MADRID.- España se topa por segunda vez en escasas semanas con un litigio
provocado por sus vecinos magrebíes a cuenta de la soberanía marítima.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha rechazado este
miércoles la delimitación que realizó Argelia en 2018 para apropiarse de
aguas que se solapan con las españolas.
Aunque el decreto argelino que
se arrogaba las aguas próximas a la isla de Cabrera (al sur de Mallorca)
se aprobó hace casi dos años, la medida, adoptada sin negociar con
España, ha pasado desapercibida hasta ahora.
“No estamos de acuerdo y lo
pusimos en su conocimiento [de Argelia]”, ha señalado la ministra en
conferencia de prensa en el Ministerio de Exteriores. González Laya
viajará la próxima semana a Argel y abordará este asunto —entre otros—
con las autoridades del país africano.
La ministra ha querido trazar una barrera entre este caso y otro muy similar ocurrido recientemente con Marruecos.
“Al contrario que Marruecos, que solo ha expresado un interés por
delimitar sus aguas, Argelia ya presentó su visión de cómo
delimitarlas”, ha explicado, en referencia a que Rabat, aunque ha
aprobado en su Parlamento una nueva delimitación de aguas, no detalla
exactamente a qué zonas afectaría.
Aun así, González Laya ha restado
dramatismo al movimiento argelino al explicar que no es válido sin
pactarlo con España: “Lo que dice la convención sobre el derecho del mar
de la ONU es que ahora viene la negociación, cosa que todavía no ha
ocurrido”.
La primera oportunidad para tratar este asunto se producirá el
próximo miércoles, en la visita que la ministra realizará a Argelia y
que se había demorado desde los primeros días de su mandato.
Se trata de
un país estratégico para España porque le suministra aproximadamente la
mitad del gas que consume. Ese Estado norteafricano vive tensiones
desde hace un año, cuando las protestas hicieron caer al presidente Abdelaziz Buteflika tras 20 años en el poder, recuerda El País.
El Gobierno balear había pedido al Ejecutivo central
que aclarara el “conflicto diplomático” iniciado por Argelia porque el
decreto amplía su zona económica exclusiva en el Mediterráneo y, en la
práctica, invade parte de las aguas del Parque Nacional de Cabrera, de
competencia estatal.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno
regional, Miquel Mir, sospecha que uno de los objetivos de la
modificación de las aguas argelinas es abrir la puerta a futuros
proyectos de prospección de hidrocarburos, a los que el Gobierno de la socialista Francina Armengol ha mostrado su total rechazo en los últimos años.
Tras tener conocimiento de las modificaciones impulsadas por el país del
norte de África, el consejero de Medio Ambiente envió la semana pasada
una carta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que explique las acciones desarrolladas con Argelia para aclarar el conflicto.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno balear es que en
la franja de interferencia de las aguas provocada por la ampliación de
la jurisdicción argelina se puedan desarrollar nuevos proyectos de
prospección de hidrocarburos.
“Ya hemos expresado de forma taxativa
nuestra disconformidad” ha recalcado Mir. Argelia aprobó el decreto para
expandir sus aguas en abril de 2018 pero solo ahora ha pedido la
Administración autonómica que se aclare si la invasión de las aguas del
Parque Nacional de Cabrera abre la puerta a las prospecciones.
Entre los proyectos que siguen activos figura el de
investigación de hidrocarburos MedSalt-2, promovido por el Instituto
Nacional de Oceanografía y de Geofísica Experimental de Trieste, que
pretendía explorar el subsuelo marino en las áreas comprendidas entre
Ibiza y Mallorca y al sur de las Pitiusas.
El pasado mes de noviembre,
el Ministerio de Transición Ecológica pidió el archivo de los trámites
de evaluación ambiental y algunas entidades ecologistas como Alianza Mar
Blava presentaron más de 43.000 alegaciones ciudadanas y exigieron de
forma reiterada el archivo definitivo del proyecto.
La ampliación del Parque Nacional de Cabrera en febrero del año pasado,
cuando pasó de 10.000 a 90.000 hectáreas protegidas, también provocó un
conflicto jurisdiccional entre la Administración regional y la central.
El pasado mes de julio el Ejecutivo de Armengol recurrió al Tribunal
Supremo para exigir la gestión completa del parque, incluidas las aguas
exteriores que fueron declaradas de competencia estatal porque el
Gobierno no constató evidencias científicas de continuidad ecológica
entre las islas del archipiélago de Cabrera y el área marina.
La
Abogacía de la comunidad autónoma argumentó que antes de la ampliación
ya se encargaba de la gestión completa del parque. El asunto continúa en
los tribunales.
En el otro caso de disputas marítimas, el de Marruecos, la alerta
sobre el intento de adjudicarse aguas que se solapan con las españolas
—en esa ocasión, en la zona de Canarias— trascendió en vísperas del
viaje de la ministra a Rabat, en la que constituyó su primera visita
bilateral tras tomar posesión.
Exteriores considera la cuestión
argelina, que viene de lejos aunque se ha conocido ahora porque la ha
suscitado el Parlamento balear, más inamistosa que la de Marruecos. El
motivo es que el decreto argelino sí especificaba exactamente los
límites de sus aguas de explotación económica, que coinciden con las de
esa isla balear.
Cuando existe desacuerdo entre dos Estados sobre sus espacios
marítimos exclusivos se puede recurrir ante la ONU, en concreto ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Sin el visto bueno de
este organismo, la delimitación no es válida internacionalmente, aunque
cualquier país puede decidir actuar unilateralmente.
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