ALMERÍA.- El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha lamentado que se esté "obviando de alguna manera" la responsabilidad de las administraciones en el conflicto generado en torno al hotel "absolutamente legal" de Azata en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y ha criticado que se quiera demoler el inmueble "a costa de los impuestos de los ciudadanos" pese a que la Junta de Andalucía "dio carta de naturaleza a su edificación" y la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, "favoreció su desarrollo".
"Esperemos que las resoluciones judiciales se sucedan para que se actué en consecuencia mediante el sentido común pero no a costa del erario público sino del administrador y de la administración irresponsables si los hubiere", ha señalado en rueda de prensa el decano de los arquitectos almerienses, Javier Hidalgo, quien ha defendido que el establecimiento de 22 plantas y 411 habitaciones que fue paralizado en 2005 con la obra a un 94 por ciento de ejecución, "es legal desde todos los puntos de vista".
Hidalgo ha detallado al hilo de esto que tanto su "delimitación, emplazamiento, distancia a la línea marítimo-terrestre como, en definitiva, su desarrollo urbanístico" son "legales de manera absoluta", por lo que, a su juicio, plantear el derribo del hotel de Azata del Sol "es cuando menos frívolo y, sobre todo, irresponsable a fecha de hoy".
"Todo parece ilógico, demagógico y oportunista desde el punto de vista político", ha considerado.
En esta línea, y tras desgranar los principales hitos en la cronología de la tramitación del establecimiento desde la aprobación de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras en el año 1987, ha remarcado que "a favor de la implantación del hotel" en El Algarrobico, han intervenido el Ayuntamiento carbonero, la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, las consejerías andaluzas de Turismo, Comercio y Deporte; Sanidad, y Economía y Hacienda, así como la Dirección General de Costas.
"¿Acaso somos responsables de todo esto los ciudadanos?", se ha preguntado Hidalgo para, a continuación, señalar que los últimos movimientos de los poderes públicos en torno al edificio pretenden "demoler la edificación sin garantía del resultado a costa de los impuestos que aportamos y estigmatizar aún más una zona -- ha añadido-- que es enclave de una central térmica y una fábrica de cemento con los consiguientes deterioros de orden urbanístico, turístico, agrícola y medioambiental".
A esto, habría que sumarle, a su juicio, que se persigue "obviar de alguna manera la responsabilidad de la propia administración", lo que supone "un verdadero engaño para el ciudadano".
Según los datos facilitados por el Colegio Oficial del Arquitectos de Almería el coste de la demolición superaría "los ocho millones de euros" mientras que la gestión de los residuos y el tratamiento del terreno generaría un gasto estimado de tres millones de euros "sin incluir --ha apuntillado-- la indemnización al promotor por el lucro cesante, muy difícil de valorar a priori".
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