ALMERÍA.- Ecologistas en Acción ha señalado que la acción del Gobierno central
para efectuar la expropiación de los suelos en la zona de servidumbre
del dominio público marítimo-terrestre del paraje de El Algarrobico, en
Carboneras invadidos por el hotel de Azata del Sol supone un
"brindis al sol" al considerar que "lo que solucionaría" la situación
sería que "se cumpliesen las sentencias" judiciales contrarias al
inmueble.
Si bien el colectivo ha valorado la "implicación"
del Gobierno central, estima que la demolición del edificio pasaría por
hacer cumplir los fallos judiciales que obligan, por un lado, a revisar
la licencia de obras que se concedió para edificar el inmueble en 2003, y
por otro lado, la modificar de forma efectiva el plan general de
ordenación urbana (PGOU) para declarar el suelo como "no urbanizable"
conforme a la adaptación al plan de ordenación de recursos naturales
(PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
"Desde
Ecologistas en Acción se valora positivamente que el Gobierno central
quiera implicarse en la resolución del caso, pero lo importante es que
los terrenos del Algarrobico sean clasificados como no urbanizables en
el PGOU de Carboneras y que la licencia de obras del hotel El
Algarrobico, en consecuencia, sea revisada", han insistido en una nota.
Para ello, han apelado a la "cooperación" de Gobierno central, Junta
de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras, al que han vuelto a apremiar
para que acate las resoluciones dictadas por el TSJA encaminadas a
hacer desaparecer el hotel.
"Que el Ayuntamiento de
Carboneras, cumpla la sentencia y revise la licencia de obras, no parece
difícil para el partido del Gobierno dado que el PSOE tiene mayoría en
dicho ayuntamiento", han observado antes de afirmar que la Junta de
Andalucía también tienen en sus manos parte de la solución, al achacarle
la propiedad de los terrenos.
En este sentido, la
organización entiende que los suelos en los que se levanta el hotel
"pertenecen a la Junta de Andalucía" después de que esta ejerciese su
derecho de retracto" y depositase más de 2,2 millones de euros para que
la empresa Azata del Sol le entregase los terrenos.
"En base
al interés público carece de sentido que una administración pública, el
Gobierno Central, expropie a otra administración pública, la Junta de
Andalucía", ha considerado ante la acción anunciada el pasado lunes por
la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero.
Junto con Salvemos Mojácar, la organización pidió la revisión de
oficio de la licencia en 2005 "en base a que no se respetaba el PORN ni
la Ley de Costas".
La revisión de la licencia también fue pedida con
posterioridad por Greenpeace, lo que dio lugar a una sentencia firme en
2022 que obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a realizar este trámite,
aunque la ejecución de dicha sentencia aún se debate en los tribunales.
Igualmente los ecologistas demandaron la modificación del PGOU de
Carboneras para adaptarlo a las determinaciones del PORN del Parque
Natural de Cabo de Gata, normativa de rango superior al PGOU.
"Igualmente existe sentencia del TSJA de 2016, ratificada por el Tribunal Supremo, obligando a la modificación del PGOU. Estas sentencias tampoco se han cumplido a día de hoy", han lamentado.
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