Tras declarar ante el instructor del caso, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, el abogado del alcalde, Jesús María Silva Sánchez, afirmó que Gonzálvez lleva "23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento de Gádor".
En este sentido aseguró que los actos que ahora enjuicia el Supremo "responden a la misma tónica" de su trabajo como representante municipal, por lo que insistió en que, tanto el imputado como él mismo, están convencidos de la inocencia de Gonzálvez.
"Confiamos en que lo vea el tribunal", concluyó Silva.
Por su parte, Gonzálvez eludió hacer declaraciones pero asintió al ser preguntado por si estaba tranquilo tras su comparecencia ante el juez.
El fiscal del Tribunal Supremo aprecia indicios de prevaricación en la actuación de Gonzálvez en la adjudicación del contrato de obras de la nave.
En concreto, el Ministerio Público señala que éste se tramitó "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresaba su "reparo", lo que interpreta como una decisión que contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado.
Al tiempo, apunta que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.
Atribuyó, en esta línea, a Gonzálvez "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007, "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
La querella, que fue interpuesta por el portavoz del PSOE en el municipio, Francisco Almansa, aportaba documentación de la que dedujo el Ministerio Público que se "inobservaron las más elementales normas de procedimiento" en la construcción de un nave que se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar.
En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto global que ascendió a 144.837,87 euros.
Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a Montajes Metálicos Almería SL --42.233,28 euros--, Lama Estructuras Metálicas SL --44.674,89 euros--- y Acerama SC, a la que dispuso el abono de 57.929,69 euros.
El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formulaba además "reparo" ante el citado decreto, pese a lo cual --ahonda el fiscal-- "el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último" de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno de sesión extraordinaria.
Según lo previsto, el próximo 19 de abril esta citados a declarar ante la Sala Segunda del Supremo, en calidad de testigos de la acusación, el secretario interventor del consistorio, Juan Miguel Fernández Jurado; el ingeniero técnico industrial Francisco Quesada Sánchez; y la representante legal de la empresa Montajes Metálicos Almería SL, María Rosario Cañizares González.
Desvía responsabilidades
El abogado que ejerce la acusación en el proceso apuntó que durante su declaración hoy ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) el primer edil "ha desviado la responsabilidad" hacia el secretario municipal, técnicos del Consistorio de Roquetas de Mar y un concejal de su equipo de gobierno, al tiempo que ha asegurado que en el "ayuntamiento siempre se han hecho las cosas así", en referencia a la forma en que se adjudicó el contrato para la obra de una nave.
El letrado relató que durante una hora y media, "en la que no ha contestado nunca con un sí o un no", Gonzálvez aseguró ante el juez instructor que el secretario "nunca le puso pegas" a esa forma de proceder y que cuando lo hizo en el caso que ha derivado finalmente en la imputación por prevaricación, recurrió al presidente provincial del PP y regidor de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien le prestó el servicio de sus técnicos quienes, al parecer, le dieron el visto bueno.
Al explicar el por qué, tal y como resalta el fiscal, se tramitó el contrato de obra "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y "prescindiendo en la adjudicación y pago de lo que fija la normativa", el regidor gadorense afirmó, siempre según la acusación ejercida por el PSOE, que fue el concejal de Urbanismo, Onofre Martínez, quien lo "gestionó verbalmente".
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