Condenan al Ayuntamiento de Almería a pagar 17.241 euros por una contratación irregular en 2009

ALMERÍA.- Un juez de lo contencioso-administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Almería al pago de una indemnización de 17.241,38 euros a una ex trabajadora municipal al considerar que ella debió ser la persona seleccionada para ocupar una de las dos plazas de asesora jurídica en materia de extranjería dada la puntuación que obtuvo en el concurso convocado en 2009 por el Área de Atención Social.

El viceportavoz del grupo municipal del PSOE, Juan Carlos Usero, reclamó al hilo del fallo del juzgado número 3 "explicaciones urgentes y públicas" a la entonces concejal y en la actualidad portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, sobre las circunstancias en que se produjo la citada contratación, por la que, a su juicio, "debería dar la cara" antes las consecuencias para el consistorio de su "gestión".

La sentencia del magistrado Jesús Rivera estima la demanda de la perjudicada y apunta que existe constatación según la prueba practicada en juicio de que el Consistorio omitió en la seleccionar a otra persona el requisito de ostentar la condición de abogada para concursar, y de que ella debió ser, además, la elegida al haber recibido la segunda mejor puntuación para desempeñar la labor asignada en los centros de servicios sociales de Ciudad Jardín y Nueva Andalucía.

El fallo, en el que se señala que la ejecución del contrato por la persona seleccionada hace materialmente imposible que se adjudique a la perjudicada, sí atiende la solicitud de indemnización, que fija en los 17,241,38 euros que debería haber percibido, ya que subraya, ella debió prestar los servicios para los que se convocó el concurso y, si no los prestó, "fue por causa ajena a su voluntad".

Tanto para Usero como para la edil socialista Inés Plaza, la responsabilidad de lo que tachan de "contratación ilegal" según la sentencia, que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recae "directamente" sobre Soto, quien "debería aclarar inmediatamente si era conocedora del asunto y, en ese caso, porqué optó por otra persona, o por el contrario lo desconocía, con dejación".

"Si ella no contesta, tanto que habla de moralidad como portavoz regional del PP-A, tendremos que pedir las explicaciones al alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador", advirtió Plaza, que resaltó, en esta línea, que la ex trabajadora a la que ha dado la razón el juez "había estado trabajando durante cuatro años" para el Consistorio como asesor jurídico en materia de inmigración.

El puesto creado, que se enmarca dentro del Plan de Inmigración Municipal 2008-2010 aprobado por el pleno de la corporación local capitalina, es un contrato menor, "por lo que no hacía falta convocar concurso", explicó Plaza. Aún así, se hizo por partida doble "y se la invitó a participar por su currículum" si bien, ahondó, "se le concedió finalmente la plaza que le correspondía a ella a una personal con un perfil completamente, centrado en la cooperación".

La edil socialista aseguró que la gestión de Soto al frente del área "generó una situación muy injusta" hasta el punto, según detalló, de que "a la persona seleccionada se le concedieron 2,30 puntos en experiencia académica cuando el máximo para este apartado se situaba en dos puntos".

"Ahora el Ayuntamiento tendrá un doble gasto al tener que pagar la cantidad que el juez estima debía haber percibido en ese puesto, lo que se suma a lo ya abonado", lamentó.