MADRID.- El cierre de fronteras no es una opción que contemple el Gobierno español para controlar la presión migratoria irregular. Después del anuncio de Alemania de establecer controles temporales en todas sus fronteras terrestres, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado que España vaya a hacerlo al recordar que el Código de Frontera Schengen, en sus artículos 25 y 27, indica que "para establecer controles internos deben ser en circunstancias extraordinarias y excepcionales de seguridad o que haya un riesgo para la seguridad".
"La libertad de circulación es un principio básico", ha subrayado Marlaska en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. Ha recordado que España solo ha recurrido a estos controles en circunstancias muy puntuales y de seguridad como en la cumbre de la OTAN o para controlar la pandemia de la covid.
Además, ha asegurado que Alemania deberá comunicar los motivos por los que toma esta decisión y, entonces, la Comisión Europea puede estudiar, analizar y determinar si la medida es "proporcional".
Asimismo, ha explicado que los controles "internos" llevan aplicándose desde hace "cinco seis o años".
"Francia también los ha interpuesto, los interpuso con nosotros y en sus fronteras con Italia llevan cuatro o cinco años para cortar los movimientos secundarios, es decir, que los migrantes no pasen de un lado a otro", ha señalado.
Marlaska no ha ocultado, por ello, su "preocupación" por el hecho de que se "vayan establecimiento esos controles con esa finalidad" y ha interpelado a la la Comisión Europea por "su papel decisivo a la hora de establecer las pautas".
También ha hecho alusión a la crisis migratoria en Canarias. Ha dicho que espera que la nueva Comisión Europea "asuma el compromiso" dentro del marco financiero de la UE para que deba y pueda haber más inversión en origen, en África, y más ayuda al desarrollo para poder atajar el problema de los menores migrantes que llegan solos a Canarias.
Por otro lado, el ministro del Interior también ha descartado el traspaso del control de fronteras y migración a la Generalitat de Cataluña, puesto que la competencia es "exclusiva" del Estado y del Gobierno.
"Esas no son susceptibles de ser transferidas", ha remarcado el responsable de Interior en alusión al pacto firmado entre el PSOE y Junts en el marco de la investidura de Pedro Sánchez.
En concreto, el acuerdo recogía el traspaso de competencias de migración a la Generalitat a través del artículo 150.2 de la Constitución y con "una ley orgánica específica para Cataluña".
Este artículo señala que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".
Al respecto, el ministro ha aclarado que las competencias que podrían transferirse serían las relativas a la gestión de servicios sociales o las políticas de inclusión de los migrantes.
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