ALMERÍA.- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha llevado a cabo un nuevo registro de papeles y documentos en la Diputación Provincial de Almería. A las nueve de la mañana del pasado lunes y en presencia del letrado de la administración de Justicia, agentes de la Policía Judicial buscaban contratos vinculados con la trama que estalló por las millonarias mordidas que se obtuvieron de la compra de mascarillas y material de protección durante los peores episodios de la pandemia de Covid. Dos días más tarde, la mañana del miércoles, la Diputación Provincial hizo público “un ajuste en su equipo de gobierno” reordenando áreas y competencias.
En esta ocasión los investigadores se centran en contratos de obras anteriores a esos tratos que llevaron a la detención y encarcelamiento preventivo del vicepresidente de la Diputación de Almería. Así, las pesquisas dibujan una trama que operaba perfectamente engrasada antes de los episodios de compras de mascarillas, y que se centraba en adjudicaciones de parques infantiles, obras en cementerios o el programa Acelera.
En el auto del Juzgado de Instrucción nº1 de Almería, se habilita a los investigadores para recabar la información necesaria para situar el origen de la trama y a los procesos que desde 2017 se seguían para presentar ofertas falsas o pactadas entre las distintas empresas de la trama para repartirse los contratos de obras: “no nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la presunta participación de las personas investigadas en la comisión de presuntos delitos contra la administración pública así como contra la hacienda pública”, cita textualmente.
La documentación requerida en este nuevo registro realizado en la Diputación Provincial de Almería se centra, en esta ocasión. en dos empresas concretas, Pulconal y Oyc Servicio Urbanos S.L., y en adjudicaciones hechas en pueblos como Bayarque, Benitagla o Suflí.
Esta investigación es parte de la que se lleva a cabo por mordidas de un millón de euros en la compra de mascarillas mediante procedimiento de urgencia, sin concurso y abonando de forma anticipada 2.000.000 euros. La operación fue firmada y autorizada por el presidente de la Diputación y del Partido Popular de Almería, Javier Aureliano García Molina durante los peores meses de la pandemia en 2020.
El 15 de junio de 2021 la Guardia Civil entraba por primera vez en la Diputación Provincial de Almería con una orden de registro y tras haber detenido a uno de los vicepresidentes de la institución. Horas más tarde caerían hermanos, primos, socios y el alcalde de Fines, también del PP, junto a otra veintena de implicados entre contratistas y políticos.
En 2022 el presidente del Gobierno Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, trataba de quitarle hierro al asunto de las imputaciones de miembros del PP de Almería en el caso mascarillas de la Diputación Provincial, pero tras el estallido del caso Koldo y tras éste el de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la situación de Almería se ha convertido en una olla a presión dentro del Partido Popular.
La institución provincial en la que se centra toda la trama anunció el pasado miércoles, dos días después del nuevo registro policial, una reestructuración de su equipo de gobierno. Cambia responsabilidades y funciones, sin ceses ni dimisiones, al igual que alcaldes que fueron detenidos e imputados siguen en activo.
Más de allá de todo ello está la responsabilidad política que exigen a sus contrarios, como uno de los muchos tuit del diputado popular por Almería Rafael Hernando Fraile que dice textualmente: “Se creó una trama de corrupción en mitad de la pandemia… Caraduras creaban empresas que cobraban comisiones estratosféricas. Mientras la gente moría ellos compraban Ferraris o apartamentos… Los implicados fueron ascendidos o protegidos”.
Obviamente no se refiere al caso mascarillas de Almería.
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