ALMERÍA.- La Mancomunidad de Municipios del Levante
Almeriense, integrada por 14 ayuntamientos, ha respaldado en la tarde de ayer jueves por "unanimidad" la moción de la corporación local de
Carboneras (Gicar-PP) en la que se insta a alcanzar un acuerdo que
"posibilite la conclusión y reactivación" del hotel de Azata en el
paraje de El Algarrobico en aras de la creación de "cientos de puestos
de trabajo de forma inmediata en la construcción y otros muchos, a medio
plazo y de forma estable, en el sector turístico" en la comarca.
El presidente de la entidad y alcalde de Huércal-Overa, Domingo
Fernández, ha informado de que el plenario ha acordado,
asimismo, por unanimidad remitir el manifiesto "que recoge las
inquietudes" del municipio carbonero a la Junta de Andalucía por ser la
administración "competente" en materia de Costas de acuerdo al Estatuto
de Autonomía y en disciplina urbanística.
Fernández ha precisado que el escrito aprobado por la
mancomunidad, en la que figuran los ayuntamientos gobernados por el PSOE
de Los Gallardos, Bédar y Lubrín frente a una decena del PP, incluye
una mención al "respeto a la legalidad vigente y a las resoluciones
judiciales" que se han dictado en torno al establecimiento de una
veintena de plantas y 411 habitaciones. El manifiesto original incluía
la expresión "partiendo de la legalidad incuestionable" del hotel.
En esta línea, ha indicado que los integrantes de la institución
han coincidido con los argumentos que ha defendido en el pleno el
portavoz del equipo de gobierno carbonero y edil de Urbanismo, Salvador
Alarcón (PP), quien ha señalado la necesidad de que se analicen las
"responsabilidades políticas" derivadas del caso.
En concreto, se ha hecho referencia a las "expectativas sociales y
laborales" que generó en el municipio y la comarca la construcción del
hotel, que "no se paralizó" hasta que las obras estaban ejecutadas a más
de 90 por ciento, al "impacto mediático negativo" y a la falta de
seguridad jurídica que transmitiría la demolición del inmueble promovido
por Azata del Sol.
La moción presentada por el Ayuntamiento Carbonero recoge el
sentir de "decenas de pymes y centenares de trabajadores de la zona"
que, según sostiene, "confían ante la que está cayendo" en poder superar
con esta reactivación "la falta de actividad y el paro".
Al hilo de esto, subraya que tanto del Plan de Desarrollo
Sostenible del parque natural de Cabo de Gata-Níjar como del
Plan de Desarrollo y Empleo 'Carboneras Viva' lo contemplaba y que ambos
impulsados por la Junta de Andalucía que creó las "condiciones
urbanísticas adecuadas con instrumentos de planeamiento urbanístico"
para programar el desarrollo turístico del municipio "carente de
infraestructuras hoteleras dignas".
Así, tras subrayar que la construcción y entrada en funcionamiento
del hotel "debía ser la primera consecución de toda esta planificación
para servir de muestra y reclamo" y lamentar que "la paralización de la
obra y la consiguiente y sistemática propaganda mediática hayan cortado
de raíz esas posibilidades con perjuicios irreparables", cuestiona que
el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411
habitaciones suponga la recuperación del entorno natural y, por tanto,
deba justificarse en razones medioambientales.
En esta línea, señala que "no hay nada que recuperar porque
realmente no hay nada" y se pregunta si es posible retornar a su estado
primitivo natural el monte sobre el que se asienta, si deben los
contribuyentes asumir el coste total de la operación, incluida la
expropiación, en "aras del interés general" o qué compensaciones deben
recibir los perjudicados, entre los que cita, además de las empresas que
participaban en la obra, al municipio.
El escrito demanda, por este motivo, a las entidades y grupos que
se han posicionado a favor del derribo que revelen si existe "algún
estudio técnico fiable que garantice la restauración medioambiental" ya
que, según subraya, la "reversibilidad de espacio construido a natural
ha sido descartada por todos los técnicos y expertos cualificados que
han visitado la construcción".
En concreto, alude como problemas la escasa consistencia del
terreno, el tratamiento dado al cerro en bancadas para el asentamiento
de la edificación escalonada, la disposición de los cimientos de la
edificación anchos y profundos, la imposibilidad de efectuar
recubrimientos artificiales por las pronunciadas pendientes y "sobre
todo" la fuerte acción erosiva en esta zona del viento y las lluvias
torrenciales, lo que, sumado --señala--, haría que persistiese tras la
demolición "una imagen de ruinas a perpetuidad, antagónica con el fin
ecológico y naturista perseguido".
"Resulta del todo imprescindible este asesoramiento especializado
para apostar por la demolición estando en juego la proyección
medioambiental que se dice defender, los intereses privados
empresariales amparados en el Estado de Derecho que nos hemos dado, los
limitados recursos públicos sufragados por los contribuyentes y el
interés general de todo un pueblo, Carboneras", concluye.
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