SEVILLA.- El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular que apuesta por que el Gobierno de España "impulse medidas para solucionar de manera definitiva la situación de aquellos ayuntamientos en situación de especial dificultad económico-financiera, ya sea por riesgo de sostenibilidad de su deuda o por riesgo financiero".
Es una de las reivindicaciones incluidas en esta iniciativa compuesta de siete puntos que se han votado por separado, y que ha salido adelante en su totalidad con el apoyo de la mayoría absoluta del PP-A, si bien ha contado también con los votos a favor del PSOE-A en dos de sus reivindicaciones, y con los de Vox en otros dos.
De esta manera, en virtud de esta PNL, se apuesta también por que dichas medidas que se reclaman al Gobierno central "se apliquen a todas los entidades locales sin excepción, adaptándose las mismas a cada circunstancia según un plan individualizado de actuación, con el compromiso de revisar periódicamente la eficacia de las medidas adoptadas, introduciéndose los ajustes necesarios para garantizar su éxito".
Por otro lado, al dar luz verde a esta proposición no de ley, el Pleno del Parlamento ha acordado --con los votos del PP-A y el PSOE-A-- pedir que el Ejecutivo nacional, "de manera prioritaria y urgente", impulse y promueva la reforma del actual sistema de financiación local, simultáneamente a la de la financiación autonómica, "desde la multilateralidad negociadora, el respeto a la legalidad vigente", y asegurando la igualdad de todos los españoles "en el acceso y financiación de los servicios públicos".
De igual modo, con la iniciativa aprobada, el Parlamento andaluz expresa --con los votos del PP-A y Vox-- su "disconformidad con que el Gobierno de España beneficie a un territorio con una financiación privilegiada en detrimento injustificable de otros, ya que esto vulnera principios básicos consagrados en la Constitución y en el ordenamiento jurídico y su jurisprudencia consolidada".
Asimismo, el Parlamento plantea con esta iniciativa que, en el supuesto de que el Gobierno de España adopte "una medida singular que favorezca a un ayuntamiento de los considerados en riesgo financiero, o de sostenibilidad", ésta se haga "extensible al resto de estas entidades locales para evitar discriminaciones que no se ajustan al principio de igualdad" reconocido en la Constitución.
Asimismo, se considera necesario realizar un seguimiento de estas actuaciones en el seno de la Comisión Nacional de la Administración Local, fijando un marco de colaboración técnica entre el Gobierno de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las entidades locales afectadas, para "garantizar la sostenibilidad económica y la adecuada prestación de los servicios públicos".
Otra demanda aprobada con esta iniciativa es que el Gobierno de España adopte "cuantas medidas sean necesarias para que los municipios reciban, lo antes posible y actualizada, su participación en los tributos del Estado, imprescindible para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones locales".
Finalmente, el Parlamento ha acordado con los votos del PP-A valorar positivamente la labor llevada a cabo por el Gobierno andaluz "en el sentido de haber mejorado la normativa aplicable a los ayuntamientos con dificultades financieras en la ayuda que les viene prestando, y al aumento considerable tanto en la financiación incondicionada como la cuantía de la cooperación municipal", de forma que insta a la Junta a continuar "avanzando en ambos campos de trabajo".
En defensa de la iniciativa ha intervenido ante el Pleno la vicepresidenta primera del Parlamento y diputada del PP-A, Ana Mestre, quien ha aludido al "acuerdo político firmado" por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para "propiciar una moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén" el pasado mes de diciembre.
En dicho acuerdo, según ha relatado la representante del PP-A, se establece "la reestructuración de la deuda municipal, lo que permitirá la flexibilización de los compromisos de pago" que el consistorio mantiene con el Ejecutivo nacional, "así como la dación en pago de bienes municipales como compensación de la deuda existente, la rebaja sustancial de los intereses por la deuda" con el Estado, y una carencia "en el pago de la misma".
Ante ello, según ha defendido el PP-A, es esencial que la "renovación del modelo de financiación para las comunidades autónomas se extienda asimismo a las entidades locales, de forma que se adopten medidas, de manera urgente y con carácter extraordinario, para los ayuntamientos en riesgo de sostenibilidad o financiero, para evitar que se generen situaciones en las que se llegue a que no puedan ofrecer los servicios esenciales".
Para el PP-A, el actual Gobierno central "plantea acabar con el régimen común de financiación, consagrado en nuestras leyes orgánicas y en la Constitución como modelo para garantizar la prestación de servicios en condiciones suficientes de igualdad, calidad y solidaridad entre los territorios, optando por negociaciones bilaterales que conducirían una sanidad y una educación asimétrica y otras diferencias en la calidad de los servicios básicos del Estado del bienestar en función del territorio".
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