ARRECIFE DE LANZAROTE.- El juez de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arrecife de Lanzarote, César Romero Pamparacuatro, ha decretado libertad con cargos para el empresario catalán afincado en Almería, José María Rosell, implicado en la 'Operación Jable', después de declarar ayer durante ocho horas. Rosell es marido de la senadora del PP por Almería Mª del Mar Agüero, muy próxima al entorno de Javier Arenas.El empresario hotelero almeriense, que cuenta en la isla con la propiedad del Hotel Playa Verde, tenía previsto abrir un nuevo establecimiento en Costa Teguise, que todavía está pendiente de ejecución.
Rosell, según informaron fuentes judiciales, ha estado declarando durante ocho horas en los juzgados de Arrecife, donde entró a las 11.00 horas y salió a las 19.00 horas del martes, tras dejarle el juez en libertad con cargos, además de imputarle por alzamiento de bienes y/o blanqueo de capitales.
La 'Operación Jable', sobre cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote para conseguir la adjudicación de contratos para las obras y servicios que se realizaban en la isla, comenzó el lunes, 19 de abril, y la está desarrollando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, permitiendo "poner al descubierto un complejo e importante entramado" de corrupción, asentado en "varias" instituciones de la isla de Lanzarote, según informó la Benemérita.
En dicha Operación, hoy han continuado las detenciones y ya alcanzan hasta los 24 arrestados, entre los que se encuentran desde consejeros actuales del Cabildo de Lanzarote, como María José Docal, hasta empresarios.
Las detenciones se han realizado tanto en Lanzarote, como en Gran Canaria, Madrid y Almería.
Tanto Rosell como Gil Acosta están siendo representados por el bufete de abogados Garrigues.
Los negocios de Rosell en Canarias
Rosell, propietario del grupo Hoteles Playa, con presencia en Andalucía, es dueño también del Hotel Playa Verde, de Costa Teguise, así como de otro establecimiento en construcción en la misma zona turística que fue paralizado por orden judicial.
El empresario fue detenido el pasado sábado a su llegada a la isla, a donde acudió voluntariamente para presentarse ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil tras conocer que estaba siendo buscado.
Fuentes próximas a la investigación señalaron que Rosell podría ser una de las personas que, presuntamente, habrían ayudado al fundador y líder del PIL, Dimas Martín, principal implicado en el Caso Unión, a ocultar a la Justicia parte de un patrimonio que se calcula en unos de 8,5 millones de euros.
La vinculación del grupo hotelero de Rosell con el PIL y en particular con Dimas Martín era bastante conocida en la isla, ya que estuvo empresarialmente vinculado a la publicación 'El Maho', periódico oficial del PIL y a Televolcán, cuando esta televisión ya desaparecida estaba controlada por ese partido.
El ex directivo de mismo grupo hotelero, José Gonzalo Gil Acosta, también fue detenido el pasado viernes en Almería, y este martes salía en libertad con cargos, imputado por los mismos delitos que Rossell.
El empresario hotelero ha sido el penúltimo de los siete detenidos en la segunda fase de la Operación Jable, en declarar ante el magistrado que instruye el caso.
Por ahora sólo queda por comparecer ante el magistrado el líder y fundador del PIL, Dimas Martín, quien fue detenido el pasado sábado en la celda de del Centro Penitenciario de Tahíche, donde cumple una condena de ocho años por otro asunto.
En la tercera fase de la Operación Jable, fueron detenidos la ex presidenta del Cabildo María José Docal, del Partido Independientes de Lanzarote (PIL) y dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, pertenecientes a esta formación política, así como cuatro empresarios de la isla, con lo que se eleva a 24 los arrestados en esta operación por supuesta corrupción urbanística.
La Operación Jable constituye una pieza separada del Caso Unión, iniciado públicamente en mayo del año pasado con la intervención y registro del Ayuntamiento de Arrecife y en el que se investiga la existencia de una red de corrupción urbanística en la isla.
La Guardia Civil informó de que a los siete detenidos en la última fase de esta operación se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, en sus distintos tipos.
Los ediles detenidos son el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín, y la Concejal de Playas, Festejos y Desarrollo Local, Luisa Blanco.
Los empresarios arrestados han sido Demetrio Rodríguez, propietario de la constructora Lanzagrava, José Luis Betancor, propietario de varios medios de comunicación en Lanzarote y del grupo de empresas constructoras Torres, Pedro Rodríguez, empresario vinculado a la empresa Naos Iluminación, y Eduardo Ferrer, del grupo Tecnoson Canarias.
Entre los detenidos está el abogado Francisco Rodríguez-Batllori (CC), que fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, además de diputado en la Cámara regional. Asimismo, se ha procedido al arresto de Susana Martín Martín, hija de Dimas Martín, histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
Además, entre los detenidos también está José Miguel Rodríguez Sánchez (PIL), ex concejal de Ayuntamiento de Arrecife; Carlos Matías Curbelo Delgado, funcionario del Ayuntamiento de Teguise; Samuel Lemes, piloto de rallyes y ex campeón de España; y el constructor José Ramón Vizcaíno.
Se les acusa de ser presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Esta segunda fase de la investigación se ha centrado principalmente en dos tramas, por un lado, la relacionada con los supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, "dirigida por un ex alto cargo público en connivencia con varios de los empresarios detenidos".
Así, la investigación ha puesto de manifiesto que, a través de un "importante entramado" empresarial y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.
Por otra parte, la otra de las tramas está relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Otro ex-cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.
La 'Operación Jable', que se investiga en el marco del 'Caso Unión', comenzó el pasado lunes cuando agentes de la Guardia Civil registraron varias dependencias del Cabildo de Lanzarote, una sucursal bancaria, así como domicilios y empresas del entramado de corrupción.
La investigación ha permitido desarticular "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según informó la Benemérita en un comunicado.
Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.
La organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la 'operación Unión' llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil.
La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta mientras la ex alcaldesa de Arrecife, Mª Isabel Deniz, y el ingeniero jefe del ayuntamiento, Juan R. Arrocha se encuentran en prisión acusados del cobro de comisiones ilegales a empresarios.
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