MADRID.- Teresa Ribera (Madrid, 50 años) ha ganado peso en el Gobierno y ha
pasado de ministra a vicepresidenta para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, un megadepartamento en el que se engloban las
competencias clásicas medioambientales unidas a las energéticas y ahora
también las referidas a despoblación. Sitúa la legislatura que arranca
como clave en la lucha contra el cambio climático, cuyos impactos se
aceleran “a velocidad de vértigo”. Y arremete contra la reforma que hizo
el PP de la Ley de Costas en 2013, en una entrevista que hoy publica El País.
Pregunta. ¿Qué cambia con su ascenso a una vicepresidencia?
Respuesta. Por un lado, se refuerza el área de
biodiversidad. Por otro, el reto demográfico se incorpora sabiendo que
durante décadas no ha habido una mirada estratégica. Pero como
vicepresidenta me corresponde coordinar y dialogar más intensamente con
el resto de departamentos sobre la transición ecológica. Esta
legislatura va a coincidir con el momento crítico para sentar las bases
de la transición y para saber si ganamos o no la batalla del cambio
climático. Estos cuatro o seis años serán determinantes.
P. ¿Asumirá España un papel más ambicioso en la Unión Europea y pedirá, por ejemplo, objetivos climáticos más duros para 2030?
R. Eso lo veníamos haciendo ya. La situación de
emergencia y los costes asociados de la inacción son inmensos
especialmente para la Europa del sur. Somos zona de frontera, un país
con altísimo riesgo de desertización
y de fenómenos meteorológicos extremos que generan impactos en las
infraestructuras y el PIB. España debe estar muy interesada en que
Europa encuentre colectivamente la manera de ser más resiliente y esté
absolutamente descarbonizada a mediados de siglo, sin olvidar la
equidad. Porque es clave también para arrastrar a otros países y para
liberar recursos que ahora se desperdician en costes indirectos
asociados a la contaminación o a la importación de combustibles fósiles.
Hemos querido en la declaración de emergencia climática significar esa
vocación de acción transversal. Todo eso debe terminar en un pacto
político y social con la ley de cambio climático.
P. ¿Por qué estamos en una emergencia climática?
R. Porque los impactos se aceleran a velocidad de
vértigo y lo van a seguir haciendo si no reaccionamos. Vamos tarde y no
con la intensidad que se requiere. Hay dos cosas que me tienen
obsesionada. La primera son los grandes incendios. Recuerdo los de
Portugal y la sensación de que era lo que estaba descrito en la
literatura científica sobre los efectos del cambio climático en la
Península. Esos incendios incontrolables y horrorosos los vimos en
Portugal y California y nos hemos tirado un mes y medio no dando crédito
a las imágenes del infierno en Australia. La otra gran cuestión que nos
ha estallado es el agua, la dulce y la salada. Respecto a la dulce,
sabemos que vamos a un modelo en el que ya no vale tener como referencia
para la planificación de usos los escenarios medios. Tenemos que estar
preparados para escenarios extremos: en un mismo sitio y de manera
consecutiva hay demasiada agua y nada de agua. Pero también han sido
espectaculares, y ya estaba descrito en los primeros estudios en 2007,
los impactos en el litoral. Los asentamientos urbanos de la costa están
viviendo una crisis muy complicada. Pero percibo un cambio
importantísimo en la sensibilidad de la población. Yo gestioné hace 10
años la dirección general de costas y todo el mundo pedía, sin ningún
cuestionamiento, su paseo marítimo. Ahora, cuando vemos las olas pasando
por encima de los edificios de la primera línea, te preguntas: ¿Tiene
sentido volver a gastar los mismos millones en lo mismo? En algunos
puntos del litoral mediterráneo llevamos tres restauraciones en un año.
¿Seguir haciendo restauraciones es la manera más inteligente de abordar
el problema? Probablemente, no. Hay que empezar a trabajar en un enfoque
de medio y largo plazo y eso requiere de mucho consenso. Nos estamos
planteando una reflexión más estratégica y de conjunto sobre algunos
términos municipales, sobre qué se debe hacer con la primera línea, si
hay que construir diques o replantear la ordenación…
P. ¿Pero es lógico levantar diques para proteger construcciones que están en dominio público, claramente expuestas?
R. Una muy buena parte de las afecciones se ha
producido en infraestructuras construidas en dominio público y a veces
en la playa misma...
P. O en áreas indultadas en 2013 por la reforma de la Ley de Costas.
R. Esa es la segunda parte. Ha habido una dejadez en
la aplicación de la Ley de Costas de 1987 durante años. No se tomó en
serio una ley que creo que era excelente. Y en 2013 se hizo como que la
ley no existía. Creo que la modificación de la Ley de Costas en 2013 fue
una gran irresponsabilidad. ¿Quién va a responder por los daños ahora?
