MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la tarde de este domingo una orden ministerial en la que el Ministerio de Sanidad detalla cómo se llevará a cabo la "cogobernanza" junto a las comunidades autónomas del plan de desescalada previsto tras el confinamiento por la crisis del coronavirus. según recoge El Mundo.
La principal novedad es que los gobiernos regionales podrán sugerir
cambios, como, por ejemplo, que la "unidad territorial" no sea la
provincia, sino determinadas áreas más pequeñas. Aunque "se procurará"
que las decisiones sean "consensuadas", la última palabra la tendrá el
ministerio.
"De manera motivada, podrán establecerse ámbitos de
aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto",
reza la orden. Para ello, las comunidades tendrán que elaborar
propuestas en las que se especifiquen los motivos por los que
determinada zona o comarca tiene una "homogeneidad" que le permite
diferenciarse del resto de la provincia.
Además, deberán aportar
"garantías de movilidad y aislamiento que se aplicarían en ese
territorio respecto al resto de la provincia o de la comunidad
autónoma". Se trata de una de las peticiones más repetidas por parte de
los presidentes autonómicos, que no quieren que las zonas rurales o
menos pobladas dependan de la situación del coronavirus en las ciudades,
por ejemplo.
Precisamente, es algo que han demandado, este domingo, líderes regionales como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Javier Lambán (Aragón) en la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.
Este
último ha señalado que la provincia, como unidad de acción, "no es muy
conveniente para algunas comunidades" en las que que, como Aragón, el
76% de los municipios ocupan el 73% del territorio y apenas agrupan al
12% de la población. Gran parte del territorio reúne características que
en Europa se denominan "desiertos demográficos", ha añadido.
Primeras propuestas, antes del 6 de mayo
Una
vez recibida la propuesta, el Ministerio de Sanidad la estudiará
conjuntamente con la comunidad o ciudad autónoma en cuestión, oídos
asimismo a los ministerios competentes por razón de la materia. La
decisión, que en todo caso se procurará que sea consensuada, la adoptará
el ministerio que dirige Salvador Illa.
Las
propuestas "serán remitidas al Ministerio de Sanidad, a través de la
Secretaría General de Sanidad, por la autoridad sanitaria competente de
cada comunidad autónoma o ciudad autónoma", reza el texto.
Salvo
circunstancias "debidamente justificadas", la primera propuesta se
remitirá "antes del 6 de mayo a las 14.00 horas, y las sucesivas
propuestas, al menos, con una semana de antelación a la fecha propuesta
para su aprobación", añade la orden ministerial.
Sanidad estudiará las propuestas conjuntamente con las comunidades
autónomas, y "durante este análisis conjunto se producirá, al menos, una
reunión bilateral de carácter virtual entre el Ministerio de Sanidad y
la consejería con competencias en materia sanitaria de la comunidad o
ciudad autónoma solicitante".
La decisión sobre el avance o retroceso
Estas reuniones bilaterales las han pedido también este domingo las comunidades del PP, así como Cataluña y País Vasco (aunque demandan autonomía total de actuación).
Las
comunidades autónomas también podrán plantear "alguna actividad no
contemplada entre las actividades permitidas en las diferentes fases".
Sus propuestas "deberán efectuar un análisis de riesgos y estar en
consonancia con el grado de desescalada apropiado según la información
epidemiológica y sanitaria existente", agrega la orden.
La
decisión sobre el avance -o retroceso- de fase en los diferentes
territorios "corresponderá al Ministro de Sanidad", y no estará
estrictamente sujeta al calendario. "La desescalada no se concibe como
un proceso matemático ni automático, sino que deberá desarrollarse en
función de la evolución de la epidemia y de las capacidades estratégicas
de los servicios sanitarios".
Requisito de camas de UCI
Sanidad pone como "requisito
imprescindible" para tomar en consideración la propuesta de cada
autonomía "tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de
cinco días entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes".
Además, tener capacidad para instalar, también en cinco días, "entre 37 y
40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes".
En la misma línea, Illa ha recomendado que las comunidades autónomas
mantengan el número de profesionales sanitarios durante la desescalada y
que se refuercen los servicios de atención primaria que, a su juicio, "van a tener un papel clave".
"Será
también requisito indispensable para la toma en consideración de las
propuestas enviadas que la comunidad autónoma proponente siga dando
cumplimiento efectivo, puntual y con la debida calidad a las
obligaciones de remisión de información", asegura Sanidad.
En particular, "sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al ministerio"
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