ALMERÍA.- La convocatoria de unas oposiciones en la Diputación de Almería para ocupar puestos de redactor en la emisora ACL, y no exige ni valora que los candidatos estén en posesión del titulo de Licenciado en Periodismo, el Patronato de Turismo de Granada, dependiente de su Diputación, o el Ayuntamiento de Níjar para su gabinete de prensa, si lo exigen, revela 'Noticias de Almería'.
El caso almeriense provocó una fuerte contestación por parte de la Asociación de la Prensa que señaló que muestra su descontento con la Diputación por no haber hecho caso a ninguna de sus peticiones y reivindicaciones con referencia a las plazas ahora convocadas y que denunció la AP-APAL el 17 de noviembre de 2006 señalando su desacuerdo con la oferta de empleo público que se avanzó entonces. Es por esto que la AP-APAL exige una rectificación a la convocatoria.
Las bases de la convocatoria de las cinco plazas de redactor/a de la ACL han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 28 de septiembre y en los apartados de méritos profesionales y de función básica del puesto, contemplan perfectamente labores de un periodista o licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es curioso que en los méritos académicos se refiera a una diplomatura y no valore con mayor puntuación, ni se tenga en cuenta siquiera, una licenciatura en Comunicación.
Es inconcebible que una plaza definida específicamente en las bases como de periodista, incluso con la denominación de redactor/a, sea convocada para el subgrupo C-1 (equivalente a administrativo, con estudios de bachillerato) y ni siquiera contemple como requisito indispensable o, al menos, mérito la licenciatura correspondiente que existe en nuestro país desde hace más de treinta años o el estar inscrito en el registro de periodistas que custodia la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
De otra parte, el mismo BOP de 28 de septiembre anuncia que se ha convocado oposición para cubrir en propiedad dos plazas de redactor/a jefe (subgrupo A-1) de la misma ACL como personal laboral, con la condición de estar en posesión del título de licenciado en Ciencias de la Información o Periodismo.
El caso almeriense provocó una fuerte contestación por parte de la Asociación de la Prensa que señaló que muestra su descontento con la Diputación por no haber hecho caso a ninguna de sus peticiones y reivindicaciones con referencia a las plazas ahora convocadas y que denunció la AP-APAL el 17 de noviembre de 2006 señalando su desacuerdo con la oferta de empleo público que se avanzó entonces. Es por esto que la AP-APAL exige una rectificación a la convocatoria.
Las bases de la convocatoria de las cinco plazas de redactor/a de la ACL han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 28 de septiembre y en los apartados de méritos profesionales y de función básica del puesto, contemplan perfectamente labores de un periodista o licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es curioso que en los méritos académicos se refiera a una diplomatura y no valore con mayor puntuación, ni se tenga en cuenta siquiera, una licenciatura en Comunicación.
Es inconcebible que una plaza definida específicamente en las bases como de periodista, incluso con la denominación de redactor/a, sea convocada para el subgrupo C-1 (equivalente a administrativo, con estudios de bachillerato) y ni siquiera contemple como requisito indispensable o, al menos, mérito la licenciatura correspondiente que existe en nuestro país desde hace más de treinta años o el estar inscrito en el registro de periodistas que custodia la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
De otra parte, el mismo BOP de 28 de septiembre anuncia que se ha convocado oposición para cubrir en propiedad dos plazas de redactor/a jefe (subgrupo A-1) de la misma ACL como personal laboral, con la condición de estar en posesión del título de licenciado en Ciencias de la Información o Periodismo.
Curiosamente en estas bases no hay fase de concurso y se plantean dudas referentes a algunas ramas de la licenciatura de Comunicación que podrían verse excluidas. Tampoco es comprensible la diferencia de dos categorías entre las plazas de redactor/a y las de redactor/a jefe, del C-1 al A-1, cuando sólo en teoría debería de haber un escalón de diferencia entre ambos niveles.
Pero esta normativa de la convocatoria es aún más sospechosa si la comparamos con los casos mencionados, el de Granada y el de Níjar, donde dos administraciones públicas sí que exigen y valoran la posesión de la licenciatura.
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