SEVILLA.- La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha alertado de que el
Servicio de Atención a las Personas que Ofrecen Acogimiento y Adopción y
el Servicio de Acompañamiento al Acogimiento Familiar y la Adopción
dejarán de prestarse a partir del 30 de junio "por decisión del Gobierno
andaluz".
De esta manera, han señalado que este servicio
público, financiado con fondos europeos, está gestionado de forma
externalizada por entidades como Inserta, Cruz Roja, Aproni, Aldaima,
Apraf-A e Infania, algunas de las cuales ya han iniciado expedientes de
regulación de empleo.
Así, el sindicato ha advertido de que la
finalización de esos contratos supondrá el despido de 112 profesionales y
"un deterioro de la atención a las familias y a los menores", tal y
como ha señalado en una nota de prensa.
La Junta de Andalucía
puso en marcha en agosto de 2023 el Servicio de Atención a las Personas
que Ofrecen Acogimiento y Adopción y el Servicio de Acompañamiento al
Acogimiento Familiar y la Adopción.
Ambos recursos, financiados con
fondos europeos, "han contribuido de manera significativa a mejorar la
atención a las familias y a reducir considerablemente las listas de
espera en los procesos de acogimiento y adopción".
Por ello,
la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía ha alertado de "la
inestabilidad laboral" que genera la externalización de servicios
públicos esenciales y ha avisado de las "graves consecuencias" que
tendrá su supresión para la calidad de la atención prestada a las
familias y a los menores.
Según la información trasladada por
la Administración, los expedientes y funciones de estos servicios serán
asumidos por el Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar y la Adopción
(SAAF), también gestionado de forma externalizada.
Sin embargo, esta
absorción de tareas no irá acompañada de un incremento de plantilla, "lo
que provocará una sobrecarga de trabajo difícilmente asumible".
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de
Andalucía, Marina Vega, ha explicado que, además, el personal del SAAF
tendrá que asumir funciones que anteriormente realizaba directamente la
Administración pública, como las valoraciones de idoneidad.
"Esto va a
provocar un deterioro significativo del servicio, una reducción de la
calidad de la atención a las familias, un incremento de las listas de
espera y una afectación directa al interés superior de los menores que
se encuentran en procesos de acogimiento y adopción", ha afirmado.
La dirigente ha señalado que se trata de servicios de interés general
y social "que deberían prestarse desde una gestión pública directa,
estable y suficientemente dotada de personal".
"Desde CCOO
exigimos la continuidad de ambos servicios y la garantía de estabilidad
laboral para las plantillas afectadas", ha reclamado.
Asimismo, Vega ha exigido que "en caso de mantenerse la reorganización
prevista, se integren los profesionales afectados en el SAAF o en la
estructura pública correspondiente, de modo que se garantice tanto la
continuidad de la atención como el mantenimiento del empleo y la calidad
del servicio".
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