como para permitir la dación de la vivienda en pago y el alquiler social.
La titular andaluza de Fomento ha incidido en que "el Gobierno tiene la sartén por el mango, es el que puede cambiar las leyes, así que no es que no descarte, sino que debe de ser una medida urgente en el próximo Consejo de Ministros si quiere ser un Gobierno que responda a una situación de emergencia social".
La consejera cree que "es de justicia" atender a las familias tras haber cubierto "las necesidades de los bancos atendiendo su rescate" y que además, esta atención tiene que partir de la "voluntad política" y no de la "caridad" de ningún gobierno. "Las familias no deben tener vergüenza ni sentirse culpables, vergüenza debe sentir un gobierno que consiente y permite esto porque no es capaz de cambiar las leyes", ha ahondado Cortés.
En una reunión con colectivos sociales de afectados por la hipoteca, la consejera andaluza ha afirmado que la Junta trabaja ya en un convenio mediante el que quiere involucrar a los ayuntamientos a través de sus empresas municipales de vivienda que permita poder realojar a las familias afectadas por el embargo de sus casas.
Asimismo, ha valorado la puesta en marcha de la oficina de mediación por parte de la Junta, que, en el caso de Almería, ha atendido ya 27 casos y ha permitido paralizar una orden de desahucio que pesaba sobre una familia residente en el barrio de Pescadería de la capital. Cortés ha explicado que esta herramienta tiene como objetivo asesorar preventivamente, intermediar ante el primer aviso de impago desde el lado del particular y realojar en caso de no haber podido parar el desahucio.
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