SEVILLA.- El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley para la reclasificación de personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) presentada por el grupo Por Andalucía.
La aceptación de esta iniciativa para su posterior tramitación y debate ha sido rechazada con los votos de la mayoría absoluta del Grupo Popular, mientras que ha cosechado los votos favorables de los grupos de izquierda (PSOE, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía), así como la abstención de Vox en Andalucía.
Coincidiendo con el debate de la misma, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, UGT Andalucía y la Plataforma Unidad por el C1 han convocado una concentración ante el Parlamento para exigir esa "reclasificación" del personal técnico del SAS que perseguía la iniciativa legislativa.
La proposición de ley reclamaba modificar la Disposición Adicional Vigésimo Tercera de la Ley de Función Pública de Andalucía para revisar la clasificación de ciertos profesionales e incluirlos en el Grupo B y Subgrupo C1 con efectos legal y económico desde el 1 de enero de 2025.
Ahí incluía para su calificación como Cuerpo Técnico Superior Sanitario a las especialidades Anatomía Patológica y Citodiagnóstico; Audiología Protésica; Dietética; Documentación y Administración Sanitarias; Higiene Bucodental; Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; Laboratorio Clínico y Biomédico; Ortoprótesis y Productos de Apoyo; Prótesis Dentales; y Radioterapia y Dosimetría.
En el caso del Grupo C y Subgrupo C1, planteaba incluir en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos a técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Tecae), el técnico en Emergencias Sanitarias y técnico en Farmacia.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía manifestó el año pasado su criterio desfavorable a la tramitación de esta proposición de ley esgrimiendo que "es necesario un desarrollo de ámbito nacional" para poder acometer la reclasificación del personal estatutario que plantea la iniciativa.
La Junta de Andalucía apuntó que, "según la normativa y jurisprudencia aportada, es necesaria una norma estatal, con rango legal, que regule la materia, así como la necesaria coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para evitar indeseables disfunciones, ya que se trata de categorías profesionales sanitarias con implantación en todo el territorio nacional reguladas en el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo".
También apeló el Gobierno andaluz en su respuesta a que, "aunque se trata de una proposición de ley que no tendría impacto en 2024, sí que debería contemplar el impacto económico que generará a partir de 2025 y que compromete ejercicios futuros".
En la defensa de esta iniciativa ha intervenido la portavoz del grupo proponente, Inma Nieto, quien ha señalado que el propósito de esta proposición de ley es impulsar "un reconocimiento laboral y económico", antes de reprochar en la antesala del Día de Andalucía el uso del autogobierno "utilizado exclusivamente para jugar al pimpampum contra el Gobierno", por cuanto ha reprochado el dictamen del Consejo de Gobierno por el hecho de concluir que "esto no se puede hacer" y su condición de "no tener ni pies ni cabeza", así como invocar una sentencia del Tribunal Supremo en ese sentido es "tomarle el pelo a la gente", hecho que ha calificado de "milonga como la catedral de Sevilla".
"Estamos hablando de los dineros", ha indicado Nieto, convencida de que "esto no es un no poder, es un no querer", con la recriminación al Gobierno andaluz de "estar sacando cientos de millones de euros para entregárselos a empresas", antes de indicar que "saben que se puede hacer, que hay competencias exclusivas" y atribuir la negativa de la Junta a que "para esto sacaron la calculadora".
En el turno de posicionamiento de los demás grupos parlamentarios, en nombre del Grupo Popular lo ha hecho Manuel Santiago Bonilla, quien ha defendido frente al argumento del PSOE que los profesionales objeto del debate parlamentario "no son votos, son personas, profesionales", y se ha preguntado por qué el PSOE no acometió este cambio cuando gobernó entre 2015 y 2018, mientras ha apelado a que "es necesario una modificación de la normativa básica".
"Si no se modifica la Disposición Transitoria del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) genera más problemas que soluciones", ha planteado, antes de avisar de "cierta demagogia política y de clase".
Por parte del PSOE-A, su diputado Enrique Gaviño ha comenzado su intervención trasladando todo el "apoyo" de su grupo a las Tecae y otros colectivos sanitarios a los que se dirige esta proposición de ley que, según ha valorado, "pretende mejorar la situación de gran parte" de dichos profesionales que "han sido olvidados recientemente", según ha advertido antes de criticar que el Gobierno del PP-A "no quiere mejorar nuestra sanidad pública", a la que "atacan frontalmente", según ha denunciado.
En esa línea, el representante socialista ha subrayado que "está técnicamente demostrado que se puede hacer" lo que plantea esta iniciativa, pero "lo que pasa" es que por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno "no quieren" llevarlo a cabo, según ha criticado para acabar acusando a los 'populares' de valerse de una "sarta de excusas para votar que 'no'" a esta proposición de ley en contra de la "dignidad laboral" de los sanitarios a los que pretende beneficiar.
La diputada de Vox en Andalucía Ana María Ruiz ha sostenido sobre el debate laboral de fondo que "la autonomía es la gran creadora de pobreza", y ha concluido aquí la descentralización política "ha hecho de esta tierra la comunidad autónoma más pobre", antes de advertir de que esta iniciativa que "trae la extrema izquierda enfrenta obstáculos legales", al esgrimir que "no existe una base jurídica clara" y reclamar en consecuencia que "la reclasificación requiere una legislación estatal que garantice igualdad de trato entre distintos profesionales sanitarios".
Ha señalado que cada comunidad autónoma va a su ritmo, y ha puesto como ejemplo de las diferencias salariales que un técnico de radiodiagnóstico de Andalucía cobra 1.800 euros frente a los 2.200 euros de Madrid.
Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha sostenido que esta proposición de ley "va básicamente de hacer justicia" con un colectivo como el de las Tecae cuya labor es "imprescindible" y su trabajo es "muy valioso", para variar la clasificación profesional en la que están encuadradas, y teniendo en cuenta que, "legalmente, las funciones que están realizando están recogidas en un reglamento preconstitucional que hasta ahora no se ha cambiado" y está "absolutamente obsoleto", según ha remarcado antes de subrayar en esa línea que estas trabajadoras realizan "tareas más complejas de las que la legislación les permite", y que "piden dignidad para su trabajo y los pacientes" a los que atienden.
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