ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería ha encontrado indicios racionales que apuntan a que los grupos empresariales implicados en la presunta trama de corrupción política y mercantil que se investiga a través del caso 'Poniente', en El Ejido, podrían haber incurrido en varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del impuesto de sociedades.
Así se recoge en un auto dictado por el órgano en el que insta a los responsables de las subcontratas que operaban con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada el eje de la presunta trama, a que, si lo estiman oportuno, pidan realizar una declaración ampliatoria para esclarecer los pormenores del supuesto fraude fiscal, según han precisado hoy mismo fuentes judiciales.
La resolución que amplía los delitos investigados, que hasta ahora era los de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, deriva de los indicios que se desprenden de al menos cinco informes periciales que la anterior instructora de la causa, la magistrada Montserrat Peña, solicitó a la Agencia Tributaria (AEAT) mediante un oficio liberado en agosto de 2010 y en los que se analiza la documentación contable que durante la investigación se ha intervenido a los principales imputados.
En concreto, los citados informes que se han proveído en julio y septiembre señalan que entre los años 2002 y 2009 las mercantiles que subcontrataban con Elsur y que aparecen vinculadas al denominado 'Grupo Amate', liderado por el empresario sevillano José Amate; al 'Grupo Galán', encabezado por el empresario madrileño Juan Antonio Galán; al conocido como 'Grupo Abengoa' y a los también imputados Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, pudieron incurrir en fraude fiscal.
Los documentos periciales emitidos por la AEAT señalan, asimismo, que en el mismo periodo temporal, los grupos Amate, Galán y Abengoa "sobrefacturaron" a la empresa mixta un total de 53,917 millones de euros, cuantía que excluye los servicios fuera de canon y en la que solo se contabilizan conceptos contemplados en el pliego de condiciones y pactados anualmente con el Ayuntamiento ejidense gobernado por el exregidor Juan Enciso (PAL), encarcelado durante ocho meses por su implicación en la presunta trama corrupta.
En el caso del 'Grupo Amate', el organismo cifra la sobrefacturación a Elsur, a la que se refiere como una sociedad "instrumental" para ejecutar el "desvio patrimonial", en alrededor de 20 millones de euros y apunta a que el beneficio obtenido por el empresario era de un 44 por ciento sobre las ventas y alcanzaba un 79,49 por ciento sobre las compras. Las empresas a través de las que actuó son Alseconsa Indalo SL, Jarbauros Obras y Servicios SL, Merfaoran Servicios SL, Carseal Servicios SL, Francenta Servicios SL y Mafran Obras y Servicios
Un informe pericial anterior de la propia Agencia Tributaria señalaba a José Amate, quien también fue encarcelado y está en libertad provisional, como el "individuo aglutinador" en torno a quien se gestó un "grupo criminal perfectamente estructurado" con la "finalidad" de "retraer" dinero del Ayuntamiento de El Ejido.
Para ello se "servía" de la empresa municipal y articulaba "una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar". Por otro lado, el 'Grupo Amate' habría articulado tres sociedades patrimoniales --Merfaros, Almarire Servicios SL y Avilama-- destinatarias de parte de los "superbeneficios obtenidos a través de facturas no ciertas" a las otras seis mercantiles del grupo, a su vez subcontratas de Elsur".
Con respecto al denominado por la instrucción 'Grupo Galán', también principal en la presunta trama de corrupción y a cuyo frente se sitúa Juan Antonio Galán, la AEAT señala que habría sobrefacturado de Elsur a través de las empresas Lobelia Gestión, Jardines del Alcor y Jardines del Poniente un total de 6,5 millones de euros. Este grupo tenía una carácter "eminentemente familiar" y su entramado tenía como "principal fuente de financiación" la facturación que realizaba al Ayuntamiento
En el caso del Grupo Abengoa, integrado por tres empresas, la "sobrefacturación" a costa de la empresa mixta Elsur que se recoge por los peritos en el informe emitido por la Agencia Tributaria oscila entre el diez y el seis por ciento del total de la facturación. Elsur está participada en un 30 por ciento por este grupo, pese a que, según resaltan los técnicos, "no cobra dividendos, a los que tendría derecho como titular del mencionado 70 por ciento del capital".
Los datos que ya se recogían en las diligencias de investigación sobre Agua y Gestión de Servicios Urbanos SL, Befesa Agua SA, Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, "concordaban" según señaló la AEAT, con el presunto "mecanismo fraudulento" tejido por la trama investigada para "beneficiarse de una gestión de los servicios públicos complaciente con sus intereses, lo que les permitió una facturación sobrevalorada con servicios inexistentes o manipulados". "Cabe sospechar --ahondaba-- que las cantidades cobradas por el Grupo Abengoa podrían corresponder a una compensación por renunciar a la gestión de Elsur y al cobro del 70 por ciento de los beneficios".
El caso 'Poniente' estalló el 20 de octubre de 2008 con la intervención por parte de la Policía Nacional del Ayuntamiento de El Ejido, gobernado entonces por el PAL liderado por el exregidor Juan Enciso, y la detención de 20 personas entre las que se encontraban el propio Enciso, el exinterventor municipal José Alemán, los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, además de sus entornos familiares. Dos meses después la juez instructora ordenaba el arresto de los tres hermanos propietarios del Grupo Lirola.
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