El Consejo General expresó su "más rotundo rechazo" a la actual regulación y a la contenida en el proyecto de ley actual, ya que esta entidad considera que es "inexplicable e inadecuada en un momento en que la transparencia y los mecanismos de control deben reforzarse por el Estado y las comunidades autónomas para evitar la corrupción municipal".
Asimismo, entiende que "es necesario establecer las garantías necesarias para el ejercicio de estas labores de control con objetividad, imparcialidad y neutralidad evitando que se puedan producir presiones o coacciones".
Para esta entidad, "sin este ejercicio de responsabilidad por parte de la Comunidad Autónoma no puede garantizarse el control interno de los ayuntamientos" y aseguró que alguna autonomía "no puede mirar para otro lado ante hechos como los que se han producido y pueden llegar a producirse en cualquier momento".
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