ALMERÍA.- El Grupo Municipal Podemos-IU-Verdes, representado por su portavoz Alejandro José Lorenzo, ha presentado una serie de alegaciones a la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por la Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable y Saneamiento del Ayuntamiento de Almería.
Esta acción tiene lugar en respuesta a la
propuesta de incremento tarifario del 35,49% prevista para el ejercicio
fiscal de 2025, que según el grupo, afectará significativamente a la
ciudadanía en un contexto económico marcado por una alta inflación
El equipo municipal de Podemos-IU-Verdes ha expresado su rechazo ante lo
que consideran una subida excesiva, incluyendo en su justificación
elementos como la revisión del IPC, el incremento en el uso de agua
desalada y el coste asociado a la gestión de lodos.
Según la agrupación
política, esta subida no se justifica con los datos presentados, y
critican la falta de transparencia en la gestión de Aqualia, la empresa
concesionaria del servicio de agua en Almería.
El documento destaca que el Ayuntamiento de Almería ha mostrado una
actitud complaciente hacia la empresa, aprobando la información recibida
de Aqualia sin llevar a cabo controles suficientes para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones.
Esta falta de transparencia ha
impedido, según Podemos-IU-Verdes, la obtención de datos claros sobre
los beneficios reales que obtiene la empresa a través de la gestión del
servicio.
Entre las principales propuestas incluidas en las alegaciones,
Podemos-IU-Verdes solicita la realización de informes que aclaren con
precisión el coste real del servicio y el margen de beneficios de
Aqualia. Argumentan que, sin estos datos, la ciudadanía se ve obligada a
pagar precios inflados que benefician a la empresa concesionaria.
Una de las propuestas más relevantes es la remunicipalización del
servicio de agua, a través de la creación de una empresa pública que
gestionaría directamente el suministro.
Según Podemos-IU-Verdes, esto
permitiría reinvertir los beneficios en la mejora del servicio y reducir
los costes para los ciudadanos. La remunicipalización garantizaría que
el agua, como un bien esencial, no fuera explotada con fines de lucro.
El grupo municipal también pide una revisión de los pliegos de
condiciones con Aqualia, mientras no se pueda proceder a la recuperación
y gestión directa del servicio, proponiendo que los costes adicionales
asociados al uso de agua desalada sean asumidos por la propia empresa,
en lugar de trasladarse a los ciudadanos.
En su argumentación, destacan
que el agua es un bien de primera necesidad y no debería ser objeto de
especulación económica.
Otra de las alegaciones propone la implementación de un Mínimo Vital
Hídrico, que consistiría en un consumo mínimo de agua exento de pago
para todos los ciudadanos, con bonificaciones adicionales para las
personas más vulnerables.
Esta medida pretende garantizar el acceso al
agua para aquellos que lo necesitan, sin verse afectados por los
incrementos tarifarios. También proponen una simplificación de los
trámites burocráticos para que más personas en situación de
vulnerabilidad puedan acceder a las bonificaciones que ya existen.
En busca de una mayor sostenibilidad, Podemos-IU-Verdes aboga por
aplicar tarifas más altas a actividades con consumos extraordinarios de
agua, como los campos de golf o la hostelería. El objetivo es incentivar
una gestión más eficiente de los recursos hídricos y penalizar aquellos
usos que supongan un desgaste injustificado del agua.
Finalmente, en sus alegaciones, el grupo se pronuncia sobre la mala
gestión histórica de los recursos hídricos en Almería, particularmente
en relación con los Pozos de Bernal, que han sido sobreexplotados
durante años. Solicitan un estudio detallado que justifique la
explotación de estos recursos y depure responsabilidades, para asegurar
que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Con estas alegaciones, el Grupo Municipal Podemos-IU-Verdes se posiciona a favor de una gestión del agua que sea más justa, transparente y sostenible. La propuesta busca aliviar la carga financiera sobre los ciudadanos, garantizar el acceso al agua como un derecho universal y proteger los recursos hídricos de Almería.
Al mismo tiempo, hacen un llamado a la responsabilidad del Ayuntamiento para que aplique un mayor control sobre las empresas concesionarias y evite el incremento desmesurado de los precios.
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