Se ha generado una falsa expectativa y ante un problema se ha mirado
para otro lado. Las instituciones deben ser responsables. Ahora hay una
mayor sensibilidad social y eso es fundamental. Nos encontramos con
muchos municipios que entienden y aceptan que en lugar de recuperar el
paseo marítimo destrozadísimo hay que aprovechar para liberar ese
espacio.
P. La generación de electricidad con carbón
desaparece en un tiempo récord. ¿Podrá España fijarse objetivos más
duros de recorte de emisiones en la ley de cambio climático gracias a
esa salida del carbón?
R. De hecho, la salida del carbón es lo que explica
que en la actualización del plan de energía y clima que se acaba de
hacer se suba dos puntos el objetivo de reducción de emisiones para 2030
[pasa al 23%]. El carbón ha dejado de ser económicamente rentable para
los generadores y su cierre es mucho más acelerado de lo que ellos
pensaban y muy por encima de nuestras previsiones. Eso nos da una cierta
holgura, pero genera otras tensiones. No hubo anticipación suficiente
sobre lo que ocurriría con los ciudadanos cuya comarca depende de esa
gran infraestructura que cesa su actividad de repente. Es muy difícil
generar una dinámica industrial que te permita sustituir esa actividad
en tan poco tiempo. Este es el mayor desafío: facilitar alternativas
para que quien quiera se pueda quedar con dignidad y seguridad económica
en el pueblo en el que su familia ha vivido durante generaciones.
P. ¿Cuáles son sus prioridades energéticas esta legislatura?
R. Lo que hemos hecho en año y medio es enorme.
Cuando llegamos estaba todo patas arriba. Se ha hecho una reorientación
que nos permite iniciar el ciclo con unas bases razonables. Tenemos un
plan para reordenar el sector que hará que no tenga nada que ver con lo
que es hoy. Entre otras cosas, queremos integrar las renovables
beneficiándonos de sus costes operativos más bajos a través de un
sistema de subasta similar al que hacen los países vecinos, que ofrecen
una rentabilidad estable, y no subastas de energía como las que se han
hecho aquí. En determinados momentos puede ser por tecnología y otras
por territorio, y de distinto tamaño.
P. El veto a los coches nuevos de combustión está previsto para 2040, pero ¿puede adelantarse?
R. 2040 es lo que establece la Comisión Europea. Y hay algunos países que lo quieren adelantar…
P. Y algunas comunidades en España, como Baleares.
R. Es bueno manejar como referencia la propuesta de
la Comisión. Si se producen cambios ya veremos. En todo caso, debemos
prestar mucha atención a los asuntos relacionados con la salud, el medio
ambiente y el sector industrial. En Baleares y Canarias hay que
recordar que hay una propuesta de la UE de creación de islas 100%
renovables, es decir, que se anticipen en las islas ricas de Europa
estrategias que permitan reducir enormemente el uso de combustibles
fósiles.
P. ¿Se puede descartar ya que el almacén para residuos nucleares (ATC) se vaya a construir en Villar de Cañas?
R. La realidad mostró que la gestión del proyecto de
Villar de Cañas no había sido particularmente acertada. No veo fácil
que sea recuperable en ninguna circunstancia. Además, hay una oposición
muy fuerte en todos los niveles. Tendrían que resolverse los problemas
técnicos, que requerirían una inversión adicional muy importante. Pero
tenemos la responsabilidad de abordar una solución para los residuos
nucleares y abrir el debate con prudencia y seriedad. Hay que decidir si
hay que instalar uno, dos o tres emplazamientos y si hay que hacerlo
por regiones.
P. ¿Cumplirá España el objetivo europeo de renovables este 2020, es decir, que el 20% de la energía sea limpia?
R. Estamos un poco apurados. Lo veo complicado. Ha
sido muy interesante la explosión de autoconsumo y las subastas que se
han producido en 2016 y 2017. Debo decir aquí que queremos velar por la
educación y los derechos de los consumidores y los compradores, por
ejemplo, de paneles solares. Debemos ser cuidadosos con los mensajes,
porque en un proceso de cambio así si alguien se siente defraudado
genera desconfianza.
P. ¿Cuándo van a hacer la próxima subasta de renovables?
R. Cuanto antes. Esto es una gran rémora. Era una de
las prioridades que habíamos marcado con José Domínguez [anterior
secretario de Estado de Energía]. Estar en funciones no lo permitió,
pero nos hubiera gustado haber hecho la primera antes de acabar 2019. No
obstante, se necesita modificar el esquema que hoy está en una norma
con rango de ley y generar un desarrollo técnico. Vamos a ver hasta qué
punto podemos acortar plazos.
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