El pasado jueves por la mañana declaró en uno de los juzgados de
Roquetas de Mar, en calidad de investigado, el alcalde de la localidad y
presidente del PP de Almería, Gabriel Amat Ayllón.
Hacía años que Amat no comparecía ante la Justicia en esas
condiciones procesales. La última vez que se recuerda una situación
similar fue con la causa abierta por lo sucedido con la finca La Fabriquilla.
Un codiciado terreno, propiedad de la familia del notario Kaiser, que
el ayuntamiento de Roquetas se negó a recalificar urbanísticamente,
obligando a sus dueños a venderlo a bajo precio (era una herencia) como
rústico y al cabo de muy poco tiempo surgió un pelotazo millonario para
todos los intervinientes en la operación, ejecutivos de Cajamar de por
medio que, recuérdese, es una caja rural y, por tanto, sometida al
control de sus accionistas cooperativistas.
El Sr. Amat ha tenido
que acudir esta semana al juzgado para responder de las imputaciones
que pesan sobre él por el ‘caso de las palmeras’, las que llevan
geolocalizador vía GPS por si las roban, y que el ayuntamiento
otorgó en su día a una mercantil de la que el yerno de Gabriel Amat es
parte interesada. Se le acusa de presuntos delitos de prevaricación,
tráfico de influencias y fraude por adjudicaciones de obras a una
sociedad de la que era consejero su yerno.
Quizás muchos lectores se enteren por estas líneas de esta
circunstancia procesal sobre Amat que, en el caso de cualquier otro
político imputado por la Justicia, merecería titulares destacados en los
medios de comunicación y en las tertulias de actualidad.
Pues bien, ni un solo medio escrito en Almería –salvo el diario Ideal y el digital Almería Confidencial– se ha hecho eco de la noticia que la agencia Efe distribuyó con gran detalle a sus abonados a mediodía del jueves.
Hasta el diario La Vanguardia
sacó la noticia destacada en su edición digital, pero en Almería reinó
el silencio mediático en este tema. No era noticia. Un silencio que solo
puede explicarse si se analizan y cuantifican las inversiones
publicitarias que dependen, políticamente hablando, de Gabriel Amat y
del PP. No nos engañemos, están aplicando la misma política que el PSOE,
la del palo y la zanahoria con las empresas periodísticas, donde el
político de turno prima más la sumisión editorial y que salga guapo que
el número de lectores.
Estamos hablando del único dirigente popular en España que ha
sobrevivido a todos los cambios operados en el seno del PP en los
últimos años, incluso desde que mandaba Manuel Fraga en AP. Y lo más
llamativo es que Amat no solo no perdió nunca influencia, sino que la
multiplicó conforme pasaba el tiempo. Le hemos visto pasearse por
Almería con los dos ministros de Justicia que ha tenido el PP en estos
años, Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá. Hoy le tenemos convertido
en uno de los puntales de apoyo de Juanma Moreno Bonilla, agarrado a él
casi con la misma intensidad con la que antes abrazaba a Javier Arenas.
Tanto silencio mediático en Almería es más que sospechoso y puede ser
indicativo de la preocupación que reina en la cúpula del PP por la
actividad de la Justicia que, por vez primera, parece indicar que la
baraka de Amat ha empezado a no estar en suficiente cobertura.
Jubilación del número dos de Fiscalía
Todo esto sucede, casualmente, en tiempos de relevos en la Fiscalía
de Almería donde se acaba de jubilar Fernando Brea como veterano número
dos en calidad de Teniente Fiscal, y al que los políticos del PP no
paran estos días de homenajear y condecorar en su despedida como
servidor público en el Ministerio Fiscal.
Y fue precisamente un fiscal, el Fiscal de Delitos Económicos de
Almería, casi coincidiendo con la salida de Fernando Brea de la Fiscalía
de Almería, el primero en levantar la voz de alarma respecto al trato
preferente y presumiblemente ilegal que la Justicia venia dispensando al
jefe de filas del PP de Almería y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat.
Álvaro Navarro García,
en su papel de representante del Ministerio Público en la causa
denominada ‘Trama Amat’, abierta desde 2012 y sin investigados que hayan
prestado declaración de momento, elevó un recurso de apelación al
Juzgado de Roquetas mostrándose frontalmente en contra del archivo de la
pieza separada – Surponiente– de la macro investigación que se sigue
sobre más de cien mercantiles vinculadas a Amat y que habrían hecho
negocios gracias al ayuntamiento de Roquetas por él presidido.
