NÍJAR.- La Mesa del Tercer Sector de Níjar ha criticado el desalojo y
la demolición en las últimas horas de un asentamiento de infraviviendas
por parte del Ayuntamiento "sin que haya habido coordinación" con las
entidades sociales y ha lamentado que la actuación haya dejado "sin
solución habitacional digna a 25 personas".
"Desconocemos los motivos por los que el Ayuntamiento ha decido realizar el desalojo en estos momentos, cuando la alternativa propuesta, las viviendas en Los Grillos, aún no está lista para ser habitada", ha trasladado en un comunicado que suscriben Cáritas, Andalucía Acoge, Cepaim, Médicos del Mundo, Mercedarias de la Caridad, Mujeres en Zona de Conflicto, y el Servicio Jesuita de Migraciones.
Las entidades han señalado que "la nueva falta de planificación" para llevar a cabo el desalojo, que se ha producido en el asentamiento ubicado en la Avenida de la Constitución con "palas excavadoras", ha hecho que haya sido "necesario de nuevo recurrir a la fórmula de realojo provisional".
Según han precisado, el Ayuntamiento ha ofrecido un "realojo provisional" en un módulo prefabricado colectivo a 17 de las personas que residían en este asentamiento, mientras que los otros ocho moradores se han desplazado a otros poblados de infraviviendas.
Fuentes municipales han confirmado este extremo y han señalado que se ofreció a todos los afectados el traslado a las viviendas habilitadas en un polígono, si bien algunos prefieron optar por alojarse con allegados en otras zonas.
Han remarcado que en los módulos prefabricados colectivos "hay todavía más de una veintena de personas" que fueron desalojadas para el derribo del gran asentamiento conocido como 'El Walili' "hace ya más de un año".
La Mesa del Tercer Sector ha reprochado al Ayuntamiento que haya actuado de "manera unilateral y sin ningún tipo de coordinación" pese a que, según ha subrayado, "en diversas reuniones el gobierno municipal había manifestado su voluntad de cooperar y de abrir un cauce fluido de colaboración y diálogo con las entidades sociales para lograr una solución al problema de la infravivienda".
Ha explicado que esta solución, al contrario de lo sucedido en la mañana del jueves, pasa "por un realojo previo al desalojo que ponga en el centro los derechos de las personas y las alternativas habitacionales dignas".
"Este tipo de desalojos y demoliciones sólo contribuyen a incrementar el problema de exclusión y precariedad en la que viven estas personas, trabajadores agrícolas y vecinos de la zona", ha advertido.
En esta línea, las entidades sociales han apuntado que "no se deben repetir desalojos que se basan en decisiones y actuaciones políticas que ya han fracasado anteriormente" y ha remarcado que se necesitan soluciones "que pongan en el foco los derechos".
La Mesa del Tercer Sector ha abogado por seguir el documento que elaboró en noviembre de 2023 titulado 'Intervención social en asentamientos. Búsqueda de alternativas y erradicación de asentamientos en Níjar, que se "presentó y dialogó con el Ayuntamiento", según ha remarcado.
"Seguimos considerando que las propuestas allí indicadas deben marcar las pautas de actuación que, en este caso, no se han seguido de manera adecuada, en detrimento de los derechos y condiciones de las personas afectadas y reiteramos nuestra convicción de que cualquier desalojo sin alternativas habitacionales dignas no es un procedimiento aceptable para las personas afectadas ni una solución adecuada para esta situación que no sólo daña a quienes la padecen directamente, sino que también daña a la imagen de toda la provincia y del sector agroalimentario en particular", ha concluido.
"Desconocemos los motivos por los que el Ayuntamiento ha decido realizar el desalojo en estos momentos, cuando la alternativa propuesta, las viviendas en Los Grillos, aún no está lista para ser habitada", ha trasladado en un comunicado que suscriben Cáritas, Andalucía Acoge, Cepaim, Médicos del Mundo, Mercedarias de la Caridad, Mujeres en Zona de Conflicto, y el Servicio Jesuita de Migraciones.
Las entidades han señalado que "la nueva falta de planificación" para llevar a cabo el desalojo, que se ha producido en el asentamiento ubicado en la Avenida de la Constitución con "palas excavadoras", ha hecho que haya sido "necesario de nuevo recurrir a la fórmula de realojo provisional".
Según han precisado, el Ayuntamiento ha ofrecido un "realojo provisional" en un módulo prefabricado colectivo a 17 de las personas que residían en este asentamiento, mientras que los otros ocho moradores se han desplazado a otros poblados de infraviviendas.
Fuentes municipales han confirmado este extremo y han señalado que se ofreció a todos los afectados el traslado a las viviendas habilitadas en un polígono, si bien algunos prefieron optar por alojarse con allegados en otras zonas.
Han remarcado que en los módulos prefabricados colectivos "hay todavía más de una veintena de personas" que fueron desalojadas para el derribo del gran asentamiento conocido como 'El Walili' "hace ya más de un año".
La Mesa del Tercer Sector ha reprochado al Ayuntamiento que haya actuado de "manera unilateral y sin ningún tipo de coordinación" pese a que, según ha subrayado, "en diversas reuniones el gobierno municipal había manifestado su voluntad de cooperar y de abrir un cauce fluido de colaboración y diálogo con las entidades sociales para lograr una solución al problema de la infravivienda".
Ha explicado que esta solución, al contrario de lo sucedido en la mañana del jueves, pasa "por un realojo previo al desalojo que ponga en el centro los derechos de las personas y las alternativas habitacionales dignas".
"Este tipo de desalojos y demoliciones sólo contribuyen a incrementar el problema de exclusión y precariedad en la que viven estas personas, trabajadores agrícolas y vecinos de la zona", ha advertido.
En esta línea, las entidades sociales han apuntado que "no se deben repetir desalojos que se basan en decisiones y actuaciones políticas que ya han fracasado anteriormente" y ha remarcado que se necesitan soluciones "que pongan en el foco los derechos".
La Mesa del Tercer Sector ha abogado por seguir el documento que elaboró en noviembre de 2023 titulado 'Intervención social en asentamientos. Búsqueda de alternativas y erradicación de asentamientos en Níjar, que se "presentó y dialogó con el Ayuntamiento", según ha remarcado.
"Seguimos considerando que las propuestas allí indicadas deben marcar las pautas de actuación que, en este caso, no se han seguido de manera adecuada, en detrimento de los derechos y condiciones de las personas afectadas y reiteramos nuestra convicción de que cualquier desalojo sin alternativas habitacionales dignas no es un procedimiento aceptable para las personas afectadas ni una solución adecuada para esta situación que no sólo daña a quienes la padecen directamente, sino que también daña a la imagen de toda la provincia y del sector agroalimentario en particular", ha concluido.
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