Últimamente llegan a España algunas buenas noticias. No, no; no se trata de los triunfos de “La Roja”, o de Rafa Nadal. Se trata de ciertos cambios en las actitudes de los líderes europeos. A todos aquellos que esperamos ansiosamente ver la luz al final del largo y tortuoso camino de la crisis económica, nos produce un halo de esperanza cuando oímos que desde Europa nos prestarán un “dinerillo” para solucionar los problemas de nuestra banca y cuando se confirma que habrá otro “cacho” para fomentar el crecimiento económico y luchar contra el desempleo.
Todo esto vendrá acompañado, al parecer, de una mayor integración fiscal y financiera en Europa. Bueno, más vale tarde que nunca, por fin parece que se camina en la dirección adecuada. Sinceramente pienso que esta vez, si hacen lo que dicen y no surge ningún escollo en el complejo entramado de la toma de decisiones en la Unión Europea, se iniciará la senda de la recuperación.
Sin embargo, me siento descorazonado. No porque lleguemos al principio del fin de la crisis, sino porque la crisis estaba teniendo algunos “efectos colaterales” que eran muy positivos y está claro que, en cuanto se intuya un mínimo atisbo de mejora, nuestros políticos se apoltronarán una vez más. Si se fijan, conforme la crisis tomaba posiciones en la economía y en la sociedad española, han ido saliendo cada vez más casos de corrupción de tiempo atrás, (que han salpicado incluso a la Corona), se han aireado las desastrosas decisiones que han tomado algunos de nuestros políticos y que nos han costado auténticas fortunas, se han abierto sanos debates sobre fórmulas de racionalización del gasto público,.. . Pero tengan claro que en el momento en que los políticos sientan que vuelven a tener el control de la situación, las reformas se acaban y desde luego, quedan unas cuantas muy gordas que acometer a mi modo de ver.
Para empezar, en España hay unos 450.000 políticos que cobran del erario público. Si añadimos asesores, cargos de confianza y otros enchufados, nos vamos fácilmente al medio millón. Esto quiere decir que tocamos a algo más de un político por cada 100 habitantes, un ratio escandaloso, si tenemos en cuenta que hay menos policías, bomberos, médicos …. . Y si tenemos en cuenta que países como Italia, tienen la mitad de políticos que España, con una población de casi 65 millones de habitantes.
Sin embargo, me siento descorazonado. No porque lleguemos al principio del fin de la crisis, sino porque la crisis estaba teniendo algunos “efectos colaterales” que eran muy positivos y está claro que, en cuanto se intuya un mínimo atisbo de mejora, nuestros políticos se apoltronarán una vez más. Si se fijan, conforme la crisis tomaba posiciones en la economía y en la sociedad española, han ido saliendo cada vez más casos de corrupción de tiempo atrás, (que han salpicado incluso a la Corona), se han aireado las desastrosas decisiones que han tomado algunos de nuestros políticos y que nos han costado auténticas fortunas, se han abierto sanos debates sobre fórmulas de racionalización del gasto público,.. . Pero tengan claro que en el momento en que los políticos sientan que vuelven a tener el control de la situación, las reformas se acaban y desde luego, quedan unas cuantas muy gordas que acometer a mi modo de ver.
Para empezar, en España hay unos 450.000 políticos que cobran del erario público. Si añadimos asesores, cargos de confianza y otros enchufados, nos vamos fácilmente al medio millón. Esto quiere decir que tocamos a algo más de un político por cada 100 habitantes, un ratio escandaloso, si tenemos en cuenta que hay menos policías, bomberos, médicos …. . Y si tenemos en cuenta que países como Italia, tienen la mitad de políticos que España, con una población de casi 65 millones de habitantes.
Si queremos “hacer más sangre”, comparémos con el caso alemán, donde la proporción está aproximadamente en el 1 por mil, y eso que es una república federal. Si nos marcáramos un objetivo, nada ambicioso, de acercarnos al caso italiano, tendríamos que eliminar unos 250.000 políticos, que a un coste medio de 50.000 € año por cada uno, por sueldos, seguridad social, dietas, ….., (y me quedo corto), supone un desembolso anual de ¡12.500 millones de euros!. ¿A que esperan para organizar el ERE de la clase política?
Para continuar, tenemos el régimen de subvención a partidos políticos, sindicatos, uniones patronales y otras asociaciones. El montante anual que estas instituciones se embolsan procedente de las arcas del Estado, en concepto de subvenciones ronda los 100 millones de euros. Aunque parece “el chocolate del loro”, no lo es tanto si solo hubiese uno, pero es que hay mucho loro por ahí...
Otro punto negro lo tenemos el ingente volumen de la economía sumergida que existe y persiste en España. Según FUNCAS, en España, la economía sumergida está cerca de alcanzar el 24% del PIB, (es curioso cuanto se parece esa cifra a la de desempleo). No sé que gobierno tiene que llegar a La Moncloa para poner fin a esta lacra. Si comparamos otra vez con el doloroso ejemplo alemán, resulta que en dicho país, la economía sumergida se encuentra en el 13% del PIB. Si en España llegáramos al 15%, o sea, si redujésemos esta tasa un 9%, afloraría un volumen de operaciones por valor de unos 96.600 millones de euros.
No quiero aburrir con tecnicismos y complejas fórmulas, pero debemos tener en cuenta que este volumen de operaciones no se convierte directamente en base imponible de los impuestos, porque parte de lo que unos declarasen, se lo desgravarían otros. En realidad, la base para los principales impuestos estatales sería el valor añadido y esta cifra es difícil de calcular, pero “a ojo de buen cubero”, si pensamos que el beneficio bruto de las actividades no oficiales fuese del 20% y el beneficio antes de impuestos del 15%, podemos calcular que los ingresos por IVA podrían superar los 1.500 millones de euros y los ingresos por sociedades los 3.600 millones de euros. A estas cifras habría que añadir el IRPF de los trabajadores que pasarían a trabajar oficialmente, sus cotizaciones a la Seguridad Social, el desempleo que no se pagaría a parte de estos trabajadores….
