SEVILLA.- La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que
dirige, ahora en funciones, José Chamizo de la Rubia, ha lamentado este
lunes la decisión del Gobierno central de recurrir la convocatoria de
empleo público docente de la comunidad y ha recomendado a la persona que
se encargue en el próximo Ejecutivo andaluz de la Consejería de
Educación que "siga adelante" con las oposiciones en septiembre, "una
vez terminado el plazo de suspensión de las mismas", pero "ajustando" su
número de plazas a la tasa de reposición del diez por ciento aprobada a
finales de 2011 por el Gobierno de la Nación.
Según han explicado fuentes de la Defensoría
--institución que ya pidió en marzo a la Junta y al Gobierno que
"favorecieran" este proceso selectivo pese al cambio de temarios y a la
recomendación del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de no
convocar oposiciones en ninguna comunidad autónoma--, lo "mejor" para
los más de 30.000 aspirantes a profesor que llevan meses e incluso años
preparándose estas oposiciones es que el Gobierno andaluz las "retome
cuando se levante la suspensión de cinco meses" (plazo previsto para que
el Tribunal Constitucional se pronuncie) pero "limitando" sus 2.389
plazas.
Así pues, la Defensoría insta a volver a convocar el proceso
selectivo en septiembre pero sin asumir "muchos riesgos" para no
convertir las oposiciones en "un pulso" al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Para ello, recomienda a la Consejería de Educación que "reajuste" las
2.389 plazas ofertadas manteniendo, por un lado, las 1.752 que se
ofertaron como "consolidación de empleo" al amparo del Estatuto Básico
del Empleado, y limitando al diez por ciento las 637 restantes, que
habían sido calculadas con una tasa de reposición cercana al 30 por
ciento de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de 2011
vigentes cuando el Gobierno andaluz aprobó su oferta el 27 de diciembre
de 2010. Tres días después, sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy
aprobó el Real Decreto de "medidas urgentes" que reducía esta tasa al
diez por ciento.
Esta propuesta de solución por parte de la Defensoría del
Pueblo andaluz, no obstante, tiene su "complejidad", según reconocen las
citadas fuentes. Sobre todo, según advierten, porque realizar un
proceso selectivo de este tipo con el curso empezado puede generar
problemas organizativos de calado y habría que buscar un periodo
vacacional como las Navidades para poder prepararlas.
Aún así, desde la institución que dirige José Chamizo insisten
en la "necesidad" de que las oposiciones se celebren para que el
sistema educativo andaluz incorpore a nuevos profesores y se mantenga la
calidad del mismo, ya que el Tribunal Constitucional (TC), instancia
ante la que el Gobierno de Rajoy ha recurrido la oferta de empleo
público docente de Andalucía, puede tardar "varios años" en decidir al
respecto al tener otros "asuntos prioritarios" en sus manos. Es ésta,
pues, una opinión similar a la que el titular de Educación en Andalucía
en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, mantuvo el pasado sábado,
cuando se mostró dispuesto convocar las oposiciones "lo antes posible",
en septiembre o diciembre, si el TC levantaba la suspensión.
El pasado mes de marzo, después de que a la Defensoría
llegaran multitud de quejas de opositores e interinos sobre el cambio de
temarios aprobado por el Ministerio de Educación, Chamizo emitió una
dura nota de posicionamiento en la que culpaba a "los poderes públicos
intervinientes en este proceso" --es decir, al anterior Ministerio de
Educación "con la tardía reforma de los temarios", a la Junta de
Andalucía "con la aprobación de una OEP sobre la que se vierten dudas de
ajuste a los dictados establecidos en la legislación básica estatal" y
al actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "con su
contrarreforma" de los anteriores temarios-- de introducir "una gran
inestabilidad e inseguridad" en todo lo que concierne a la convocatoria
de las oposiciones, "con grave perjuicio para los legítimos intereses de
los futuros aspirantes y participantes en estos procesos selectivos que
se ven inmersos en esta ceremonia de la confusión".
Además, el Chamizo criticó que las decisiones de una y otra
Administración en estos último meses "se hubieran visto afectadas por la
inminencia de un proceso electoral y la alternancia correspondiente que
se ha producido tras su celebración" (en relación al 20N y al 25M) y,
ante ello, exigió que se favoreciera "el normal desarrollo de las
pruebas selectivas y la confianza de los participantes en su aspiración a
obtener un empleo público" al no existir "apenas margen para reconducir
estos procesos".
Así pues, velando siempre por "los intereses" de los
opositores, aconsejó a las Administraciones estatal y autonómica que
dieran luz verde a las oposiciones tal y como estaban planteadas con el
fin de no "perjudicar" más a los aspirantes, algo que finalmente no ha
sido tenido en cuenta por el Gobierno de la Nación que el pasado viernes
decidió recurrirlas ante el TC.
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