Así, afirmó que en el entorno europeo "el debate (del ajuste adicional) tiene más que ver con los gastos que con los ingresos" a lo que añadió que "España entrará en la generalidad". Además, afirmó que el Gobierno descarta una gran subida de impuestos y "no está pensando en un cambio de orientación en la política fiscal".
Por otro lado, Ocaña avanzó que habrá "líneas rojas" a la hora de dar un nuevo 'tijeretazo' como el gasto en desempleo y, sin embargo, aseguró que el recorte tendrá que llevarse a cabo también por el lado de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ocaña insistió en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tendrá que revisar el acuerdo marco firmado con las comunidades para acelerar su senda del déficit. "Habrá que volver a sentarse" afirmó Ocaña, quien aseguró que la convocatoria del próximo CPFF no se demorará y que, además, "la discusión será relativamente fácil".
Más aún, señaló que ya hay grupos de trabajo en el seno del CPFF que están estudiando los márgenes de recorte existentes en políticas de sanidad o educación y otros servicios que aportan las comunidades autónomas y que cuyas conclusiones podrían dar lugar nuevas medidas "de carácter normativo o de gestión".
"Hay mucho margen" afirmó para añadir a renglón seguido que ello no tiene por qué afectar a la calidad de los servicios que actualmente prestan los entes autonómicos.
Unos 50.000 millones
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que realizar una reducción del gasto de 50.000 millones de euros, similar a la anunciada por el Gobierno, "para soportar una parte del ajuste presupuestario en proporción al déficit que han contribuido a generar", según los cálculos del economista y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, José Barea.
En una entrevista a la revista de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Barea alerta de que "más de la mitad" del 11,4% del déficit público registrado al cierre de 2009 es estructural, por lo que subrayó las dificultades que tendrá España para situar su déficit por debajo del 3% en 2013 como exige la UE.
"Alcanzar este objetivo representa 800.000 millones de euros, casi un billón, y tienen que colaborar todas las administraciones públicas, entre otras cosas para dar confianza a los mercados de capitales y colocar bien la deuda del Estado, y también las de estas entidades", puntualizó.
En este sentido, el economista argumentó que para reducir el déficit en más de 8 puntos del PIB en cuatro años "harán falta recortes muy drásticos, para los que parece que no hay la suficiente decisión política".
En este sentido, apuntó que como los funcionarios públicos "gozan del privilegio de la estabilidad en el empleo", deberían someterse a congelación durante el próximo cuatrienio la totalidad de sus contribuciones fijas, así como un recorte del 10% en las retribuciones complementarias en cada una de los cuatro años.
En relación a los gastos de funcionamiento de servicios, el economista propone la reducción de los créditos en el 10% de sus importes en cada uno de los años de este periodo de contracción del gasto.
Respecto a cómo obligar a las autonomías y a las corporaciones locales a reducir su gasto, José Barea indica que una forma sería mediante acuerdos con el Gobierno, que de no cumplirse se les deduciría de la recaudación correspondiente por su participación en los principales impuestos generados por el Estado.
En cuanto a la subida del IVA proyectada por el Ejecutivo para el mes de julio, el catedrático explicó que con un alza de dos puntos los ingresos previstos ascenderían a unos 3.000 millones de euros, algo que consideró positivo si se destinasen a reducir el déficit, pero que se tendría que aplicar durante este año y los tres siguientes.
"No sé qué resultado dará, pero en un periodo de recesión subir los impuestos no es lo aconsejable", concluyó el economista.
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