Otra faena interrumpida, tal que fuera un coito, es el asunto del consumo de hachís, marihuana y otros sucedáneos. Según una conocida asociación de defensores de cannabis, existen en España 4.000.000 de consumidores habituales. En su día, recordarán que se “despenalizó” el consumo, que no el tráfico. La incoherencia es manifiesta, porque si alguien consume es porque alguien se lo vende y si el tráfico no es legal…., ya me explicarán. Pues bien, ¿porqué no lo regulamos y cobramos el IVA y un impuesto especial como en el caso del tabaco o el alcohol?. Quien me conoce sabe que ni siquiera fumo tabaco, pero me parece indignante que si yo me tomo unas cañas, pague el IVA y el Impuesto Especial de Bebidas Alcohólicas y sin embargo, estos cuatro millones de fumadores de cannabis no paguen un céntimo. Con esta masa de contribuyentes potenciales, no sería de extrañar que el Estado pudiese recaudar en torno a los 1.500 millones de euros al año.
Otro asunto espinoso, pero que yo pensaba que gracias a la crisis se abordaría por fin, es el de la prostitución en España. Según la mismísima agencia Efe, en un comunicado de agosto del 2.011, se calcula que la prostitución mueve en España unos 50 millones de euros ¡al día!. Además, se calcula que unas 300.000 personas se dedican a esta profesión en nuestro país. ¿A qué esperamos para regular y por tanto cobrar?. Mucha gente se está beneficiando de esta “actividad libre de impuestos” que factura casi 20.000 millones de euros al año y el resto de los españoles, a pagar más por la subida del IRPF.
Otra faena interrumpida, tal que fuera un coito, es el asunto del consumo de hachís, marihuana y otros sucedáneos. Según una conocida asociación de defensores de cannabis, existen en España 4.000.000 de consumidores habituales. En su día, recordarán que se “despenalizó” el consumo, que no el tráfico. La incoherencia es manifiesta, porque si alguien consume es porque alguien se lo vende y si el tráfico no es legal…., ya me explicarán. Pues bien, ¿porqué no lo regulamos y cobramos el IVA y un impuesto especial como en el caso del tabaco o el alcohol?. Quien me conoce sabe que ni siquiera fumo tabaco, pero me parece indignante que si yo me tomo unas cañas, pague el IVA y el Impuesto Especial de Bebidas Alcohólicas y sin embargo, estos cuatro millones de fumadores de cannabis no paguen un céntimo. Con esta masa de contribuyentes potenciales, no sería de extrañar que el Estado pudiese recaudar en torno a los 1.500 millones de euros al año.
Otro asunto espinoso, pero que yo pensaba que gracias a la crisis se abordaría por fin, es el de la prostitución en España. Según la mismísima agencia Efe, en un comunicado de agosto del 2.011, se calcula que la prostitución mueve en España unos 50 millones de euros ¡al día!. Además, se calcula que unas 300.000 personas se dedican a esta profesión en nuestro país. ¿A qué esperamos para regular y por tanto cobrar?. Mucha gente se está beneficiando de esta “actividad libre de impuestos” que factura casi 20.000 millones de euros al año y el resto de los españoles, a pagar más por la subida del IRPF.
Un cálculo rápido nos permite obtener que, 300.000 personas cotizando como autónomos por 260 € mensuales dan lugar a unos ingresos para el Estado de casi 1.000 millones de euros al año. Pero claro, si añadimos IVA e IRPF, en Régimen de Módulos, (cabe pensar que poca gente facilitaría sus datos fiscales para la factura), se podrían recaudar otros 1.500 millones de euros más. Que no se escandalice nadie. En la pulcra Holanda la prostitución está regulada y en ciertas partes de Alemania, también.
Lo que está claro es que, si se consiente hasta el punto que se consiente en España, se debe regular y de esta manera obtener ingresos para la administración pública y mejores condiciones de trabajo para quienes realizan esta actividad.
Estos son, tan sólo algunos ejemplos. Seguro que se podrían encontrar más posibilidades de ahorro o recaudación, pero claro, no tan sencillas para nuestros políticos como subir el IVA o recortar pensiones. La cuestión fundamental es, por supuesto, la reforma del Modelo de Estado y de la Función Pública, pero eso no se va a tocar si no llegamos prácticamente a la rebelión popular, y si no al tiempo.
Pues bien, si hacemos la suma de todo lo que hemos expuesto anteriormente, nos da una cifra de 21.700 millones de euros. Evidentemente, este cálculo es tan solo una aproximación a la situación, pero sirve para darse cuenta de que nuestros gobernantes, (tanto los actuales como los anteriores), nos han recortado a todos antes de recortarse a si mismos y de que han optado por la solución fácil a través del “decretazo”, reduciendo pensiones, subsidios, sueldos a funcionarios, aumentando impuestos, etc. antes de acometer las reformas que de verdad significarían la solución al problema.
Ahora parece que planean aumentar el IVA, los impuestos sobre la gasolina y eliminar la deducción por vivienda. Una vuelta de tuerca más a una población angustiada y exprimida, mientras que la verdadera reforma sigue sin hacer.
Mucho me temo que el principio del fin de la crisis va a significar el “coitus interruptus” para la realización de verdaderas reformas en nuestro país, por lo que no tengo claro si es bueno o no que nos presten dinero y que se elaboren programas subvencionados de inversiones para potenciar el crecimiento.
(*) Economista almeriense
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