MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha activado un intento de recuperar 140 millones de euros del escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía,
según los datos que ha podido recabar El Mundo en el órgano
fiscalizador. Hay más de 60 piezas separadas abiertas en tres ramas de
investigación por responsabilidad contable y se trabaja en más de un
centenar adicional, lo que está suponiendo una compleja tarea por la
resistencia de las empresas afectadas a pagar y porque se están
produciendo prescripciones dada la larga década transcurrida desde que
se produjeron las irregularidades.
Con todo, la actuación de este órgano fiscalizador del Estado es el
intento más avanzado de intentar reparar en las arcas públicas al menos
parte de los hasta 680 millones de euros que, según la sentencia del caso, fueron distribuidos sin control por la Junta de Andalucía en la anterior etapa socialista.
De la documentación en poder del Departamento Segundo
de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas se desprende que hay 44
piezas abiertas en la rama de «ayudas destinadas a empresas para la
financiación de planes de viabilidad».
En este procedimiento intenta
recuperar 40,5 millones reclamados por la Junta de Andalucía. Ya hay
sentencias firmes para recobrar 10,1 millones y el resto está avanzado
salvo, de momento, 3,5 millones ya perdidos por prescripción.
La
segunda ramificación son las llamadas «ayudas socio-laborales a
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y
empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de
Andalucía en el periodo 2001-2010». Se están tramitando 16 piezas y el
intento es recuperar 35 millones reclamados en su momento por la Junta.
Más
incipiente aún se encuentra el tercer frente para el Tribunal de
Cuentas, que es el de recuperar gastos de gestión y administración
abonados a intermediarios en la contratación de pólizas de seguros
colectivos de prima única.
Se trata de las comisiones cobradas por
mediadores en la cadena de pagos a las aseguradoras para pagar pólizas
en un sistema sin control. El montante solicitado hasta ahora por la
Junta andaluza en este capítulo son 64,3 millones.
El
Tribunal de Cuentas ha dictado hasta ahora una treintena de sentencias
en las que suele condenar a los pagos tras un embargo preventivo al alto
cargo responsable, habitualmente el que fuera director general de
Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, y las empresas receptoras.
La última, publicada el pasado 31 de octubre, condena a Guerrero y a la empresa Roda Textil a pagar 100.000 euros más intereses. Absuelve sin embargo a la presidenta de esta pequeña cooperativa, Florentina del Pozo, como responsable subsidiaria, por considerar que actuó como mera representante legal y no como receptora.
Las
pymes abundan en los expedientes pero también figuran grandes empresas.
«No existe duda alguna de la negligencia grave de FCC en los hechos
enjuiciados que se desprende del conocimiento que tuvo -o debía haber
tenido si hubiese actuado con la diligencia exigible- de la ilegalidad
que se produjo en la recepción de los fondos públicos», señala por
ejemplo la sentencia del pasado 25 de febrero contra esta constructora.
En este fallo, el Departamento Segundo del Tribunal que preside la ex
ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante determina que FCC y FCC Medio Ambiente
son responsables directas del daño causado a los caudales públicos por
las ayudas sociolaborales por importe total de 276.222 euros.
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