ALMERÍA.- El Ministerio del Interior ha asegurado que no ha efectuado ningún tipo
de actuación para incluir a Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan
Mañas Morales, quienes fueron asesinados por la Guardia Civil tras ser
erróneamente identificados como miembros de ETA el 10 de mayo de 1981,
en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo al considerarlos únicamente como víctimas de la "violencia
policial".
Así lo ha trasladado el Gobierno en una respuesta
parlamentaria dirigida al grupo
parlamentario Sumar, que reclamó los cambios legislativos
necesarios para que las víctimas del 'caso Almería' fueran reconocidas
como víctimas del terrorismo al representar uno de los episodios "más
oscuros y vergonzosos" de la Transición española.
Según el
Gobierno, la Ley 29/2011 de 22 de septiembre incluye en su ámbito de
aplicación solo a "quienes sufrieron la acción terrorista desde 1960",
es decir, aquella que fue llevada por "personas integradas en
organizaciones o grupos criminales" o que no estuvieran en dichos
grupos, que tuvieran por finalidad o por objeto "subvertir el orden
constitucional o alterar gravemente la paz pública".
Así,
desde el Ministerio del Interior se apunta que se ha reconocido como
víctimas del terrorismo "a fallecidos y heridos por hechos acaecidos
durante la transición democrática, siempre y cuando la naturaleza de
tales hechos haya sido calificada de acción terrorista".
En
este contexto, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande
Marlaska se remonta a la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería
del 30 de julio de 1982 que condenó a los autores de los tres crímenes
por delitos de homicidio pero "sin determinar que en la comisión del
acto delictivo hubiera mediado banda armada y, menos aún, un grupo
terrorista".
Con ello, incide en que tanto los hermanos de
Luis Montero García como los padres de Juan Mañas Morales solicitaron en
el año 2000 una indemnización por el fallecimiento de sus parientes que
fue desestimada --tras ratificación de la Audiencia Nacional en 2003--
por la falta de reconocimiento, toda vez que señala el reconocimiento de
una responsabilidad civil en la sentencia.
Los cuerpos de los
tres residentes en Santander, que emprendieron el viaje para acudir a
la comunión del hermano de uno de ellos, aparecieron al día siguiente de
su detención calcinados en el interior del vehículo en un paraje de
Gérgal tras haber sido torturados.
Desde Sumar se
incidió en la necesidad de aplicar los cambios legislativos para
reconocer a las víctimas de la violencia policial, de los grupos de
ultraderecha y los grupos para-policiales como víctimas del terrorismo y,
por otro lado, la asunción de responsabilidad por parte del Estado y de
la Guardia Civil, "quienes deben asumir plena responsabilidad y pedir
perdón formalmente a las víctimas y sus familias".
En este
sentido, recalcaron que las familias de las víctimas "han mantenido una
lucha incesante durante más de cuatro décadas, en busca de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición".
"A pesar
de sus esfuerzos, los avances han sido limitados y fragmentarios",
señalaron desde Sumar puesto que "sólo tres de los once guardias civiles
implicados fueron condenados, cumpliendo sus penas en condiciones
privilegiadas, lo que pone de manifiesto un cumplimiento parcial de los
principios de justicia".
Según Sumar, para alcanzar una
reparación completa es "crucial" abordar tanto el cambio legislativo
demandado como la asunción de responsabilidad por parte del Estado y la
Guardia Civil más allá de la "serie de declaraciones institucionales y
actos de disculpas" que han tenido lugar en los últimos años.
En concreto, fue el 20 de enero del pasado año cuando el secretario
de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, pidió perdón "desde
el corazón del Estado" a los familiares de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis
Montero en un acto con la entonces directora de la Guardia Civil en el
que se entregó a sus familiares unos diplomas de reparación.
Las tres familias recibieron unos diplomas de reparación por parte del
secretario de Estado de Memoria Democrática y por parte de la entonces
directora general de la Guardia Civil María Gámez, quien manifestó en
nombre del Cuerpo que "aquellos terribles hechos en Almería no deberían
haberse producido jamás", si bien el reconocimiento no supuso ningún
tipo de declaración de los fallecidos como víctimas del terrorismo.
Durante el acto, Martínez subrayó la petición de "perdón" del
Gobierno a los familiares de las víctimas, también por "el injustificado
abandono de décadas" que sufrieron a nivel institucional.
"Somos conscientes del extraordinario sufrimiento que habéis pasado y sabemos que este acto llega tarde", dijo antes de asegurar que no volverán a estar "solos".
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