SEVILLA.- La Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Memoria
Democrática, impulsará una nueva ley de memoria histórica andaluza que,
entre otros objetivos, ofrezca las garantías suficientes para que las
exhumaciones se realicen con todos los requisitos necesarios, evitando
así "chapuzas".
Así lo ha anunciado el director general de Memoria Democrática,
Luis Naranjo Cordobés, quien
ha señalado que entre las primeras iniciativas que ponga en marcha
estará el impulso de una ley de memoria andaluza que fomente el papel
director del Estado --Junta de Andalucía inclusive-- en la recuperación
de la memoria, el desarrollo de canales de participación de asociaciones
y foros, pero, sobre todo, que cree garantías suficientes para que las
localizaciones y exhumaciones se hagan con todos los requisitos
necesarios, técnicos y judiciales, contando además con historiadores,
antropólogos y presencia judicial.
Igualmente, ha afirmado que van a intentar que la presencia
judicial esté tutelando todo el proceso de exhumación de víctimas "desde
el principio, pues si un desparecido se exhuma sin presencia policial
lo que desaparece es una prueba del posible genocidio y de lo que fue la
violencia fundacional del régimen franquista".
Por otro lado, la ley de memoria histórica andaluza buscará,
"siempre" respetando el marco legislativo estatal, que se reconozca la
presencia judicial. De esta manera, se dará cumplimiento al objetivo de
que las exhumaciones cuenten con todos los medios y garantías, así como
con el "mínimo" respeto para con las víctimas. "Queremos evitar las
chapuzas exhumatorias", ha criticado Naranjo.
De otro lado, el nuevo director general ha resaltado que la Junta,
"siendo coherente con el hecho de que la responsabilidad última del
Estado para la recuperación de la memoria", podrá iniciar "de oficio"
los procesos de exhumación en determinados casos. Naranjo considera
"fundamental" la tutela judicial.
Con esta nueva ley, según explica, queremos "de oficio que el juez
territorial esté presente de inicio en la exhumación" y evitar que el
juzgado responda que su intervención "no es procedente" o no se implique
o rechace la competencia.
En referencia a los tiempos de trabajo de la nueva Dirección
General de Memoria Democrática, que sustituye al Comisionado, Naranjo ha
señalado que se está elaborando un programa de actuación, aunque "lo
más inmediato" es la ley.
La idea, según precisa, es empezar en este mes de julio las
primeras reuniones preparatorias para trabajar sobre el anteproyecto de
ley en el próximo septiembre. En este tiempo y de forma paralela, según
ha adelantado, se pondrá en marcha el Consejo de la Memoria, un órgano
consultivo donde esté integrado los foros, asociaciones, investigadores,
y gente de prestigio, que puedan dar su visión sobre la norma. "A
mediados del próximo año 2013, como mucho, la ley estará aprobada", ha
asegurado el director general.
El Consejo de la Memoria está vinculado a la ley, pero debería
funcionar antes para "aconsejar y asesorar" en su elaboración y
redacción, ha apuntado. Sería, según continúa, un órgano permanente y
servirá de "vinculo estable de participación". La creación del mismo,
según Naranjo, será entre el mes de julio y septiembre de este año, mes
donde "estará funcionando".
En este sentido, ha desvelado que la Dirección General está
pensando en una figura de "prestigio y de proyección mediática" para
ocupar el cargo al frente del futuro consejo, que estará integrado por
personas "relevantes y, sobre todo, comprometidas".
No obstante, Naranjo ha aclarado que la ley de la memoria andaluz
"no sólo se centrará en las exhumaciones, pues en algunos casos no son
posibles, ya que se ha construido sobre ellas".
"Donde no sea posible la
exhumación trabajaremos por la dignificación del lugar", ha adelantado.
En este idea, ha profundizado apuntando que quieren establecer un
catálogo de Lugares de la Memoria Histórica que sean "visitables" y que
pongan en valor el lugar en sí, apoyándose en centros de interpretación.
De esta manera, según Naranjo, se concreta el recuerdo a las víctimas
con la localización y definición nominal de las mismas.
En definitiva, la ley, según Naranjo, potenciará la localización
de espacios de violencia, la identificación y nombramiento de las
víctimas y la reparación de ésta, así como dar a conocer el contexto de
lo que allí sucedió.
Con todo ello, la ley de memoria histórica andaluza supondrá un
avance "cualitativo y cuantitativo" en la recuperación de la memoria. En
concreto, se seguirá ampliando el catálogo de Lugares de Memoria
Histórica en Andalucía, que se inició con la declaración de la Casa de
Blas Infante en Coria del Río (Sevilla) y el lugar de su fusilamiento en
el kilómetro 4 de la antigua Carretera de Carmona, en el término
municipal hispalense.
"Se ampliará la lista y luego se intentará crear una especie de
'sendero de la memoria' físico y visitable con estos Lugares de Memoria
Histórica con un mínimo centro de interpretación", ha precisado Naranjo,
quien considera esta medida "un salto cualitativo".
Estos 'senderos de la memoria', que pueden ser peatonales o
automovilísticos, dignificarán y contextualizarán el lugar, abriendo a
la ciudadanía estas zonas y "no sólo a especialistas". Esta idea, que ya
se ha implantado en algunos puntos de la provincia de Córdoba, donde
Naranjo ha sido responsables de un foro de la memoria, debe extenderse
por Andalucía.
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