ALMERÍA.- La Fiscalía ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que absolvió de prevaricación al exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas,
Cándido Trabalón, así como a seis exediles de la corporación municipal
al estimar que la jueza no resolvió al fallar la cuestión principal que
pasa por determinar cuál era la clasificación de suelo en el que
autorizaron la construcción de cinco viviendas unifamiliares.
La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 señalaba que no había quedado acreditado durante la vista oral el "carácter no urbanizable"
de las parcelas en las que se concedió licencia municipal de obras ni
que los exintegrantes de la corporación municipal otorgasen licencias "a sabiendas" de que eran supuestamente injustas
El Ministerio Público indica, sin embargo, que la jueza no define cuál era tal calificación y critica que "se acoja" a una sentencia no firme de lo contencioso-administrativo para justificarlo argumentado que esa "cuestión no está resulta por otro orden jurisdiccional".
El recurso de apelación considera que la jueza ha incurrido en la "quiebra de las normas y garantías procesales" al dictar fallo absolutorio al tiempo que interpreta su postura como que no ha podido "determinar que legislación se ha de aplicar, algo que, a todas luces es improcedente e irregular".
"Y consecuencia de todo ello --ahonda la fiscal-- es un sentencia
con falta de motivación que priva al órgano superior de que pueda
ejercer correctamente su función fiscalizadora pues ignora los
argumentos de la juzgadora para valorar si estos son o no correctos, por
lo que el vicio alegado es ya insubsanable en segunda instancia".
Así, interesa que se declare la nulidad de la sentencia, e incluso, del juicio celebrado en diciembre para que "se celebre uno nuevo por distinto juzgador y salvar el principio de imparcialidad objetiva".
En caso de que no se estimase la primera de las alegaciones, el Ministerio Público
pide, aludiendo a un error en la apreciación de la prueba, que se
modifiquen los hechos probados de la sentencia ya que, según señala, los
acusados sí que eran conocedores de que la parcela edificada tenía la
consideración de suelo no urbanizable, por lo que a "conciencia" habrían
creado ellos mismos "de manera artificial esa aparente controversia" sobre la clasificación del terreno.
Alude a que la propia jueza calificó en su fallo de "inaceptables las alegaciones" que hicieron en juicio sobre que "desconocían" la normativa urbanística aplicable y apunta como prueba de cargo a las "evidentes y clarificadoras" fotografías aéreas que demuestran que no existían "equipamientos propios de las tramas urbanas como calles, acerado o suministros"
en esa parcela de 'El Cucador' tal y como exigen las Normas
Subsidiarias (NNSS) Provinciales para que un suelo sea considerado
urbano.
"Esto que sostenemos lo saben perfectamente los acusados como se
deduce también de los informes jurídicos y técnicos que se emitieron
para conceder las cinco licencias", apuntilla para, a continuación,
subrayar que, al menos el promotor de la obra, reconoció que lo único
que pretendían era "transformar por la vía de hecho el suelo rústico en
urbano, al margen de todo planeamiento y hurtando las competencias que
para la adecuada ordenación del territorio tiene la Comunidad Autónoma".
La fiscal, que se muestra no obstante conforme en última instancia
con la absolución del promotor J.M.U.M y del director de obra F.S.G.,
concluye que las cinco licencias son "nulas" por incumplir "de una manera u otra" las exigencias recogidas en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), algo que "no podían ignorar los acusados si consideramos que las anomalías cometidas son muy básicas y primarias".
En la causa estaban acusados por presuntos delitos de
prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio,
además de Trabalón, seis exconcejales de PA, PSOE y PP, entre ellos el
exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, así como el promotor de la
obra, el director técnico, y el técnico municipal.
Trabalón se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050
años de inhabilitación para cargo público en el marco del conocido como
caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que también
están procesadas otras 24 personas, entre ellas exediles de la
corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de
ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como
máximo nueve años de cárcel.
El juez instructor de la causa ordenó hace unos días la apertura
de juicio oral por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental,
prevaricación urbanística, desobediencia, negociación prohibida a
funcionarios y contra la ordenación del territorio y resolvió imponer a
Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el
PP, una fianza civil de 571.147 euros.
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