CÓRDOBA.- A Susana Díaz se le acumulan los escándalos que
salpican a su partido y/o a su gobierno. El de los ERE, que se juzga en
la Audiencia de Sevilla, es el más paradigmático, pero no el único. El
fraude de la formación sigue, pese a la versión oficial, en
investigación en varios juzgados, lo mismo que Invercaria. Y la supuesta
falsificación de documentos en la Consejería de Educación no contribuye
a despejar los nubarrones de corrupción. Y hay más.
Por si fuera poco, en las últimas semanas un juzgado ha confirmado que la Fundación Guadalquivir, muy ligada al PSOE cordobés y que se nutría de subvenciones de la Junta, cobraba mordidas a sus propios trabajadores, según publica hoy El Mundo.
El enésimo caso de corruptelas en el seno socialista ha vuelto a avivar los ataques de la oposición
y amenaza con hacer saltar por los aires la estrategia de la presidenta
de marcar distancias con los escándalos y desvincularlos del PSOE
actual. Al mismo tiempo, ha dado alas a la oposición.
En la última sesión plenaria del Parlamento andaluz, la coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, emplazó a Díaz a explicara si esta fundación -afín al PSOE- iba a dejar de recibir las subvenciones de las que ha disfrutado desde su puesta en marcha. Pero Díaz se revolvió y demostró hasta qué punto está nerviosa.
La presidenta acusó a Rodríguez de «sectarismo ideológico»
por traer al Parlamento «un caso de hace muchos años» y salió al paso
enumerando las diferentes acciones que su partido estaba llevando a cabo
para luchar contra la corrupción. Nada más.
Como la justicia no
entiende de tiempos, es ahora cuando el Juzgado de lo Social número 3 de
Córdoba ha obligado a la Fundación Guadalquivir Futuro a devolver las cantidades sustraídas a los trabajadores, que eran contratados a través del programa Emplea Joven del Gobierno andaluz.
En total, 5.755 euros que la Fundación tendrá que devolver a tres exempleados tras obligarles a «donar» esa cantidad. «Es como apadrinar a un niño», justificaba el entonces presidente de las Juventudes Socialistas de Córdoba, Cristian Menacho,
hijo de Ángeles Muñoz, presidenta de la Fundación y postulante en la
lista del PSOE a las elecciones municipales de 2011. Ambos están
imputados.
Según el Juzgado de lo Social de Córdoba, ha quedado probado que la fundación procedió al «desvío
de la parte de la subvención obtenida para el pago de los salarios» a
favor «de la propia empresa» mediante «un sistema que pretendía dar
apariencia de legalidad a la actividad» para, «de manera fraudulenta,
conseguir el fin prohibido por la norma».
Denuncia de ex trabajadores
El
verano de 2016, los extrabajadores de la Fundación rompieron su
silencio y comunicaron a la Junta de Andalucía la situación por la que
estaban pasando. La posterior Inspección de Trabajo ratificó lo que los
exempleados venían denunciado desde hacía meses, sin que antes les
hubiesen escuchado.
El caso de Yris Escobar es sólo una gota de agua en este lago y cuyo testimonio pudo conocerse en el programa Malas compañías
de La Sexta. Después de viajar desde su lugar de origen, esta madrileña
-embarazada de seis meses en el momento en que fue contratada en la
Fundación Guadalquivir- pasó a vivir en Córdoba. Trabajo como
fisioterapeuta y su empleo «iba a consistir en ir a domicilio» para
tratar a aquellas personas «que no podían pagarse un tratamiento de
fisioterapia».
Sin embargo, desde un primer momento empezó a ver cuestiones extrañas
que le hicieron dudar de lo que la Fundación Guadalquivir estaba
llevando a cabo. El primer día ya le dijeron que tenía que tratar a
Muñoz y, más tarde, al vicepresidente de la asociación, José Antonio
González, y a los familiares de éste. En aquel momento pensó que aquello
«no era normal».
«Si se emprende un proyecto social, lo normal es
destinarlo a lo que debería ir: a tratar a la gente que no tiene
recursos», argumenta.
En segundo lugar, Escobar mencionó los 400 euros
que tuvo que «donar» ya que no trabajaba las ocho horas del contrato,
sino seis, «ya que no había trabajo para ocho». La fisioterapeuta
explica que «tenía que devolver todos los meses ese dinero por las horas
que no iba a trabajar. Hubo protestas y ella [Ángeles Muñoz] decía que
no le importaba cerrar el chiringuito si hacíamos jaleo».
A final
de cada mes, Escobar cobraba un sueldo de 1.800 euros, de los que 400
tenía que «donar» a la fundación.
«Decían que íbamos a firmar un
contrato y que con eso podíamos decir en Hacienda que hacíamos una
donación voluntaria, pero luego no hubo ni firma de lo que se había
entregado», asegura. Comenta que no tiene «ni idea de lo que se hacía
con ese dinero» pero si «fuera para ayudas sociales, ese dinero estaría
justificado».
Escobar sí se libró de ir a mítines de Pedro Sánchez como algunos de sus excompañeros, que sí lo hicieron «obligados».
A este caso no le ha faltado de nada. Desde mordidas a extrabajadores a virus informáticos
que eliminan datos financieros pasando por el acoso a políticos de
otros partidos y a la prensa. Todo ello acompañado del séquito de
vecinos del barrio Guadalquivir que han acompañado a los socialistas a
las puertas de los tribunales al grito de «el barrio, unido, jamás será
vencido».
Un cóctel explosivo con el que no contaba Susana Díaz y que podría amargarle una campaña electoral que podría estar a la vuelta de la esquina.
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