Navarro, Fiscal de Delitos Económicos, había venido a recordar, más o
menos, que la última jueza firmó el archivo de la pieza Surponiente
días antes de marcharse a otro destino sin analizar la causa durante
cinco meses que permaneció en el cargo. –su primer destino en la
Carrera–, ni atender diversas cuestiones procesales pendientes, y que
ese tipo de comportamientos judiciales, archivar sin ni siquiera
declarar el político acusado, pueden inducir a pensar que la Justicia en
España está arrodillada ante los políticos. «Servilismo» fue la palabra
empleada. Más claro, agua.
Los 17 folios de la apelación del Ministerio Público son, en
definitiva, una bocanada de aire fresco en un ambiente judicial bastante
putrefacto desde hace años en Almería. Por vez primera sale una voz
desde dentro de la maquinaria judicial que dice lo que piensa y cree
mucha gente en la calle, sorprendida de que “en Almería nunca pasa nada”
y que se dilaten tanto determinados sumarios, los que afectan a los
políticos.
Diez años ha tardado en llegar la vista oral de la Operación
Poniente, aplazada ahora para arrancar el 10 de enero hasta
el 30 de julio de 2020, con el ex alcalde de El Ejido, Juan Enciso, y
parte de la cúpula de Abengoa en el banquillo. 50 millones ha destinado
la multinacional sevillana para atender las defensas de sus encartados.
Y hablando de compadreos entre funcionarios de Justicia y
determinados políticos se recuerda en estos días de vísperas de vista
oral que, desde que se instruyó en 2009 la causa Poniente, a través de
las intervenciones telefónicas practicadas por la Juez se tuvo
constancia pública de la relación de amistad y confianza entre altos
funcionarios judiciales de Almería con políticos y empresarios sometidos
a investigación de los jueces.
Como también apareció todo un Secretario
de Estado de Aznar y prestigioso catedrático en un intento de mediar
con algún fiscal canalla en Granada para que dejasen en paz al
interventor José Alemán. Esas relaciones, pese a ser conocidas en las
alturas, nunca se investigaron.
Y lo que queda en los cajones de la Justicia
En los juzgados almerienses quedan por concluir muchas
investigaciones que afectan a cargos políticos institucionales. Son
instrucciones complejas, sí, normalmente con falta de medios, también, a
las que se les añade cierto sesteo procesal en asuntos que suelen hacer
la vida incómoda en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce y
coincide casi a diario.
El caso de las facturas de Diputación es una de esas patatas
calientes que siguen en el horno judicial almeriense. No es para menos
ya que se trata de una pieza que
intenta aclarar los millones de euros invertidos en publicidad en los
medios de comunicación de Almería por la última Diputacion socialista.
Una millonada que, al parecer, no está sustentada en documentos
contractuales ajustados a la ley de contratos. Todo ese dineral se
comprometió ¿de palabra? por el equipo del PSOE, con Juan Carlos Usero
al frente y lo acabó pagando Gabriel Amat, el PP, pese a haberse opuesto
antes a ese abono por el PSOE por las irregularidades cometidas y
detectadas.
Esta instrucción ha sufrido un parón considerable en estos años,
entre otras razones porque desde la Diputación no se ha facilitado al
Juzgado las facturas y papeles de esos pagos millonarios en concepto de
publicidad. Al final, tras solicitarlo la acusación popular Amayt, el
juez les ha tenido que amenazar con envíales a la policía judicial para
el oportuno registro y requisitoria de la documentación exigida.
Fue in
extremis cuando Amat dio e visto bueno a que se entregasen ls papeles
pedidos. Compás de espera a lo que decida el Juez, aunque parece que
existe preocupación, especialmente en las empresas periodísticas
almerienses que más dinero sacaron de aquella corporación provincial.
Eso mismo sucede con el llamado caso Halsa, con más de 40 tomos de
instrucción de los cuales solo de conocen cuatro, donde todavía no se ha
llamado a declarar ante el juez quienes desde 2012 aparecen encabezando las notificaciones judiciales como investigados o indagados por la policía judicial. Entre los afectados por este sumario se encuentra el exalcalde de La Mojonera, José Cara, nombrado recientemente presidente del IFAPA por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Detrás del caso Halsa se investigan pagos de la constructora de la
familia Morales al PP de Almería, a algunos de sus dirigentes y a
funcionarios públicos, pagos cargados, supuestamente vía caja B, a la
contabilidad de cada una de las obras adjudicadas por los trincones de
la mordida.
A la vista de todo esto, parece que algo se empieza a mover en los
órganos jurisdiccionales almerienses junto a aletargados sumarios y esa
es buena señal. No solo para el objetivo de la persecución con eficacia y
garantías del delito y los delincuentes, sino para liberar de la
presión judicial a quienes no tengan responsabilidad penal alguna y se
hallen incursos en determinados procedimientos judiciales.
Y esto que se
lo pregunten a algunos de los 50 procesados de la Operación Poniente a
los que les quedan siete meses de vista oral y nueva exposición pública.
(*) Periodista
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