Declara mañana en el Supremo el senador Gonzálvez (PP) imputado por prevaricación en su gestión de alcalde

ALMERÍA.-El alcalde de Gádor y senador del PP por la provincia de Almería, Eugenio Gonzálvez, está citado a declarar mañana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) en relación al proceso por el que se le imputa la comisión de un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato para la obra de la nave municipal por valor de 144.837 euros.

El Alto Tribunal se declaró competente para instruir la causa incoada contra el regidor el pasado mes de junio y admitió a trámite la querella interpuesta por el portavoz del PSOE en Gádor, Francisco Almansa, después de que el fiscal informase de la presencia de indicios de ilícito penal en la actuación de Gonzálvez.

En concreto, el Ministerio Público señala que el contrato de obras se tramitó "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresaba su "reparo", lo que interpreta como una decisión que contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado.

Al tiempo, apunta que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.

Atribuyó, en esta línea, al senador popular "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007, "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

La querella aportaba documentación de la que dedujo el Ministerio Público que se "inobservaron las más elementales normas de procedimiento" en la construcción de un nave que se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar.

En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto global que ascendió a 144.837,87 euros. Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a Montajes Metálicos Almería SL --42.233,28 euros--, Lama Estructuras Metálicas SL --44.674,89 euros--- y Acerama SC, a la que dispuso el abono de 57.929,69 euros.

El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formulaba además "reparo" ante el citado decreto, pese a lo cual --ahonda el fiscal-- "el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último" de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno de sesión extraordinaria.

El próximo 19 de abril esta citados a declarar ante la Sala Segunda del Supremo, en calidad de testigos de la acusación, el secretario interventor del consistorio, Juan Miguel Fernández Jurado; el ingeniero técnico industrial Francisco Quesada Sánchez; y la representante legal de la empresa Montajes Metálicos Almería SL, María Rosario Cañizares González.

Del mismo modo, el 26 de abril comparecerán ante el juez, también como testigos de la acusación, los representantes legales de las empresas Acerama SC y Lama Estructuras Metálicas SL.