ALMERÍA.- Azata, promotora del hotel que se levanta en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, ha considerado una "mala noticia" para la empresa y "para la sociedad" el fallo del Tribunal Supremo (TS) que apunta la "ilegalidad" de la licencia y ha subrayado que el inmueble comenzó a construirse "con todos los permisos de las administraciones competentes" en alusión a Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Dirección General de Costas.
El director general, José Rodríguez, ha recordado que ante el mismo órgano jurisdiccional se siguen otros dos procedimientos a instancias de la promotora contra la orden ministerial que fijaba la zona de servidumbre del dominio público-terrestre en 100 metros y ha señalado que el TS rechazó la solicitud de la empresa para que se agrupasen los tres recursos, incluido el del Ayuntamiento, al estimar que las cuestiones planteadas "no eran exactamente iguales".
No obstante, y tras trasladar el "máximo respeto" a la sentencia del Alto Tribunal, ha reconocido que lo "razonable" sería que se pronunciase en el mismo sentido, lo que, según ha insistido, "es una mala noticia para la sociedad en general" dado que supone "pérdida de inversión, de puestos de trabajo y de confianza empresarial".
Ha precisado, además, que las contravenciones con respecto a la Ley de Costas que señala el Supremo en la normativa urbanística que permitió la concesión de la licencia de obras son "anteriores a 1999", fecha en que Azata adquirió los terrenos del sector urbanístico ST-1 de El Algarrobico.
Al hilo de esto, Rodríguez, que ha abogado por "llegar a una solución" antes de plantear el comienzo de un procedimiento para reclamar posibles indemnizaciones, ha defendido que el proyecto que dio lugar a la construcción del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones se concibió como "una inversión a largo plazo, no especulativa".
"Era una inversión intensiva en creación de empleo y en atracción de capitales extranjeros, ambos factores que necesita el país en la actual coyuntura económica", ha indicado para, a continuación, insistir en que es una "mala noticia" que se hable de la "ilegalidad" del establecimiento "construido con todos los permisos" ya que da pie a una situación de "inseguridad jurídica".
Con respecto a las demandas de los colectivos ecologistas que instan a Junta y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la demolición tras el fallo del Supremo, ha indicado habrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la nulidad de la licencia y ha remarcado que la ley de procedimiento administrativo exige que el Ayuntamiento de Carboneras "revise" el permiso. "Es el estándar a cumplir para que se garantice la legalidad vigente, por lo que hay todo un camino que recorrer hasta el derribo", ha apuntillado.
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