ALMERÍA.- El ex alcalde de Paterna del Río y actual edil en el Ayuntamiento por el PP, Antonio Serrano Carmona, ha cursado en la tarde de ayer martes su baja en el Ayuntamiento después de que el pasado lunes aceptara en un juicio una pena de seis meses de inhabilitación como autor de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, unos hechos por los que además se sentará en el banquillo el próximo jueves en otra vista oral ante el Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería, ya que la Fiscalía pide para él una pena de un año de inhabilitación para empleo o cargo público acusado de permitir la construcción de una vivienda unifamiliar sobre suelo calificado como no urbanizable y de especial protección.
Fuentes de la dirección provincial del PP de Almería han informado que Serrano se ha dirigido al Ayuntamiento de Paterna en donde ha cursado su baja como concejal de forma voluntaria tras conocerse la condena que aceptó de conformidad el pasado lunes. No obstante, hasta el momento no ha trascendido si el ex edil, que tiene otro juicio el jueves, tiene la intención de abandonar también las filas 'populares' o no.
Con respecto a este segundo proceso, según se recoge en el escrito de calificación fiscal, el ex primer edil, quien hasta ahora era concejal en la oposición tras ocho años en el gobierno municipal, era conocedor de que Ramón H.C. había decidido construir una vivienda unifamiliar en una finca de su propiedad de 1,3 hectáreas de superficie en una zona conocida como la Vega de Paterna.
Así se lo hizo saber en junio de 2005 el propio acusado, quien consultó a Antonio Serrano ya que ambos sabían que el suelo, calificado no urbanizable, gozaba de especial protección al estar incluido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y el Catálogo de Bienes Protegidos de la provincia de Almería.
Ramón H.C. comenzó la construcción del inmueble sin solicitar la licencia municipal de obras y sin que, por tanto, el Ayuntamiento de Paterna del Río se la concediese después de que, ahonda el fiscal, el propio regidor le asegurase que "en un fututo" la vivienda podría ser "legalizada" a través de la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el municipio, de apenas 406 habitantes.
La obra de la vivienda, de unos 256 metros cuadrados y dos plantas, se ejecutó sin la preceptiva licencia municipal de obras y también sin el proyecto arquitectónico, sin el nombramiento de un arquitecto director y sin un arquitecto técnico director de ejecución aunque fue denunciada el 15 de julio de 2005 por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
El fiscal reprocha en su escrito al ex regidor popular que, pese a tener conocimiento de que se estaba produciendo una irregularidad y de que la Guardia Civil le remitió un informe apenas una semana después de levantar el acta de infracción, no "denunciase, ni incoase expediente sancionador, ni promoviese la reparación de la legalidad urbanística" durante todo lo que le restaba de mandato.
Subraya el Ministerio Público, en esta línea, que era, como alcalde, "la autoridad competente para incoar y resolver expedientes por infracciones urbanísticas, así como para denunciar si apreciaba indicios de ilegalidad", por lo que solicita la pena de un año de inhabilitación como presunto autor de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Para Ramón H.C., va a interesar en la vista oral prevista para este jueves penas de seis meses de cárcel, multa de 12 meses a razón de 12 euros al día, así como inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción por un periodo de dos años. El fiscal solicita, asimismo, la demolición de lo construido.
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