ALMERÍA.- El PP va a impulsar una iniciativa con la que pretende endurecer e incluir penas de cárcel para los delitos relacionados con los enganches irregulares a la red eléctrica vinculados a plantaciones de marihuana al entender que las condenas actuales por defraudación eléctrica no son los suficientemente disuasorias dado el nivel de reincidencia.
La formación ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que se apuesta por propiciar la modificación del Código Penal del delito de defraudación, recogido en el artículo 255, mediante la creación de un nuevo tipo agravado que contemple "el perjuicio al interés público y a los usuarios de las conductas relacionadas con el cultivo y tráfico de drogas".
La iniciativa ha sido presentada esta semana en Almería por las diputadas nacionales del PP Ana Martínez Labella y Maribel Sánchez Torregrosa, junto con los senadores Luis Rogelio Rodríguez y Carmen Belén López, quienes han detallado en una nota que tan solo el año pasado "en las ocho provincias andaluzas se desmantelaron una media de 40 fraudes a la semana".
Los 'populares' ven conveniente que la graduación de la pena del nuevo tipo agravado del artículo 255 sea de uno a tres años de prisión y lleve aparejada de seis a 18 meses de multa para estar en consonancia con "países de nuestro entorno".
En este sentido, los representantes del PP han detallado que en países como Alemania la pena privativa de libertad es de hasta cinco años mientras que en Italia se contemplan penas de cárcel de seis meses a tres años toda vez que en Francia la pena de prisión se eleva hasta los tres años con multas de hasta 45.000 euros.
"Entendemos que es necesaria una modificación del Código Penal porque la gravedad del delito no se corresponde con las penas establecidas que no son lo suficientemente disuasorias, lo que provoca la reincidencia", han explicado antes de señalar que actualmente "se incluyen penas de multa de hasta 12 meses por el delito de defraudación de fluido eléctrico, pero en ninguno de los casos se aplica pena privativa de libertad".
Martínez Labella ha indicado que el fraude eléctrico ha experimentado un "importante auge" en España durante los últimos años hasta convertirse "en un serio problema que está causando importantes perjuicios económicos y sociales, además de suponer un riesgo para la seguridad de las personas".
En el caso de la provincia de Almería, la diputada del PP ha manifestado que esta actividad "se está extendiendo por muchos de los barrios de la capital donde proliferan los 'narcopisos'" y también por municipios de la provincia, por lo que ha pedido al Gobierno de España que "tome medidas para atajar el problema".
Martínez Labella ha señalado que a corto plazo es "fundamental" que el Gobierno refuerce con medios materiales y humanos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para "luchar contra los cortes y fraudes eléctricos".
Según ha expuesto, en los últimos cinco años los casos de manipulación de las instalaciones eléctricas "han crecido un 35%, y los vinculados a las plantaciones de marihuana casi un 70%".
Asimismo, ha llamado la atención sobre las "alarmantes" cifras que se dan en Andalucía, puesto que "mientras en Jaén el incremento de plantaciones vinculadas a la marihuana asciende al 36%, en Almería el porcentaje alcanza el 90%, y se sitúa en el 193% en Cádiz y el 200% en Málaga", según ha afirmado.
"En Almería capital, en 2023, en 51 intervenciones policiales, se cortaron 2.611 suministros por enganche ilegal, una media de 50 cortes a la semana. En el primer trimestre de este año, en 12 intervenciones se han cortado 758 suministros, 58 cortes a la semana", ha advertido.
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