Berenguel, que leyó junto a la portavoz municipal un escueto comunicado ante los medios de comunicación, de los que no aceptó preguntas, lamentó lo que tildó de "juicio paralelo y mediático" y reclamó, tras reiterar su "confianza y respeto a la actuación de la Justicia", "la máxima celeridad en la resolución del proceso" incoado por la jueza Montserrat Peña debido al "daño a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la vulneración de los principios constitucionales como el secreto de las comunicaciones".
Pese a agradecer que la magistrada haya iniciado una investigación para aclarar las filtraciones de los 8.306 folios de intervenciones telefónicas sobre las que se alzó el secreto, advirtió de que no pueden "tolerar la violación de la intimidad de las personas" al tiempo que arremetió contra las citadas filtraciones "interesadas" en las que están "participando grupos políticos para usar las escuchas fuera de contexto por razones electorales".
Berenguel, quien auguró que "estas circunstancias que han intentado minar" al equipo de gobierno no les impedirá seguir trabajando, anunció apenas un mes después de justificar los "precios que maneja" Elsur en un pleno y desestimar la necesidad de efectuar una auditoria, que la intención de la encargada ahora es determinar que "la prestación de los servicios por parte de esta empresa esté conforme al pliego de condiciones y al canon aprobado".
Para el ejercicio 2010 el canon aprobado en sesión plenaria por la corporación local, con los votos en contra del PP, asciende a 15 millones de euros. En ese mismo acto, y con la oposición de nuevo del PP y la abstención del PSOE, se acordaba firmar un convenio con la mercantil para el pago de parte de la deuda contraída y que el Ayuntamiento reconoce en 63 millones de euros.
La oposición criticó entonces el citado acuerdo ya que, tal y como señalaron, suponía un "flaco favor a los ciudadanos" al "asumir" una deuda bajo sospecha por el "proceso judicial abierto por presunta malversación de caudales públicos" en torno al Elsur.
El primer edil en funciones argumentó hoy en su comparecencia, sin embargo, que la medida se toma ahora al conocer "la imagen real y fiel de la situación económica y financiera del Ayuntamiento" ejidense a través del plan de saneamiento aprobado en un pleno celebrado el pasado día 10, en el que se reconoció una deuda municipal de 222,7 millones de euros y se dio luz verde a la solicitud de un crédito a entidades financieras de 106 millones de euros.
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