ALMERÍA.- Los parlamentarios andaluces del PSOE de Almería van a interpelar a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante el Pleno del Parlamento para que explique cuándo tiene previsto el Gobierno andaluz efectuar los trámites necesarios para poder expropiar los suelos en los que se asienta el hotel de El Algarrobico de cara a facilitar la demolición del inmueble.
En su pregunta, los diputados autonómicos del PSOE hacen referencia a la acción emprendida por el Gobierno después de que el Consejo de Ministros aprobara un acuerdo para la declaración de utilidad pública de los terrenos y bienes del hotel de Carboneras situados en dominio público marítimo terrestre.
En este sentido, los parlamentarios Encarnación Martínez, Pilar Navarro, José Luis Sánchez Teruel y Mateo Hernández tienen intención de conocer "cuándo va a proceder la Junta" a "hacer lo propio con los terrenos que son de su competencia" y que, en este caso, se corresponden con la parte del hotel que se asienta en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Cabe recordar que la Junta puede tomar posesión de las fincas sobre las que se construyó el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones en ejecución del derecho de retracto por unos 2,3 millones de euros de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuciamiento Civil; una vía que ejerció en 2006 y que no ha continuado pese a haber sido aconsejada por los mismos servicios jurídicos de la Junta.
El Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 11 de febrero un acuerdo para declarar la utilidad pública de determinados bienes y derechos correspondientes a los suelos donde se ubica el hotel de Azata al amparo de lo recogido en la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
A este paso seguirá, en su tramitación, la adopción del acuerdo de urgente ocupación e hitos administrativos hasta la expropiación y la demolición del hotel, que se construyó sobre terrenos declarados judicialmente no urbanizables dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Según el Ejecutivo, el edificio está fuera de dominio público, en terrenos "privados" parcialmente afectados por la servidumbre de protección, pero la otra parte "es competencia de la Junta de Andalucía al adentrarse más allá de este límite".
En el protocolo de protección de la playa firmado en 2011 entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se acordó que el Estado financiaría la demolición de la edificación y la comunidad autónoma, la gestión de los residuos y la restauración de los terrenos. Se estima que el coste ascienda hasta los siete millones de euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario