ALMERÍA.- La Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Concapa, ha manifestado que la sanción de 279.000 euros impuesta a un centro religioso de enseñanza en Almería, concretamente al colegio concertado de La Salle, por el cobro indebido de cuotas a padres de alumnos "es desmesurado y va en la línea habitual del Gobierno andaluz de asfixiar económicamente a los centros concertados, al pretender privarles del convenio".
Según expresa el colectivo, la "ley obliga a todos a su cumplimiento y, por tanto, censuramos cualquier tipo de ardid para vulnerar la legalidad, sin que quepan trampas ni componendas, mucho más censurables cuando se proyectan sobre las familias".
Concapa considera que estas situaciones tienen causa "en la injustificada y discriminatoria actitud de algunas administraciones autonómicas, que exigen las mismas obligaciones a los centros sostenidos con fondos públicos pero sin otorgar la correspondiente igualdad de trato, consistente en asignar el mismo importe para cada puesto escolar".
No obstante, la multa final que se ha impuesto a La Salle en Almería estuvo promovida por los padres de un alumno, quienes alertaron del cobro de estas cuotas a lo largo del pasado curso escolar. Así, tras imponer la sanción, el centro presentó alegaciones que fueron rechazadas con lo que, al no haber acuerdo en este plano, se llevó el asunto a los tribunales, según ha explicado la delegada provincial de FETE-UGT, Carmen Vidal.
De esta forma, aunque el juzgado dio la razón en primera instancia a la Junta de Andalucía por su actuación, el centro educativo ha recurrido la sentencia ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con lo que, de momento, el proceso y el cobro de la sanción se encuentran paralizados hasta nueva decisión judicial.
El colectivo Concapa ha solicitado al centro que el boletín de calificaciones de cada alumno se acompañe con los datos que permitan conocer con exactitud a las familias el coste de cada puesto escolar, a fin de concienciar sobre el presupuesto que maneja el órgano escolar. Esta información --también llamada 'factura sombra'-- "permitirá conocer que el derecho a la gratuidad de la educación supone un importante esfuerzo y coste social, a la vez que contribuirá a la transparencia en la gestión del centro", en opinión del colectivo.
Por su parte, el delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Maldonado, ha ratificado este jueves la situación en la que se encuentra este centro así como el concertado 'Divina Infantita', también en la capital, cuya multa por los mismos motivos le fue notificada a final del pasado curso y que, según los sindicatos, "no ha sido recurrida aún" ante la justicia.
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