SEVILLA.- El Consejo
de Gobierno de la Junta debatió ayer sobre la manera de recuperar el dinero
defraudado en el caso ERE y que la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial cifra en 679,4 millones de euros. Y sólo llegó a una
conclusión por el momento, «el proceso será muy largo y difícil» y no se
recurrirá a otro procedimiento judicial, esta vez por la vía civil y no
penal, hasta que la sentencia sea firme, según publica hoy Abc.
Así lo confirmaron tanto el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, como el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien ha recibido el encargo del Consejo de Gobierno de poner en marcha todos los resortes legales posibles para
la reclamación de estos fondos. La declaración de intenciones del
Ejecutivo fue muy contundente: «Vamos a recurrir a todas las vías
posibles porque nuestra prioridad absoluta es recuperar el dinero»,
decía Juan Marín.
Sin
embargo, no se hará realidad de manera inminente. Porque el nuevo
Gobierno andaluz no va a reclamar ya esos fondos a los 19 exaltos cargos
condenados por la Justicia, sino que va a esperar a que la sentencia
sea firme.
Una circunstancia que puede tardar años, ya que los
condenados por la Audiencia de Sevilla han anunciado su intención de
reclamar ante el Tribunal Supremo, lo que augura un proceso de,
al menos, dos años.
Y eso si se quedase ahí el procedimiento porque
muchos de los condenados están barajando llevar el caso hasta el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Más años de instrucción y
más años sin que el dinero regrese a las cuentas de la Junta de
Andalucía. «Nos quedan muchísimos procedimientos durante muchos años.
Esto no es cosa del pasado como dice el PSOE sino del futuro a medio y
largo plazo».
Sentencia firme
El
vicepresidente andaluz explicó que el Gabinete Jurídico de la Junta les
recomienda no abrir otro procedimiento judicial hasta que no haya
sentencia firme, mientras que el consejero de la Presidencia reconoció
que hay «controversia jurídica» al respecto ya que otros juristas sí
recomiendan iniciar ya los trámites para reclamar el dinero por la vía
civil aunque si el proceso se alargase demasiado, podría decaer esta reclamación y no recuperar los fondos.
Hay
que recordar que este mismo Gabinete Jurídico fue el que elaboró en
2016 un informe que decía que no había «ilícito penal» en el caso de los
ERE y que si había que determinar alguna responsabilidad se
circunscribiría a la Consejería de Empleo. Exactamente lo contrario de
lo que recoge la sentencia de la Audiencia. El Gobierno andaluz ha
decidido que sigan siendo ellos los que se encarguen de reclamar los
fondos pendientes. «Nosotros pedimos informes jurídicos y tomamos
decisiones políticas en base a ellos», aseguró Juan Marín.
Las fianzas
El
Gobierno andaluz culpa directamente a Susana Díaz de no poder recuperar
una parte del dinero defraudado a las arcas públicas. Porque al
retirarse la Junta de la acusación particular, desistió de reclamar el
dinero como principal perjudicada, por lo que la juez Alaya levantó las
fianzas impuestas a los principales acusados.
«Si estas fianzas siguieran vigentes, habríamos podido reclamarlas».
Se trata de una importante cantidad de dinero ya que la juez impuso a
Griñán una fianza de 4,2 millones de euros; 3,7 millones de euros a
Francisco Vallejo; 6,2 millones de euros a José Antonio Viera; y 870
millones de euros a Antonio Fernández, entre otros.
El
vicepresidente Marín quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los
prejubilados beneficiados por algunos de los ERE que están en solfa. «Los
que se acogieron a estos expedientes de regulación de empleo de buena
fe no tienen nada de qué preocuparse».
Es más, el Gobierno andaluz va a pagar 37 millones de euros hasta 2027 por los ERE que están pendientes,
«pero los doscientos intrusos sí que tienen que estar preocupados
porque vamos a perseguirlos hasta donde la Justicia permita para que
devuelvan todo lo que no les corresponde».
Marín aseguró que el Gobierno
andaluz está cruzando los datos disponibles en todos los departamentos,
sobre todo en Hacienda y Empleo, para poner en claro la cuantía exacta
de los fondos que han sido percibidos ilegalmente. «Habrá luz y
taquígrafos de todas las decisiones que se tomen».
El coste de los letrados
Otro
de los frentes abiertos que tiene el Gobierno andaluz es el pago a los
letrados de los exaltos cargos que ahora han sido condenados. Según se
recoge en varias sentencias judiciales, la Junta tiene que abonar el
coste de los abogados de todos los exaltos cargos que deben ser
defendidos por el Gabinete Jurídico de la Junta. Pero como la
administración se personó en la causa, tuvieron que buscarse asesoría
jurídica privada cuyo importe reclaman ahora.
Fuentes del Gobierno
andaluz han explicado a Abc que abonarán las minutas de los letrados,
si bien las reclamarán nada más que sea posible (es decir, cuando haya
sentencia firme si es condenatoria). De hecho, ya han abonado unos 90.000 euros a los letrados de la exconsejera Magdalena Álvarez
y han llegado a un acuerdo para hacer lo propio con el abogado de
Gaspar Zarrías. El exconsejero había pedido a la Junta 200.000 euros por
los honorarios de su abogado, si bien la administración los ha rebajado
hasta 18.000 euros.
Así se
procederá con todos los abogados de los exaltos cargos (no los que han
ocupado puestos directivos en la administración paralela que tienen
pólizas de seguros de estas empresas públicas con las que se abonan
estos gastos) comparando las minutas que presenten con las tarifas
oficiales de los respectivos colegios de abogados.
El consejero de
la Presidencia, Elías Bendodo, decía ayer que el coste de los ERE «es
muy superior a los 680 millones de euros que recoge la sentencia».
apelando también a las consecuencias de la misma en términos de
prestigio y nombre de Andalucía. Pero también habrá que sumar todas
estas cuantías que elevarán, y mucho, la factura final. Y eso sin contar
los casi doscientos procedimientos abiertos por otros tantos ERE
pendientes en los tribunales.
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